Autonomía e institucionalidad del Banco de México: Un valor para todos los mexicanos

La importancia de la autonomía para el impulso del bienestar:

Existe sólida evidencia internacional de que los bancos centrales autónomos del poder ejecutivo cumplen mejor con la meta de la estabilidad de precios, es decir, controlar el pernicioso fenómeno de la inflación. Ello ocurre porque la autonomía es un importante contrapeso que evita que el gobierno financie su déficit público a través del impuesto inflacionario, es decir, la emisión de dinero a discreción. La autonomía del Banco de México ha sido uno de los arreglos institucionales puntales para nuestra economía pues, gracias a ello es que la tasa de inflación se ha mantenido, en promedio, en un dígito anual durante los últimos veinte años. A su vez esto ha repercutido directamente en el bienestar para la sociedad.

En este contexto, el Banco de México es independiente desde el 1 de abril de 1994, lo que implica que la política monetaria es autónoma de los ciclos políticos para centrarse en el mandato principal conferido por el artículo 28 Constitucional de combatir la inflación. Asimismo, la Constitución prohíbe explícitamente que el Banco de México pueda financiar de manera directa al gobierno. Es conveniente recordar que la independencia de nuestro Banco Central tiene cuatro elementos: (i) fijación de su objetivo de inflación; (ii) autonomía instrumental y operativa para la política monetaria; (iii) autogestión administrativa, y (iv) autonomía presupuestal.

Además de la autonomía, el éxito del Banco de México en el combate a la inflación se debe a una sólida gestión técnica basada en tres factores principales:

  1. Un marco operativo eficaz para la política monetaria denominado “inflación por objetivos” (inflation targeting), que contiene varios elementos cruciales:
  2. Establece un compromiso del Banco de lograr una tasa objetivo central de inflación que es del 3% anual.
  3. Funciona con una estrategia transparente basada en proveer información amplia, comunicación ágil, oportuna y completa al público. Dicha transparencia coadyuva a anclar las expectativas de inflación alrededor de la tasa objetivo.

iii.           La señalización de la política monetaria se lleva a cabo mediante modificaciones de una tasa de interés de referencia.

  1. Existe un amplio proceso de rendición de cuentas ante la sociedad.
  2. El régimen cambiario flexible, que permite reflejar condiciones de equilibrio entre la oferta y demanda de divisas y corregir los desequilibrios en la balanza de pagos.
  3. Un liderazgo que ha ejercido la autonomía del Banco de México con seriedad y prudencia, gestionando sus operaciones con base en decisiones técnicamente fundamentadas y objetivas. Ello le ha permitido entregar resultados claros a los mexicanos y consolidar una sólida credibilidad institucional a nivel nacional e internacional.

La autonomía del Banco de México también ha jugado un papel muy relevante en la forma en cómo se viven hoy las recesiones, con respecto a las de los años ochenta y noventa. En este sentido, la contracción económica que experimentó México el año pasado fue la peor desde 1932. El PIB se contrajo 8.5% en 2020. Sin embargo, el tipo de cambio se depreció menos de 6%, la inflación terminó el año en 3.15%, la banca terminó con un índice de capitalización promedio de más del doble de lo que requiere Basilea III (8%) y la cartera vencida no llegó al 5%. En los ochenta y noventa, las depreciaciones cambiarias -o devaluaciones como debíamos referirnos en ese momento-, fueron de más de 100%, la inflación anual rebasaba el 50% y en 1995 más del 90% de los bancos quebraron.

En el IMEF, consideramos que este resultado se debe principalmente a la autonomía del Banco de México que, en conjunción con la adopción de un régimen de tipo de cambio flexible, la aprobación y cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la buena regulación y supervisión bancaria, han hecho que México haya podido vivir la peor contracción económica desde 1932, pero no la peor crisis.

