En la última ronda de la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, en el marco del Análisis del Primer Informe de Gobierno, diputados de los diversos grupos parlamentarios centraron sus cuestionamientos en torno al operativo Culiacán, el fortalecimiento de policías municipales, combate al crimen organizado y el aumento de feminicidios y homicidios, pues cada 15 minutos se comete un asesinato en el país.
El funcionario indicó que el crimen organizado no se va a combatir con la estrategia histórica de pretender derrotarlo en el ámbito operativo, porque es una estrategia destinada al fracaso. Se va a combatir como una entidad económica y afectarlo en su capacidad financiera que es lo que le permite operar y corromper. “Vamos a utilizar cada vez más de manera intensa la inteligencia financiera”.
Una de las ventajas estratégicas que tiene el crimen organizado en el país, reconoció, es su capacidad para adquirir armamento de calibre superior al que usan las Fuerzas Armadas.
“Se señalaba que en algún momento se detuvo un armamento de 200 armas largas y se estimaba que la capacidad del crimen para reponerlas era de dos semanas. Esa es la dimensión del problema, y no es que venga yo a eludir responsabilidades, pero es inevitable decir que eso no surgió de la noche a la mañana, aun cuando de la noche a la mañana nosotros tengamos que asumir la responsabilidad de corregir y resolver ese problema”.
Sobre el operativo de Culiacán, Sinaloa, Durazo Montaño dijo que “una cosa es la acción deliberada de mentir y de ocultar información, y otra muy distinta es compartir información que en ese momento se considera veraz y que al paso del tiempo y al avance de la investigación se considera equivocada”.
“Fue precipitado y mal planeado y así lo hemos reconocido sin ninguna restricción. No se había tratado, dijimos que no se trataba de un operativo, pero en el momento que conocemos la información que ratifica que efectivamente se trata de un operativo, la corregimos”.
Precisó que el error de este procedimiento es que estaban en un operativo y este gobierno en su estrategia de seguridad no contempla los operativos, hay una inercia en algunas instancias.
“Estamos en un proceso de transición de una estrategia de seguridad a otra y en ese proceso se pueden cometer errores, como los que hemos reconocido en Culiacán. Hay una investigación en curso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otra por parte de la Fiscalía General de la República, la que corresponde al Ejecutivo la iremos compartiendo en la medida que vaya generando nueva información, y habrán de concluir si eventualmente alguno de los involucrados tiene alguna responsabilidad”.
La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) indicó dijo que se han dado siete versiones diferentes del operativo en Culiacán, Sinaloa, por lo que preguntó, cuándo se conocerán los detalles sobre la responsabilidad que tendrían los involucrados y cuáles son las medidas de la dependencia para evitar los tropiezos tácticos, las malas planeaciones, las acciones precipitadas de dichos operativos. Pidió que intervengan el Ejército y la Marina en estas tareas “que han demostrado tener capacidad de actuar”.
Del PVEM, el diputado Jesús Carlos Vidal Peniche expresó que el robo de vehículos es un delito de alta incidencia que afecta sensiblemente el patrimonio de los mexicanos, por lo que se deben tomar acciones contundentes para reducirlo. Además, señaló que en el nuevo modelo policial se prevé que policías federales, estatales y municipales puedan recibir denuncias por lo que cuestionó cómo se equipará a los elementos para procesarlas.
El diputado Edgar Guzmán Valdez (Encuentro Social) externó sus inquietudes sobre los criterios utilizados para determinar las regiones en que debía estar presente la Guardia Nacional, y en cuáles no, y si se contempló instalar el esquema de escudos para evitar que la delincuencia organizada migrara a otros estados o municipios.
También de Encuentro Social, el diputado Héctor René Cruz Aparicio se pronunció fortalecer las corporaciones municipales para lograr la pacificación del país, con un trabajo coordinado de todas las policías, como señala el artículo 21 constitucional. Propuso dotarles de mayores recursos y expresó su disposición a brindar herramientas jurídicas para que realicen su labor con eficacia. Solicitó mayor apoyo de la Coordinación Nacional de Protección Civil para controlar los incendios en Baja California.
De MC, el diputado Alan Jesús Falomir Saenz mencionó que en los primeros 10 meses de este gobierno ha habido 29 mil 629 víctimas, de las cuales 28 mil 782 son homicidios dolosos y 847 feminicidios; el problema se agudiza con 70 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional que no dan resultados o que están en las fronteras para que no pasen indocumentados a Estados Unidos. “Los tanques llenos de abrazos y bellas vivencias de su infancia para doblegar a los criminales”, no pueden ser la estrategia pública, pues cada 15 minutos se comete un asesinato en el país.
Emilio Manzanilla Téllez, diputado del PT, resaltó que México se encuentra sangrando y la violencia está desbordada; mientras no se saque de la pobreza a mexicanas y mexicanos, “los estaremos condenando a que sean carne de cañón para la delincuencia organizada”. Preguntó sobre cómo se va a combatir el flujo de armas y cuántas han sido decomisadas del fallido operativo Rápido y Furioso.
Su compañera de bancada, diputada Margarita García García externó su apoyo al Presidente de la República y al secretario, para que sigan aplicando las políticas públicas en materia de seguridad, que es lo que al pueblo le interesa.
