Avala PRD modificaciones a Ley de Aguas Nacionales donde se incrementan sanciones a quienes contaminen el recurso

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Tras recalcar que “este es solo un precedente de futuras discusiones y decisiones rumbo a la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales”, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) avaló este martes, modificaciones para incrementar –hasta en 30 por ciento- las sanciones a quien descargue, deposite, o infiltre en de cuerpos de agua nacionales; químicos, fluidos residuales o desechos contaminantes fuera de los parámetros establecidos en la Norma Oficial Mexicana.
También, las penalidades se actualizan a “Unidades de Medida y Actualización” (UMA, fijadas actualmente en 84.49 pesos diarios), ya que los montos se encontraban todavía establecidos en “salarios mínimos” y éstos ya no se aplican desde 2015 cuando fue aprobada la desvinculación de éstos respecto de obligaciones y multas.
Ortega Martínez señaló que con este aval, el PRD reafirma su compromiso para defender la correcta utilización del agua, pero advirtió que se deberán revisar también temas como: el vertido de desechos industriales y municipales sin el debido tratamiento, así como el uso de pesticidas y fertilizantes, además de la contaminación por metales pesados producto de la actividad minera, igual que la contaminación derivada de la producción de energía eléctrica como en procesos termo eléctricos, y el tirar desechos sólidos a los cuerpos de agua.
El legislador sostuvo que México es prácticamente nuevo en estos ámbitos, pues apenas en 2013 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Ambiental, donde comenzaron diversos esfuerzos por disminuir la contaminación a través de distintos tipos de sanciones, entre ellas las económicas; y señaló que ante la situación de crisis en nuestros recursos naturales, es de suma importancia emprender acciones concretas para su adecuada preservación, como ocurre con estas modificaciones de ley aprobadas en la Comisión de Recursos Hidráulicos.
“Existe en México -afirmó ante el Pleno- un principio en materia de daño ambiental: ‘El que contamina, paga’ y representa la obligación de responder por un mal causado al entorno, aunque no haya habido intención de ocasionarlo… Sabemos que el agua es un bien público, común, social y cultural; es –desde 2012- un derecho humano”, recalcó.
“En el PRD reconocemos la vocación que guarda el dictamen presentado ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, que plantea modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales en cuanto a prever que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores, deberán adoptar en sus procesos, la utilización de materiales biodegradables”, informó finalmente.