Aprueban en Comisión dictámenes con el objetivo de reforzar la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Política

La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), aprobó cuatro dictámenes para sancionar la violencia contra las mujeres, garantizar los derechos de las migrantes, ampliar la red de refugios para protegerlas de la violencia y evitar la discriminación por orientación sexual, así como una opinión para insertar el lenguaje incluyente en la Constitución Política.

En reunión semipresencial, Briceño Zuloaga afirmó que los dictámenes avalados por la Comisión son muy importantes. Todos de gran impacto para el avance de los derechos de las niñas y mujeres.

Protección a mujeres migrantes

El primero que fue aprobado es el dictamen que reforma los artículos 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de establecer que son facultades y obligaciones de la Federación realizar las acciones necesarias a efecto de promover, salvaguardar y garantizar los derechos humanos de las mujeres migrantes, en los términos de las leyes en la materia.

La presidenta de la Comisión explicó que el objetivo de esta modificación es asegurar la difusión, promoción y tutela de los derechos de las mujeres migrantes, coadyuvando con instituciones públicas, privadas, asociaciones civiles y no gubernamentales con el fin que, durante su estadía en México, este grupo tengan una vida libre de discriminación y violencia.

Indicó que hoy las mujeres migran tanto como los hombres y con los mismos efectos económicos, siendo sus principales causas las económicas como pobreza y desempleo, sociales como la discriminación, y las criminales como la corrupción, y la violencia organizada.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, Julieta Vences Valencia (Morena), afirmó que con esta reforma habrá mejores condiciones para las mujeres migrantes que buscan mejores condiciones de vida, porque en sus países de origen no pueden salir adelante, pero en el traslado sufren de mayor violencia y discriminación, pues es más complicado viajar sola o con menores. “Esto hará que la procuración a ellas sea mayor y no sufran como hasta al momento ha ido sucediendo”.

Ximena Puente De la Mora (PRI), proponente de la iniciativa, explicó que la violencia sexual en contra de las mujeres migrantes en México creció 134 por ciento durante 2019, según un informe de Médicos Sin Fronteras. “Agradezco el puntual seguimiento y las observaciones para enriquecer los términos”.

También del PRI, la diputada Cynthia Iliana López Castro consideró que con esta modificación se busca apoyar a las mujeres migrantes para que su ida sea un poco menos difícil, tengan los mismos derechos. “Ojalá las comunidades migrantes nos puedan ver y escuchar, pues están alejados, preocupados por poder comer, encontrar un trabajo y no ser perseguidos”.

Incorporar en la Constitución lenguaje incluyente y perspectiva de género

Las integrantes de la Comisión ratificaron en positivo, por unanimidad, la opinión, con modificaciones, sobre la iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de género, suscrita por las diputadas Rocío Barrera Badillo y María Wendy Briceño Zuloaga, ambas de Morena.

Briceño Zuloaga planteó que la importancia de modificar la Carta Magna es permearla de un lenguaje inclusivo que haga visibles a las mujeres. “Es un acto de justicia impostergable, que, a su vez, permitirá transformar todo el sistema jurídico para hacernos más visibles”.

El objetivo es eliminar la visión androcéntrica que ha mantenido a las mujeres en una interpretación masculina durante décadas, viviendo las exclusiones de nuestros derechos, afirmó.

Se propone el uso de palabras de género neutro, el desdoblamiento de lenguaje en expresiones referidas a cargos y empleos, y desmasculinización de los mismos, así como desterrar del texto constitucional el uso del masculino genérico, que no considera ni visibiliza ni representa a las mujeres, explicó.

En el lenguaje se manifiestan las asimetrías, desigualdades y brechas entre los sexos, donde inciden juicios, valores y prejuicios que se aprenden y se enseñan que conforman maneras de pensar y percibir la realidad, añadió. La opinión se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, que dictaminará la iniciativa.

Al respecto, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) resaltó que el dictamen es de especial relevancia porque reformará la Carta Magna para visibilizar a las mujeres, que por años estuvieron invisibilizadas. Celebró la incorporación de lenguaje incluyente a través de palabras neutras, como “persona”, el término de paridad para la integración de los consejos y se identifican las diversas actividades profesionales que realizan.

