Aprueban en Comisiones Unidas dictamen en materia de uso de la fuerza

Política

En reunión plenaria, las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y la de Gobernación y Población aprobaron por 51 votos a favor, el dictamen a las iniciativas que reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, incorpora los principios de racionalidad y oportunidad e incluye la capacitación de las fuerzas del orden.

El dictamen que modifica la fracción XIV del artículo 3, la fracción IV y V del artículo 4, y la fracción VI del artículo 6, y  adiciona las fracciones VI y VII en el artículo 4, de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, establece que la finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir al restablecimiento del orden público, la seguridad y la paz social.

Respecto del principio de racionalidad, indica que es la decisión con la que se valoran las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad, lo que implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesario la aplicación del uso de la fuerza.

En cuanto al principio de oportunidad, señala que cuando se requiera hacer uso de la fuerza se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que es necesario reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y, en general, la afectación de los derechos de las personas.

El dictamen establece en un transitorio que las instituciones de seguridad revisarán y actualizarán los protocolos de actuación, los manuales para el uso de la fuerza, la descripción de las conductas a realizar por los agentes y los cursos de capacitación a efecto de incorporar la finalidad del uso de la fuerza y los principios de oportunidad y racionalidad en sus contenidos, para lo que tendrán un plazo de 60 días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del decreto.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, diputada Juanita Guerra Mena (Morena) explicó que el dictamen tomó en cuenta todas las aportaciones de las y los diputados de los distintos grupos parlamentarios.

“Se generó un dictamen alrededor de los citados principios, tomándolos en consideración, resaltando el diálogo, el respeto y el acuerdo entre todas las fuerzas políticas”.

El presidente de la Comisión de Gobernación y Población, diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (PRI), dijo que ésta era una asignatura pendiente e importante para el Estado, a fin de tener cuerpos de seguridad capacitados y formados; con esta aprobación se da un paso fundamental, abundó.

“Debemos todos, como se ha hecho, construir, contribuir a impulsar los dictámenes pensando en el beneficio de los ciudadanos y la fortaleza del Estado mexicano”.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) dijo que el dictamen retoma criterios de los distintos partidos, por lo que se podrá reformar la ley y solventar deficiencias, con lo que se cumple la sentencia de la SCJN. Además, refiere cómo deben actuar las autoridades que implementan la fuerza del Estado y se establecen directrices de cómo deberán conducirse.

María de Jesús Aguirre Maldonado, diputada del PRI, resaltó que la Cámara de Diputados está atenta a lo que señala la SCJN, así como la relevancia de que se respeten los derechos humanos, sumado a trabajar en la capacitación de los cuerpos policiacos, en especial los municipales.

Del PRD, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel consideró que el dictamen permite al Estado cumplir con los estándares internacionales y los principios básicos del empleo de la fuerza por parte de los encargados de hacer valer la ley.

Por el PAN, el diputado Román Cifuentes Negrete consideró que aún hay una deuda en favor de los elementos que trabajan en los cuerpos de seguridad que son amenazados, por lo que requiere portar el equipo respectivo, incluso cuando estén francos. “Este paso que hoy damos es muy importante, pero quedan temas para seguir avanzando con esta misma voluntad”.

A su vez, el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena) comentó que en la Comisión de Defensa se trabaja un dictamen para que los elementos porten sus armas cuando estén de descanso. Insistió en el tema de capacitación de policías municipales y estatales.

La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) puntualizó que con este dictamen se busca que el uso de la fuerza pública sea en apego a la legalidad y dignidad de las personas y evitar que haya actuaciones arbitrarias.

La diputada de MC, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, hizo un reconocimiento al trabajo de las Comisiones Unidas porque en temas tan sensibles como la seguridad y paz pública es fundamental atender la demanda ciudadana en cumplimiento de la legalidad.

Por vía zoom, la diputada Martha Alicia Arreola Martínez (Morena) resaltó que valorar los derechos humanos es prioridad en la nación, así como medir el uso de las fuerzas públicas porque siempre se ha abusado. “Este dictamen ayudará a que podamos vivir en paz”.

La diputada María Guadalupe Román Ávila (Morena) insistió en la importancia de consolidar el esquema normativo del actuar de las corporaciones a fin de salvaguardar la vida y la integridad de la población.

Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez dijo que la aprobación de este dictamen generará certeza y terminará con la incertidumbre que generaba el tema.

En su intervención, la diputada Elva Agustina Vigil Hernández (Morena) aseguró que este dictamen va conforme a las políticas de la Cuarta Transformación. “Creemos en el diálogo y el consenso”.

De Morena, la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández apuntó que debe haber normatividades y se ejerzan funciones debidamente, a fin de evitar que el Estado sea sujeto de sentencias condenatorias. “Sin duda faltan muchas cuestiones en los protocolos porque deben ser claros”.

El diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) destacó que hoy todos expresan la necesidad de profundizar en los conceptos y valores de la ley. Fue una observación de la Suprema Corte la que hizo revisar el hacer trabajos más exhaustivos, por ello es que se requiere de los parlamentos abiertos, aseveró.