Avalan comisiones sanciones administrativas por actos de discriminación

Metrópoli

A fin de modificar diversas disposiciones de la Ciudad de México en materia de sanción administrativa a los actos de discriminación por parte de servidores públicos, las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Administración Pública Local, aprobaron el proyecto en sentido positivo a la iniciativa presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos (MORENA).

En sesión realizada por vía remota, el legislador promovente destacó la importancia de aprobar la referida iniciativa, ya que la discriminación es un fenómeno estructural y generalizado que afecta a una gran variedad de grupos y perpetúa las distintas brechas de desigualdad que existen en nuestra sociedad.

Por ello, añadió el congresista Temístocles Villanueva, con la aprobación del dictamen se adelanta en una de las causas centrales de la agenda política y legislativa de la ciudad y “avanzamos de una manera decidida hacia la sanción por la vía administrativa de la discriminación”.

En su turno, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), consideró que al ser un dictamen amplio y que modifica diferentes espacios normativos, no solamente de una sola ley sino de varias, debió haberse discutido más, “simplemente desde el principio que se incluyó la iniciativa”.

Para el diputado Gerardo Villanueva Albarrán (MORENA), presidente de la Comisión de Administración Pública Local, esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer la tutela del principio de no discriminación, particularmente si se es violentado por alguna persona servidora pública.

La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (MORENA), manifestó que el paquete de iniciativas aprobadas en el dictamen generará los recursos contra las expresiones y discursos de odio que emiten algunas personas servidoras públicas, en detrimento de grupos históricamente discriminados.

En su mensaje final, el diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, reconoció la voluntad política de los participantes para ratificar el proyecto, “lo cual abona en la confianza de la ciudadanía en esta soberanía legislativa”, apuntó.