De la misma bancada, la diputada Beatriz Rojas Martínez apuntó la relevancia de visibilizar a las mujeres a través del lenguaje incluyente en la Carta Magna. Recordó que hay una iniciativa para cambiar el nombre de la Cámara de Diputados e insertar el término “Diputadas”; no obstante, en la Comisión de Puntos Constitucionales no se ha dictaminado, señaló.

También de Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda sostuvo que con este dictamen se da un salto muy importante, “ya estamos preparadas para cambiarle el nombre a la Cámara de Diputados con un lenguaje incluyente”.

Del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez reconoció esta iniciativa porque “lo que no se nombra, no se visibiliza”, por eso es sumamente importante iniciar desde la Carta Magna para que todas y todos estemos representados”, aseveró.

Aprueban incluir los ataques con ácidos u otras sustancias tóxicas

En el mismo sentido, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 6 fracción II “Violencia Física”, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir en los tipos de violencia contra las mujeres el daño mediante algún tipo de sustancias corrosivas y/o toxicas.

La diputada Briceño Zuloaga explicó que la violencia de género se ha incrementado y transformado, y una de las formas más brutales e inhumanas han sido los ataques con sustancias, siendo la más común usando ácido sulfúrico o clorhídrico, toda vez que las mujeres sufren daños irreversibles en su cuerpo, quemaduras de diferentes grados, que provocan también dermatitis, intoxicación, problemas respiratorios o diversas discapacidades como la pérdida de la visión.

“Conocemos casos públicos que se han puesto sobre la mesa de discusión, pero que están atravesados por la impunidad y la dilación de la justicia, hacemos un llamado para aquellos donde no se ha aplicado la justicia como fue en el de la saxofonista María Elena Ríos”, apuntó la legisladora.

La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) se dijo a favor de esta reforma, aunque, enfatizó, se debe resarcir el daño causado, la atención médica y psicológica, así como dar seguimiento a este tipo de casos. “El costo de la atención debe ser pagado por el propio agresor”.

La diputada del PRD, María Guadalupe Almaguer Pardo indicó que, en el caso de la saxofonista atacada en Oaxaca, sigue sin resolverse y todo en la congeladora, por lo que con este dictamen es un momento oportuno para exigir a la fiscalía y el gobierno de la entidad se pongan a trabajar y no congelen los expedientes cuando se trata de un ataque atroz. Propuso que una comisión vaya a ese estado y conozca del caso porque no hay un debido proceso.

La diputada Mildred Concepción Ávila Vera (Morena) comentó que este dictamen es un avance importantísimo; sin embargo, no todas las sustancias que causan daños son corrosivas.

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) dijo que es visible la lentitud con el que se desarrolla los procesos en la fiscalía, por lo que debe haber un acompañamiento para exigir justicia y encontrar las alternativas de resarcimiento del daño. “María Elena requiere de los insumos para atender las heridas que le dejó el ataque”.

La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) planteó que se debe considerar toda sustancia corrosiva y/o tóxica, como forma de ampliar la propuesta.

Ampliar red de refugios para mujeres violentadas

También, las diputadas aprobaron por unanimidad, con modificaciones, el dictamen para reformar los artículos 48, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de priorizar y garantizar la creación, operación y fortalecimiento de al menos un refugio para mujeres, hijas e hijos, víctimas de violencia en cada municipio o alcaldía, en las entidades federativas y en la Ciudad de México, que reúna las condiciones de seguridad para su protección integral.

La iniciativa suscrita por la legisladora María Elena García Gómez e integrantes del PAN, precisa que en caso de que un municipio o alcaldía no reúna las condiciones necesarias para la instalación de un refugio, de acuerdo con lo establecido en el modelo, se garantizará que cuenten con una casa de emergencia y/o de transición vinculada al refugio donde se brindará atención inmediata de corta estancia, conforme con la situación particular de cada mujer para que sean atendidas y protegidas, cuyo domicilio no es del dominio público.

