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Aprueban diputados otorgar atribuciones a Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para defensa de juicios y procedimientos

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Javier Bárcenas

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que establece que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal podrá determinar la dependencia en la que recaerá la representación para la defensa de la Federación, ante cualquier tipo de juicios y procedimientos.

Por unanimidad con 463 votos a favor, el Plano de la Cámara aprobó la propuesta del diputado Miguel Ángel Chico Herrera, quien presentó a nombre propio y de diputados de Morena, propuesta para que recaiga en la Consejería Jurídica de la Presidencia, las acciones jurídicas que le competen.

Cabe mencionar que el diputado motivó su propuesta con los argumentos de que el artículo 90 cuarto párrafo de la Constitución, establece la facultad del Ejecutivo Federal para representar a la federación, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y de las secretarías de Estado en los asuntos en los que ésta sea parte.

Tales como en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y los juicios de amparo, así como en los juicios ordinarios y administrativos y otros procedimientos a la jurisdiccional.

El acuerdo por el que se establece el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, tendrá la representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y el consejero jurídico tendrá la facultad para representar al Presidente.

Cabe destacar que, el 10 febrero del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados en materia política electoral, en el que se modifica la naturaleza jurídica de la Procuraduría General de la República se convierte en Fiscalía.

Las modificaciones estructurales de la Fiscalía a la entrada en vigor de la autonomía de la misma, implicaron que la representación jurídica de la federación con que contaba dicho órgano fuera transferida al Presidente de la Republica, siendo ejercida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y las secretarías de Estado.