Desde el IMEF, consideramos que la autonomía del Banco de México constituye un patrimonio para la estabilidad económica de nuestro país y por tal razón debe prevalecer. El manejo monetario debe estar blindado de los vaivenes de los tiempos electorales e intereses políticos. Cualquier iniciativa que afecte a la operación del Banco Central, ya sea interviniendo en sus procedimientos o reduciendo la objetividad y fundamentación técnica de las decisiones de su liderazgo, conlleva el riesgo de perder dicha credibilidad y la efectividad de sus resultados, lo cual tendría un impacto negativo profundo sobre el entorno para promover la inversión y sobre la estabilidad macroeconómica de México.

Ello terminaría afectando negativamente el bienestar de los mexicanos, por lo que su impacto sería contraproducente. No puede haber política pública de impacto social positivo y duradero en un entorno de inflación elevada e inestabilidad económica. La preservación de la estabilidad de precios y la confianza institucional que genera su autonomía y la objetividad de sus decisiones para el entorno económico general, son las mejores contribuciones que el Banco de México ha hecho y puede hacer pare el desarrollo de una economía incluyente y más justa.

Sobre los remanentes de operación:

Recientemente, el gobierno federal ha mostrado su inconformidad de que en 2020 el Banco de México no generó un remanente de operación para ser transferido al gobierno y manifestó que ello constituyó una decisión discrecional. Debe reiterarse que el resultado se dio con un estricto apego a la Ley del Banco de México, y la Junta de Gobierno del Banco Central no tiene ningún margen para tomar una decisión discrecional al respecto.

Es conveniente recordar que el Banco de México registra utilidades principalmente por el mayor valor de su reserva internacional atribuible a en su caso a una depreciación del peso frente al dólar. Es decir, con la depreciación, el valor de ese acervo de dólares expresado en pesos es mayor. Una vez calculada la utilidad, la Ley del Banco de México señala puntualmente el destino que se le deben dar a dichas utilidades.

En primer lugar, el artículo 68 de dicha Ley indica que se deben amortizar pérdidas acumuladas de años anteriores. En segundo lugar, el artículo 53 establece que se debe preservar el valor real del capital del Banco más sus reservas e incrementar dicho valor conforme aumente el Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales. En tercer lugar, de acuerdo con el artículo 53, se deberán constituir otras reservas, como por ejemplo la reserva de revaluación de activos. Si después de estas asignaciones quedara un remanente, éste deberá ser transferido íntegramente al gobierno (Artículo 55 de la Ley).

El Banco informó que en 2020 generó un resultado en el ejercicio de 165 mil millones de pesos, que de acuerdo con la distribución dictada por la Ley arrojó lo siguiente, expresado en miles de millones de pesos:

Total del ejercicio 2020:                165.0

Amortización de pérdidas anteriores:   121.8

Reservas de capital:       43.2

Reserva de valuación de activos:             0.0

Remanente de operación:          0.0

Debe entonces reiterarse que esta distribución no es un acto discrecional de la Junta de Gobierno, sino que es resultado del cumplimiento a cabalidad de la Ley.

Desde la perspectiva del IMEF, el Impulso a una política fiscal que incida de manera creciente en el bienestar de los mexicanos, debe basarse en la generación de ingresos públicos por la vía del crecimiento económico y el impulso de la productividad de nuestra economía.

El permitir la vinculación de los requerimientos de financiamiento del sector público a la operación técnica del Banco de México para forzar la generación de remanentes de operación, sería un retroceso, que terminaría en los hechos con la autonomía del Banco Central y enviaría una clara señal a los mercados y a los inversionistas nacionales e internacionales de que la operación del Banco de México está sujeta a determinaciones políticas.

Ello tendría un impacto negativo sobre las expectativas de inversión y sobre la estabilidad macroeconómicas del país. Dicho impacto va más allá de consideraciones técnicas, ya que afectaría las posibilidades de generar un crecimiento económico más inclusivo y de promover condiciones para un mayor bienestar de los mexicanos.

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