Asimismo, celebrar convenios con los gobiernos estatales para que prioricen la creación, operación o fortalecimiento de refugios para víctimas, a sus hijas e hijos, sobre todo, en los municipios con mayor índice de violencia contra las mujeres, cuyos gobiernos deberán priorizar esta atención.

En conjunto con las legislaturas, deberán adoptar, desarrollar y reformar los ordenamientos jurídicos necesarios y designar partidas presupuestales específicas para alcanzar ese propósito.

Briceño Zuloaga precisó que los refugios datan de 1996 y fueron creados para atender la violencia extrema hacia las féminas, porque la atención que brindan puede representar la diferencia entre la vida y la muerte. Donde el 18 por ciento de los municipios concentran el cien por ciento de los feminicidios en el país.

De la misma bancada, la diputada María Elizabeth Díaz García, apuntó que debe ser una obligación de los gobiernos municipales la creación de las casas de protección para mujeres violentadas. En Ecatepec, estado de México, con doble alerta de género, no se ha observado ninguna política pública para salvaguardar la vida de las niñas, adolescentes y mujeres, aseguró. Demandó difundir la existencia de estos refugios para conocer que hay una opción ante las agresiones.

También de Morena, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera apuntó la necesidad de incrementar el número de refugios como una estrategia integral de seguridad, porque la presencia del crimen organizado implica más violencia hacia las mujeres. Expuso que debe garantizarse el presupuesto necesario para llevar a cabo las propuestas legislativas, “no podemos hacer leyes que no se aterricen en la realidad” y prevenir los feminicidios, afirmó.

Su compañera de bancada, la diputada Laura Martínez González comentó que es fundamental conocer el presupuesto que tienen las asociaciones civiles que operan los refugios, porque se ha convertido en una problemática muy grave la falta de recursos. Propuso difundir la existencia de estos lugares y los conozcan las mujeres para que se resguarden y protejan su vida, porque la mayoría desconocen esta alternativa para evitar más agresiones.

La diputada sin partido, Ana Lucía Riojas Martínez celebró esta iniciativa para garantizar espacios seguros para las mujeres violentadas; no obstante, se requieren establecer refugios y espacios seguros para juventudes LGBT, para proteger de agresiones patriarcales al momento de huir de sus hogares de origen. Expresó su apoyo para que los gobiernos locales ayuden con estas acciones en favor de las poblaciones más vulnerables, sobre todo, en la pandemia.

Aprueban reformas en contra de la discriminación por orientación sexual

Aprobaron también reformas a la fracción III del párrafo segundo del artículo 1 y la fracción XXVIII del artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el fin de precisar que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base por la orientación sexual, la identidad y expresión de género.

De igual forma para considerar como discriminación el realizar o promover violencia física, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la orientación sexual, identidad y expresión de género.

Modifica, además, artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para puntualizar que son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, independientemente de orientación sexual, identidad y expresión de género.

La diputada Briceño Zuloaga, quien propuso la iniciativa, explicó que México vive un problema con los crímenes de odio, particularmente hacia la población transexual y transgénero, por lo que deben visibilizarse.

La justicia no debe tener fecha de caducidad

En asuntos generales, al referirse a la detención del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, la presidenta de la Comisión, Wendy Briceño Zuloaga, dijo que “la justicia no debe tener fecha de caducidad, porque hay niñas y niños que fueron abusados y utilizados para pornografía infantil dañando sus vidas”.

Estimó que no es un caso que se cierra en sí mismo, debemos estar todas y todos pendientes de la impartición de justicia y de otros casos de impunidad que prevalecen, porque pasan por filtros de protección política y jurídica. El derecho a la justicia no es opcional, no tiene dobleces ni matices, ni una fecha que diga que ahí acaba. Debe hacerse valer.

Recordó que la periodista Lidia Cacho, al investigar y denunciar los hechos fue perseguida y torturada convirtiéndose en una víctima más. El llamado a la justicia debe ser escuchado, respetado y validado. La verdad debió ser validada, nunca acallada con cárcel y tortura. Todos tenemos derechos a la justicia.

México ocupa el primer lugar en abuso infantil en el mundo, debido al manto de complicidad de políticos que han estado involucrados por años. La protección al más alto nivel.