La Cámara de Diputados aprobó, por consenso de 460 votos, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 2 y 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Dentro de las modificaciones plateadas se incluye a los órganos constitucionales autónomos y las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas, para que apliquen y den seguimiento a la ley antes mencionada.
En el documento remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, también se establece que en el derecho a la certeza jurídica y al recibir asesoría de forma gratuita se incorpore la herramienta de la suplencia de la queja deficiente como un elemento de protección del patrimonio familiar y personal.
Deben recibir un trato digno
Al fundamentar el dictamen, la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (MC) señaló que, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población para el 2050, 32.4 millones de mexicanas y mexicanos serán personas adultas mayores, y a pesar de los avances en la legislación y las políticas públicas focalizadas a este sector de la población más de la mitad se enfrenta a condiciones de pobreza y pobreza extrema.
Dijo que esta reforma busca fortalecer los mecanismos que garanticen los derechos relativos a su integridad, dignidad, referencia y certeza jurídica. “Las personas adultas mayores deben recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento administrativo o judicial que los involucre, así como el apoyo de las instituciones federales, estatales, municipales y órganos autónomos en el ejercicio y respeto de sus derechos”.
Indicó que se pretende que en el derecho a la certeza jurídica y al recibir asesoría de forma gratuita se incorpore la herramienta de la suplencia de la queja deficiente como un factor de carácter proteccionista.
Derecho a una vida de calidad
Al fijar su postura, la diputada Claudia Tello Espinosa (Morena) resaltó que el objetivo es incluir a los órganos constitucionales autónomos en la aplicación y seguimiento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Establecer que las instituciones del sistema financiero, así como quienes ejercen la función notarial y registral en las entidades federativas, apliquen y den seguimiento a la Ley y garanticen a este sector poblacional el derecho a la certeza jurídica en la protección del patrimonio personal y familiar.
Manifestó que las personas adultas mayores tienen derecho a una vida con calidad, libre de violencia y sin discriminación, a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial, así como a la protección de su patrimonio.
