Armoniza Congreso Ley de Seguridad Ciudadana con sentencia de la SCJN

Metrópoli
  • La seguridad ciudadana quedará a cargo del gobierno local en colaboración con las alcaldías

A fin de armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SVJN), que declaró la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución local, entre estas la porción normativa «exclusiva» del artículo 41, que establecía que la seguridad ciudadana era responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, el pleno del Congreso capitalino aprobó reformar la normatividad vigente.

El diputado Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sostuvo que se busca garantizar la seguridad jurídica y la legalidad, así como fortalecer la coordinación y la participación de los distintos actores involucrados en la seguridad ciudadana, “uno de los derechos humanos más importantes y una de las demandas más sentidas de la población”.

Detalló que el 9 y 10 de septiembre de 2019, la SCJN, emitió la sentencia mediante la que se resolvió la controversia constitucional 83/2017, promovida por el Poder Ejecutivo Federal en contra del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017.

“Esta declaración de invalidez implicó que la seguridad ciudadana dejará de ser una competencia exclusiva del gobierno de la ciudad y pasará a ser una competencia concurrente entre los distintos órdenes de gobierno, en términos de lo dispuesto por la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Constitución local”, precisó el legislador.

Con la aprobación, el artículo 7 queda establecido que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de México en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación y persecución de los delitos; las sanciones administrativas en materia de cultura cívica; reinserción y reintegración social y familiar; el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.