Por el PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán solicitó conocer las acciones, resultados y propuestas para prevenir fugas en los Centros de Reclusión e impedir que se sigan cometiendo delitos desde su interior. Además, subrayó que uno de los sectores más afectados por la inseguridad, son las mujeres. ¿Qué estrategias se han implementado para atender esta problemática y para asegurar un clima de respeto a las garantías y libertad de mujeres y niños?
El diputado priista, Ernesto Javier Nemer Álvarez planteó contribuir desde el Congreso de la Unión para fortalecer el Fonden y afrontar de mejor manera las emergencias. “Asumimos nuestra corresponsabilidad, cuando se trata de cuidar las vidas y el patrimonio de las familias mexicanas. Seguiremos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad de la población. La lucha contra el crimen organizado va más allá de las diferencias ideológicas”.
La diputada María Del Rosario Guzmán Avilés (PAN) afirmó que México “está bañado en sangre, matanzas que se pudieron evitar, pero no fue así, debido a la omisión de la Secretaría” y preguntó: ¿Qué les dice a las familias de personas asesinadas, a los hijos de madres víctimas de feminicidios? ¿A familias de policías y elementos del Ejército que son desarmados y hasta asesinados porque tienen orden de no hacer nada?
De la misma bancada, Madeleine Bonnafoux Alcaráz, sostuvo que en lo que va del periodo de Alfonso Durazo, en lugar de disminuir los feminicidios han incrementado. Ante eso, pidió al Secretario y al partido en el poder comprometerse a conseguir más recursos para atender este tema en los estados.
De Morena, la diputada Juanita Guerra Mena, mencionó que la Cámara de Diputados ha tenido una importante agenda de altura, al concretar en poco tiempo, el proyecto del gobierno federal en materias tan complejas como la seguridad pública. Entendemos la necesidad de una política de Estado que combata a los grupos delictivos desde la prevención, seguridad, procuración, impartición de justicia y ejecución de penas, lo que implica la colaboración y coordinación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena) subrayó que el secretario dio respuesta puntual y cumplió con informar a la Cámara de Diputados sobre la actividad del Ejecutivo federal en materia de seguridad. Sostenemos que el programa en la materia, es integral, porque la seguridad pública en México responde a un alto concepto de interés general. “Por eso valoramos la actuación y la conducta de nuestra Guardia Nacional, del Ejército, de la Armada, de los elementos de seguridad pública federal, estatal y municipal”.
En sus respuestas, Durazo Montaño aceptó que la Guardia Nacional es insuficiente si no se acompaña del mejoramiento profesional y socioeconómico de los cuerpos estatales y municipales de seguridad; además, depurarlos y capacitarlos para que la coordinación se dé en los mejores términos.
Añadió que las denuncias que podrán recibir los elementos policiales estarán relacionadas con faltas administrativas, no de tipo penal. La prioridad es incrementar la eficacia, la profesionalización y profesionalismo de la Guardia Nacional. “Para las policías están los recursos del Fortamun, que estamos planteando pasen del 20 al 50 por ciento, lo que podría generar un presupuesto a nivel nacional del orden de los 42 mil millones de pesos”.
Informó que en 114 días se aseguraron 138 inmuebles, 907 armas largas, mil 399 armas cortas, 75 lanzagranadas, cinco mil 482 cargadores, un laboratorio clandestino, 18 aeronaves, 7 embarcaciones y 22 mil 154 vehículos, además la Guardia Nacional ha rescatado a 18 mil 126 migrantes vinculados a redes de tratantes de personas. Expresó que con el combate al robo de hidrocarburos, se ha evitado un daño patrimonial por más de 34 mil millones de pesos.
En materia legislativa, añadió que en hay mucho por hacer respecto a la coordinación con policías municipales. “Aun cuando se han impulsado muchos cambios, no podemos decir que ya tenemos el marco jurídico que requiere la seguridad pública”.
Refirió que en Baja California se han liquidado tres incendios de 12 mil hectáreas con más de mil efectivos de la Secretaría de Marina y Defensa Nacional, así como de la Comisión Nacional Forestal y de la Guardia Nacional.
En cuanto a solucionar los problemas de seguridad, está en la generación de oportunidades para toda la población y de todo tipo, principalmente, a las y los jóvenes.
Respecto al flujo de armas, precisó que está por iniciar un programa en coordinación con el gobierno norteamericano, que tiene por objetivo sellar la frontera norte, pero exclusivamente el mexicano sus puertos marítimos, aéreos y por supuesto la frontera sur.
Sobre los Centros Penitenciarios, expuso que se está en un programa sensible “y no quisiera exponer esta información por los riesgos que eventualmente tendría, particularmente, en el éxito de algunas iniciativas. Puede dejar la certeza de que estamos trabajando para despresurizar
Alfonso Durazo puntualizó que el país está bañado en sangre desde 2006 cuando se inició la guerra contra el narco y hoy todavía estamos pagando las consecuencias.
En 10 meses, tenemos mil 995 personas físicas y morales vinculadas a proceso y cuentas congeladas por cinco mil 160 millones de pesos “es ahí donde está nuestra apuesta”.
El secretario subrayó que se equivoca quien cree que al frente de la Secretaría de Seguridad debe estar un policía. Se requiere una visión amplia, una formación que permita definir y proponer políticas públicas que necesita el país. “Un policía, un corrupto, un simulador y un represor, nunca lo van a encontrar en un servidor”.
Posteriormente, se levantó la sesión y se citó para la siguiente, que tendrá lugar el marte 5 de noviembre, a las 11:00 horas.
