La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó 10 dictámenes con proyecto de decreto por los que se reforman y derogan ordenamientos legales en materia de empoderamiento de la mujer, igualdad de género, recursos de universidades públicas y discriminación, entre otros temas.

En reunión presencial, la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, de Encuentro Social, promovente de la reforma a los artículos 16, 18 y 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, dijo que el objetivo es que la secretaría técnica del Comité de Participación Ciudadana sea elegida bajo el principio de paridad de género.

“Se busca fortalecer la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y empoderarlas a través de áreas estratégicas y que la secretaría técnica se integre de forma paritaria por cinco integrantes ciudadanas y ciudadanos que destaquen por su contribución a la transparencia y rendición de cuentas o el combate a la corrupción”.

Otro dictamen aprobado es el que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de igualdad de género.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) dijo que están de acuerdo con el objetivo de armonizar esta ley con el principio de paridad y lenguaje incluyente. Propuso utilizar el término “personas” en lugar de los artículos “las y los”. Adujo: “Esto en razón de que existen numerosas identidades de género emergentes y el uso de la palabra persona es una manera práctica de referirse a la amplia diversidad de identidades”.

El legislador Raymundo García Gutiérrez (PRD) expresó que el espíritu de esta reforma se refiere a la igualdad de género. “Ha sido una lucha de compañeras para definir las y los, porque no podíamos considerar las personas, porque es un término en general”.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) recordó que en la discusión de la sesión del 28 de febrero pasado mencionó que para la inclusión no solamente existe “las y los”. Consideró que la iniciativa tenía muchos errores, por lo que entregó un documento para corregirlo, pero “volvemos a ver el dictamen igual; tengamos seriedad al trabajar el tema de lenguaje incluyente”.

Respecto del proyecto de decreto que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas en materia de faltas no graves de los servidores públicos, el diputado Alejandro Ponce Cobos (Morena) propuso agregar al artículo 49 un párrafo a la fracción I a fin de que:

“En el desempeño de su empleo, cargo o comisión, tendrá prohibido, incitar, promover discursos de odio motivados por elementos étnicos o nacionales, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica”.

Asimismo, por “la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, la preferencia u orientación sexual, la identidad o filiación política, el estado civil, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales u otras formas conexas de intolerancia”.

Otro dictamen avalado es el que modifica el artículo 75 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública respecto de las obligaciones de transparencia de las instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía.

El diputado promovente, Miguel Jáuregui Montes de Oca (Morena), mencionó que la esencia de esta iniciativa es ir más a fondo en el tema de la transparencia.  “Si bien es cierto que ya está regulado, nos dimos a la tarea de revisar en varias fuentes y resulta que por concepto de capacitación, talleres, conferencias y asesorías no aparece; sólo en el artículo 70, que está muy general, por lo que solicitamos colocarlo en el 75, porque se refiere a las universidades”.

La diputada Gloria Romero León (PAN) dijo que la revisión y fiscalización de los recursos públicos de las universidades no atenta contra su soberanía ni autonomía. “Todo ente público que reciba recursos del gobierno, del pueblo, obviamente debe ser auditado”.

También se aprobaron reformas a las leyes generales de Responsabilidades Administrativas, así como a los artículos 13 y 21d de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, propuesta por el diputado José Luis Montalvo Luna (PT).

Asimismo, se adicionó el artículo 8º de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y reformó el artículo 3º de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas promovidas por la diputada Ximena Puente de la Mora (PRI).

También se avalaron reformas a los artículos 201 y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del diputado Ernesto Vargas Contreras (Encuentro Social), y se adicionó el artículo 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesta por el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI).

En otros temas, la comisión validó su programa anual de trabajo para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura del mes de septiembre 2020 al mes de agosto 2021.