Avalan reforma que faculta al Congreso a expedir ley sobre extorsión y otros delitos cometidos a través de las tecnologías de la información

Política
  • También para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entregue su informe anual a la Cámara de Diputados

En reunión ordinaria, la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), aprobó dos dictámenes para reformar la Constitución Política relativos a legislar en materia de delitos de extorsión y sobre el combate a la corrupción.

Un dictamen, aprobado en lo general por mayoría de votos, reforma el inciso a) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Carta Magna para establecer que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de expedir una ley general en materia de extorsión y otros delitos vinculados, delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

El documento establece en sus transitorios que el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes en las materias que comprende este Decreto en un término de 180 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor.

Asimismo, que las legislaciones en materia de extorsión continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el presente decreto. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en ellas, deberán continuar hasta su respectiva conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de cometerse el ilícito.

Del mismo modo, que las normas de este decreto se interpretarán conforme a derecho y tomando en consideración lo dispuesto en los dictámenes, minutas, diarios de debates e instrumentos parlamentarios oficiales correspondientes a su proceso de reforma.

Con 8 votos a favor, 7 en contra y cuatro abstenciones, se aprobó la reserva presentada por el diputado Santiago Torreblanca Engell (PAN) en torno a la redacción del dictamen que decía “extorsión y diversos que afecten el mismo bien jurídico”, por lo que propuso modificarla por “y otros delitos vinculados”.

El diputado Robledo Ruiz precisó que se da una facultad genérica al Congreso de la Unión que legisle en la materia para todo el país y “somos nosotros los que vamos a dictar esa ley y da tiempo para que salga en esta Legislatura”.

Explicó que la reforma busca que se legisle “en materia nacional”, que sea una ley para todos los estados de la República y que esta nueva ley general en materia de extorsión y delitos vinculados se sobreponga a los códigos penales de los estados.

La promovente de la reforma, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), explicó que con esta reforma constitucional se crean las normas generales que deriven en la eficacia en el caso del combate a la ilicitud. Subrayó que actualmente se han identificado poco más de 40 modalidades de extorsión, así como variantes en las tipificaciones estatales que definen la extorsión como elementos particulares diferentes.

Con respecto a los delitos cometidos a través de uso de las tecnologías de la información y comunicación, indicó que se trata de dar un paso fundamental para la regulación de los ciberdelitos, mismos que tuvieron un aumento de 400 por ciento durante la pandemia.

La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) resaltó que es necesario incorporar el delito de extorsión en la Constitución Política, porque se ha disparado y “nos afecta a todos”. Se manifestó en contra de la reserva porque establecer “otros delitos vinculados”, puede confundir.

En tanto, la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) señaló que el dictamen incluye el nombre del diputado Salvador Caro Cabrera quien propuso la creación de una Ley de Ciberseguridad, pero no se contempla su iniciativa y su espíritu, “en cambio el dictamen que hoy está a discusión es totalmente punitivista”; por ello, se pronunció en contra del dictamen.

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) dijo estar a favor de la reserva y consideró que se tiene que ser más precisos y concretos al hablar de acciones que realizan las personas y que lastiman tanto a la sociedad.

De Morena, el diputado Hamlet García Almaguer subrayó que la concesión de una facultad expresa no puede ser vaga, tiene que ser detallada. Los conceptos “diversos” y “vinculadas” son indeterminados, ninguno de los dos vocablos es aceptable.

Comité Coordinador del SNA debe entregar su informe a la Cámara de Diputados

El otro dictamen, avalado por unanimidad, reforma los párrafos primero y segundo del inciso e) fracción III del Artículo 113 de la Constitución Política, para que el informe anual que elabore el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, deberá ser entregado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en enero del año siguiente al periodo que se informa.

La diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena), promovente de la reforma, resaltó que la propuesta tiene como finalidad fortalecer la rendición de cuentas por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que sus actividades sean sujetas al escrutinio público, para que pueda verificarse si sus objetivos están siendo cumplidos

Ello, agregó, porque el citado artículo no establece a qué autoridad le será entregado dicho informe o a qué autoridad deba rendir cuentas, con independencia de la obligación de poder publicitarlo.

El dictamen fue avalado con una reserva presentada por la diputada Noemi Berenice Luna Ayala y el diputado Miguel Humberto Rodarte De Lara, ambos del PAN.

Al respecto, Rodarte De Lara coincidió en que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entregue su informe a la Cámara Diputados quien tiene, entre sus funciones, analizar los temas de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas de ciertos programas.

Por su parte, el diputado Robledo Ruiz informó que los dos dictámenes aprobados serán turnados a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para los efectos constitucionales y legales.