La Comisión de Derechos Humanos, que preside el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, aprobó un dictamen que reforma el artículo 77 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para incorporar los principios de legalidad, honestidad y transparencia en la ejecución del presupuesto de la CNDH.

Con esta modificación se armoniza dicho marco normativo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

La diputada promovente de la reforma, Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN), indicó que con ello se dará certidumbre a la aplicación de los recursos, para beneficio de la ciudadanía en materia de derechos humanos.

En reunión virtual, el presidente de la Comisión dijo que “ante la desaparición de fideicomisos en materia de protección, a los defensores de los derechos humanos y periodistas no se les dejará en la indefensión”.

Afirmó que no se abandona a las víctimas; se busca replantear un nuevo modelo de operación de los recursos que permita atender a todos de forma eficiente.

“Si bien es cierto que los fideicomisos para atender a víctimas de la vulneración de derechos humanos tenían una razón de ser, también lo es que carecieron de cumplimiento, fueron desviados, saqueados y robados”, señaló.

Propuso que las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos se certifiquen bajo la norma ISO-902 y se tenga una constancia fehaciente de que cumplen con su rol.

A su vez, la diputada Graciela Zavaleta Sánchez (Morena) detalló que las disposiciones en materia de fideicomisos transformarán al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues determina que esos recursos sean ejercidos de manera directa por la Secretaría de Gobernación.

Exhortó a la Comisión a contribuir en la construcción de un mecanismo de distribución de los recursos bajo la perspectiva de la legalidad. Demandó evitar la opacidad y burocracia.

Consideró que la actual crisis de derechos humanos requiere que la aplicación del presupuesto sea transparente, efectiva y austera. De lo contrario, advirtió, impactará las garantías de resarcimiento del daño y agudizaría la deuda con las víctimas y defensores de los derechos humanos.

Finalmente, en la reunión fue validado el programa anual de trabajo y el informe semestral de actividades de la Comisión.