Con las Audiencias Públicas sobre la Minuta de la Ley de la Fiscalía General de la República, lo que pretende es generar una opinión meditada e informada, para que la Comisión de Justicia en el momento de construir el mejor dictamen posible para el sistema de justicia en México, afirmó la diputada Pilar Ortega Martínez.

En el segundo día de las audiencias públicas, la presidenta de la Comisión de Justicia agregó que con este ejercicio se busca escuchar todas las voces posibles y haber tenido la oportunidad de contar con importantes testimonios, sin que se tengan en cuenta las organizaciones especializadas sino también de muchas de las víctimas que han tenido sus diversas preocupaciones en torno a la minuta.

Precisó que se están integrando todas las propuestas y aseguró que “hacemos todo nuestro esfuerzo para que esto se forme parte del debate parlamentario” y que las diferentes aportaciones que se han expresado en estas audiencias públicas sean tomadas por los legisladores y “tengamos un papel activo como cámara revisora para hacer lo necesario, una aleta de que esta minuta mejore y que no se vea afectando a nuestro Estado democrático ni al sistema de derechos humanos”.

Académicos y expertos

Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que en el proyecto de ley, el Instituto Nacional de Ciencias Penales se convierte en una pieza dentro de la Fiscalía General, abandonando su condición de centro de investigación y no parece haber sido justa para esta transmutación. Considerado que el Instituto debe operar atento a los objetivos para los que fue diseñado y gozar de autonomía técnica.

Hugo Concha, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que el nuevo proyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República “de alguna u otra manera revive una institución politizada, terriblemente jerárquica y autoritaria”. Hecho que se vuelve a crear una estructura en el que todo depende del procurador; “nadie va a poder decir nada si el fiscal no lo autoriza”. Considerado que, si se quiere transformar esta ley, se debe demostrar con números que en estos dos años no funcionó.

Luis Enrique Pereda, del ITAM, estimó que México está perdiendo la oportunidad, desde hace 2 años, de crear una fiscalía con credibilidad y confiabilidad, compuesto con personal capacitado y profesional que se haga cargo de enormes tareas pendientes en materia de seguridad y justicia. Estimó que “se ve una reedición de lo que ya conocemos” y que está haciendo un cambio para volver a lo que ya conocíamos.

Ernesto Peralta, fundador de BORDE, comentó que con la iniciativa regresaría al pasado. Ante esto, dijo que es necesario generar propuestas para mejorar la minuta y revisar algunos artículos muy puntuales. “Todo está estructurado para obedecer al jefe y ser inoperable; estamos ante una amenaza si se construye una ley desde nada”, ha añadido.

Lucía Chávez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, hizo un llamado para incluir las voces de las víctimas en la ley que se discuten. Considerado que si la Fiscalía es una empresa que es una quiebra e ineficacia. “No es necesario reformar esta ley; esta propuesta es menos garantista y teme a la rendición de cuentas”.

José Dolores Sauzo, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, consideró que “no es posible que esta ley nos lleve a la época del retroceso y de la impunidad; no es posible que sigamos con estas formas y que nos sigan violando nuestros derechos y no es posible también que no se puede acceder a la justicia”. Pide que cuando sea necesario realizar modificaciones, que la sociedad comparezca o que se les informe.

Gabriela Ortiz Quintero, representante de Fortis Consultores, indicó que la propuesta define con pruebas o evidencias de que se trata y no se opera la legislación real. Agregó que más que generar una reforma debe incentivar los cambios culturales, la procuración de justicia, fomentar la investigación y los mercados delincuenciales.

Ana Katiria Suárez, litigante de la abogada, mencionó que cada vez que se reforma la ley se ve la falta de cohesión de la Fiscalía y por ello las víctimas siguen confiados en que no hay una coordinación interna, por lo que pidió que se observara de forma transversal la exigencia al respeto a los derechos humanos de las víctimas.

Lisa Sánchez, de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, comentó que hace falta una puntualización de dónde están las dudas y cuestionamientos del articulado del dictamen para que se avance en la forma más adecuada a favor de las víctimas. La ley que pretende reformar no ha sido aplicada con cabalidad, no existe una voluntad política.

Jorge Lara Rivera, presidente del Colegio de Abogados Humanistas, mencionó que se trata de una revisión del fondo de los componentes de la reforma en la materia, de 2018, ya que nunca fue operando y ha llevado a un colapso ya anunciado. También, dijo que es necesario que se fortalezca el sistema de rendición de cuentas de la FGR. “Hay cuestiones que pueden mejorar”, aseguró.