La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 425 votos, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.
El documento, devuelto al Senado para los efectos del inciso E del artículo 72 constitucional, brinda certeza jurídica a los derechos de propiedad de los inmuebles y establece los lineamientos generales para la administración de una Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social.
Establece la creación de un Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral, como órgano de coordinación interinstitucional de la organización y funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.
Sobre los procesos catastrales, se afirma en la minuta que se requiere garantizar a los usuarios la integridad y eficiencia de la información catastral, se propone transitar a la modernización a través
del registro, su actualización, valuación, emisión de constancias y en su caso, consulta de la información de predios, lo que permitirá en el país contar con los mismos procesos catastrales.
Se elaboró un marco legal adecuado
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, diputada Pilar Lozano Mac Donald, dijo que esta ley es resultado del esfuerzo por parte de los integrantes de la Comisión, en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal vinculadas a la materia y la sociedad civil, como fruto de un ejercicio de parlamento abierto después de la realización de 9 foros en el país.
Señaló que el dictamen tiene como objetivo la armonización, organización y funcionamiento de los registros públicos de los catastros en los tres órdenes de gobierno, y determina las normas aplicables a las autoridades para obtener, administrar y procesar la información registral y catastral.
“Lo que se buscó fue elaborar un marco legal adecuado ajustado a la minuta elaborada en el Senado de la República. Para la Comisión dictaminadora es necesario homologar la actividad catastral sin socavar la autonomía municipal, considerando que cada municipio trabaja de manera aislada”.
Intervención de las y los diputados
La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) señaló que México no avanza en materia de competitividad por la falta de modernización de sus catastros y registros públicos. “Estamos convencidos de que con la aprobación de este dictamen estamos contribuyendo de manera positiva a la planeación y desarrollo urbano del país”.
También del PRI, el diputado Brasil Alberto Acosta Peña estimó necesario impulsar la organización y funcionamiento de los catastros
municipales con estándares de derechos humanos, con la finalidad de mejorar la accesibilidad para la obtención de los documentos.
Reserva
Por 413 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el Pleno aceptó la reserva de la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) la cual presenta diversas propuestas de modificación dentro de las cuales permite precisar elementos indispensables en la norma; no obstante, las modificaciones operativas de fondo se encuentran en el glosario de términos, lo cual para una ley de homologación es fundamental, así como la integración del Consejo Nacional de Armonización y Homologación Registral y Catastral.
Esta norma es un parámetro mínimo de lo que deben realizar la Federación, las entidades federativas y los municipios para el desarrollo de la actividad registral y catastral; con estos mínimos se avanzará de manera homogénea a pesar de los avances tecnológicos diferenciados con que cuente cada dependencia de los tres órdenes de gobierno.
La propuesta, suscrita también por los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, señala que con esta reserva se tiene un instrumento legal funcional que dará certeza a una obligación estatal que es fundamental para el desarrollo de las entidades federativas y municipios, así como para la certeza jurídica de los propietarios y poseedores de inmuebles.
