Javier Divany Bárcenas
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos transitorios de siete leyes y del Código Fiscal de la Federación en materia de subcontratación laboral, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril del presente año
Con esta aprobación, se amplía los plazos hasta el 1 de septiembre de 2021 para que las empresas puedan concluir con los trámites que conllevan las obligaciones derivadas de esa reforma.
En reunión semipresencial, los diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público avalaron, en lo general y en lo particular, el dictamen con 19 votos a favor y siete en contra; y de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, con 26 en pro y tres en contra.
Las reformas son a los artículos transitorios primero, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del decreto por el que se modifican, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Impuesto Sobre la Renta.
Asimismo, del Impuesto al Valor Agregado, de la Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional, y Reglamentaria de la fracción XIII Bis del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política y del Código Fiscal de Federación, en materia de subcontratación laboral. El dictamen se remitió a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.
En tanto, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), dio lectura al acuerdo, que previamente avaló la mesa directiva de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para incluir en el quinto considerando, “que múltiples empresas han demostrado la voluntad de cumplir con las reformas y han expresado la necesidad de contar con un plazo mayor para cumplir con las obligaciones establecidas”.
Refirió que las comisiones dictaminadoras consideran que ampliar el plazo hasta enero de 2022 iría en contra del espíritu del decreto publicado el 23 de abril de 2021, pues ello significaría dar cabida a continuar con las violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden eliminar.
En la intervención de los diputados, Margarita García García (PT) señaló que es de vital importancia que las empresas cumplan con las obligaciones marcadas en la ley, que regularicen a sus trabajadores para que tengan acceso a las condiciones y servicios mínimos que marca la ley.
“Las empresas deben respetar las condiciones, los empresarios estaban de acuerdo con los plazos; sin embargo, hoy debemos ampliar los tiempos para que no incumplan con la ley y sean sancionados”.
Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) manifestó estar en contra del dictamen por considerar que el tiempo de un mes no es suficiente. “Le dimos al Gobierno un año, no podemos hablar de forma general del incumplimiento de las empresas, entonces dónde están las instituciones de gobierno como la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, Infonavit, para que hagan su trabajo”.
El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) dijo que está de acuerdo en ampliar el plazo, no de cinco meses, sino que sea hasta el primero de septiembre. “Pareciera que les estamos dando un mes, cuando en realidad están por concluir 90 días en el que fue indicado el procedimiento que tenían que seguir quienes han venido haciendo usufructo del outsourcing para negociar y precarizar el sueldo de los trabajadores”.
En contra, el diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez refirió la imposibilidad de que las empresas cumplan en un mes con los requisitos que se les exigen, más si no están regularizadas, sobre todo porque con la pandemia las oficinas tributarias trabajan al 50 por ciento de su capacidad y el Sistema de Registro de Subcontratación está colapsado, en mantenimiento y sin servicio.
A favor, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) sostuvo que la propuesta sobre los plazos son claros y complementa la reforma para atender las peticiones de los sectores productivos y sus empresas que requieren más tiempo. Se ha batallado en el proceso de reestructuración de la situación laboral de muchos trabajadores que han sido violentados en sus derechos y no han tenido prestaciones.
En contra, el diputado del PAN José Isabel Trejo Reyes destacó la importancia de establecer condiciones para que se cumpla la ley, sobre todo conservar los empleos. Consideró que los plazos propuestos son razonables. La realidad y circunstancias de la pandemia no dieron los tiempos para que las oficinas de gobierno y empresas cumplieran con la reestructuración y tengan tiempo suficiente para presentar los trámites.
Por Morena, el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera indicó que se tienen dos esquemas de empresas que utilizan la subcontratación, el outsourcing legal y el ilegal. “Quienes se encuentran bajo el mecanismo legal están cumpliendo a cabalidad con estos requisitos, con 30 días más que se tengan podrán cumplir con toda posibilidad de lograrlo; van a tener muchas dificultades quienes han venido colocando la evasión fiscal y el golpe artero a los intereses de la clase trabajadora”.
En contra, el diputado Fernando Galindo Favela (PRI) expresó que en un solo mes no se resolverá el problema para dar cumplimiento a todos los requisitos que piden las distintas dependencias del Gobierno Federal y los trámites. “No solamente porque lo pongamos en una ley se va a poder cumplir el requisito que se está poniendo”.
En contra, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla (MC) se pronunció por garantizar las condiciones óptimas de empleo para quienes laboran en outsourcing, porque de fijarse el plazo al primero de septiembre tienen el riego de que las empresas no puedan llegar a octubre o noviembre con su plantilla laboral. Pidió asegurar una transición segura para empresas y trabajadores debido a la programación de su presupuesto.
