La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), aprobó un punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General de Guerrero, al gobierno estatal y al presidente municipal de Tlapa de Comonfort, implementen acciones que prevengan y erradiquen toda forma de violencia institucional en contra de las mujeres y cumplan con la recomendación 63/2019, emitida por la CNDH.Por medio de esta recomendación “se solicitó la reparación del daño por los actos cometidos por los trabajadores al servicio del Estado, mediante acciones de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición”.
La propuesta impulsada por la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) se basa en el caso de una mujer que sufrió diversos abusos al ser agredida sexualmente por servidores públicos, y la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales le negó presentar una denuncia por violación y tortura.
Ante ello, la víctima presentó una queja ante la CNDH, quien reconoció la negativa de acceso a la procuración de justicia, falta de diligencia y de perspectiva de género, así como la estigmatización y victimización en contra de las mujeres, deficiencias e irregularidades en la recolección de evidencia referente a los hechos denunciados y la distribución de los datos personales de la víctima.
Al respecto, Villavicencio Ayala refirió la necesidad de otorgar justicia a las mujeres víctimas de abuso sexual sistemáticas y reiteradas donde existe la impunidad.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) planteó la necesidad de que la CNDH les dé a conocer a la instancia legislativa el número de recomendaciones emitidas relativas a violaciones de derechos humanos de mujeres y que no se han investigado. Lamentó que en Guerrero “no se cumplan, pese a haber una sistemática transgresión a estas garantías”.
Por otra parte, la comisión aprobó una opinión favorable a la iniciativa de la diputada de Morena, Graciela Zavaleta Sánchez, que plantea reformar los artículos 50 Bis y 50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación, a efecto de que una vez entrada en vigor la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, ésta sea referida en el contenido de dichos preceptos legales.
La finalidad es que los jueces federales autoricen las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas a los agentes del Ministerio Publico responsables de las investigaciones relacionadas con dichos delitos. La iniciativa será dictaminada por la Comisión de Justicia.
En asuntos generales, los integrantes avalaron instalar una mesa de trabajo con los familiares de víctimas de violencia como los LeBarón y Javier Sicilia, para fortalecer el marco jurídico y las políticas públicas en apoyo a los agredidos, quienes han afirmado que no se les restituyen sus derechos y se valoran más los de los agresores, esto a propuesta de la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena).
Además, acordaron fortalecer la vinculación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales, con el objetivo de conocer el número de recomendaciones, en qué ámbitos, y su cumplimiento o no por parte de las instituciones implicadas.
Por el PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez consideró prioritario entablar vínculos con la nueva titular de la CNDH, porque en la transición que vive el país, se requiere “un golpe de timón hacia este organismo”. Pidió no perder el acercamiento con las comisiones estatales de derechos humanos, las cuales “son cuotas de partidos que tiene que erradicarse” y se conozca su trabajo, afirmó.