Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público avalaron el dictamen a la minuta que expide la Ley de Austeridad Republicana y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El documento, devuelto por el Senado de la República, se aprobó con 27 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
La de Hacienda y Crédito Público, que preside la diputada Patricia Terrazas Baca, emitió 20 votos a favor y ocho en contra.
Las modificaciones realizadas por la colegisladora son: en el artículo 2 de la Ley de Austeridad Republicana cambia el término Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por Ley Orgánica de la Administración Federal.
En su artículo 17, establece que “la constitución o celebración de fideicomisos o mandatos, queda prohibida en las siguientes materias:”, salud; educación; procuración de justicia; seguridad social, y seguridad pública.
Se agrega que lo anterior, no será aplicable cuando dichos fideicomisos o mandatos estén previstos en ley, decreto o tratado internacional.
Para los demás casos, los entes públicos de la administración pública federal sólo podrán constituir fideicomisos o mandatos cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo previsto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Bajo ninguna circunstancia se podrán hacer aportaciones, transferencias, o pagos de cualquier naturaleza utilizando instrumentos que permitan evadir las reglas de disciplina financiera, transparencia y fiscalización de gasto.
En el artículo 24 de la misma ley se estipula que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Respecto del artículo 27 refiere que el Comité de Evaluación deberá entregar informes de evaluación de forma anual.
Y por último, en el artículo 28 se realiza una modificación de forma, escribiendo con mayúscula inicial las palabras “Austeridad” y “Republicana”.
Al hablar a favor del dictamen, el diputado Saúl Huerta Corona (Morena) dijo que la minuta enviada por el Senado tiene por objeto cambiar la política de despilfarro por una de austeridad. “Es el conducto para que los servidores públicos cumplan con principios de economía, transparencia, honradez y eficacia. Un gobierno austero no mal gasta dinero público en temas superficiales, sino destina la mayor parte de los recursos a propósitos reales de desarrollo y justicia social”.
En contra, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) señaló que lo único bueno de la ley es el nombre, porque con las modificaciones hechas por el Senado, el documento va en contra de los servidores públicos, pues prohibir que un funcionario pueda trabajar en algún sector hasta 10 años después de haberlo hecho en el gobierno es una aberración. “De esa manera habrá servidores de muy mala calidad; además, es ir en contra de los derechos de los trabajadores que dan su esfuerzo en las distintas dependencias del gubernamentales”.
El diputado del PES, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz se pronunció en pro del dictamen porque aseguró que busca garantizar la optimización del gasto. “Estaremos pendientes para que se ejerza el dinero con calidad, porque es nuestra responsabilidad como encargados de la aprobación del gasto y su fiscalización. Vamos por un México con austeridad sin que implique inoperancia”.
Fabiola Loya Hernández, diputada de MC, dijo que diez años es un exceso, para no dar participación en la iniciativa privada a antiguos funcionarios de determinadas dependencias. Se manifestó por la austeridad y la eliminación de gastos superfluos del gobierno, pero también de respetar los derechos constitucionales. Consideró que la SHCP no debe decidir “a diestra y siniestra” qué fideicomisos van a sobrevivir, pues se pone en riesgo el trabajo de diversas instituciones estatales, municipales y federales.
A su vez, el diputado Benjamín Robles Montoya (PT) mencionó estar a favor del dictamen porque se enriqueció al aumentar a 10 años el plazo de impedimento para que servidores públicos de mayor rango puedan ocupar cargos en empresas que supervisaron, con lo que se impide el uso de información privilegiada para favorecer intereses particulares.
De la misma bancada, el diputado Reginaldo Sandoval Flores aclaró que no se prohíbe —a quienes hayan sido servidores públicos de mayor rango— trabajar en toda la iniciativa privada, sino únicamente en empresas que hayan regulado y supervisado durante su función. En materia de fideicomisos señaló que “se hacían “guardaditos” en espera de que se acabe el año fiscal, la supervisión “y a ver qué hacemos con el fideicomiso”.
De Acción Nacional, la diputada Sonia Rocha Acosta votó en contra de la minuta, pues atenta contra libertades y está plagada del “discurso gastado” con el que sigue habiendo un gobierno rico con un pueblo pobre, por todos los recursos de los programas que no se han ejercido.
Luego de la aprobación del documento, la diputada Patricia Terrazas Baca informó que el documento aprobado se turnará a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
