En sesión semipresencial, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para fomentar el intercambio y generación de información sobre seguridad cibernética.

Se faculta al Consejo Nacional de Seguridad Pública para promover la cooperación entre instancias de gobierno, instituciones académicas, organizaciones empresariales y sociedad civil organizada, para el intercambio de información, mejores prácticas y tecnologías en materia de seguridad cibernética, con estricto respeto a los derechos humanos.

El dictamen avalado por 467 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, menciona que el Sistema Nacional será responsable de generar información estadística de carácter público sobre seguridad cibernética, integrando la información que generen los sujetos referidos.

También, se determina que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promoverá prácticas orientadas a la construcción de una cultura preventiva y resiliente de seguridad cibernética, cuyo eje central sea el respeto a los derechos humanos.

El documento enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales precisa que el país decidió generar la Estrategia de Seguridad Cibernética hasta 2017, para ser observada a mediados de 2018; sin embargo, el rezago es evidente y se refleja en actividades antisociales y probables delitos que van desde intrusión en equipos hasta la parálisis de áreas de instituciones, pasando por fraudes a usuarios de banca electrónica o robo de identidad.

Por ejemplo, de acuerdo con la justificación de la presentación de la Estratega Nacional de Seguridad Cibernética, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señaló que durante el primer trimestre de 2011, el fraude cibernético pasó del 7 por ciento (38 mil 539 quejas) de las reclamaciones por posible fraude, al 42 por ciento (639 mil 857 quejas) en el mismo periodo del 2017.

Perspectiva sobre retos en materia de seguridad cibernética

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Publica, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), indicó que, al hablar de ciberseguridad, “pareciera que el destino y el tiempo nos alcanzó, y que las normas elaboradas se encuentran en un grado de obsolescencia frente al actuar de una delincuencia actualizada y que ha usado y abusado de la tecnología para sus actividades ilícitas”.

as, dijo, se pretende incorporar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una propuesta para que a través del Sistema, las mexicanas y mexicanos tengan acceso a una fuente de información confiable que les permita valorar las acciones en materia de ciberseguridad, sus impactos y generar una perspectiva más realista sobre los retos que enfrenta el país en materia de seguridad cibernética.

Lo anterior, explicó,  a partir de tres modificaciones: que el Consejo Nacional  de Seguridad Pública pueda proveer entre los distintos actores sociales, la cooperación en materia de seguridad cibernética con estricto respeto a los derechos humanos; que el Secretariado Ejecutivo pueda generar información en materia de seguridad cibernética integrado en la información que genera el resto de los actores en la sociedad, y que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana promueva una cultura de seguridad cibernética, respetuosa de los derechos humanos, en el gobierno y la sociedad.

Se debe establecer y actualizar un marco jurídico vigente, un esquema punitivo que derive de las bases estructurales que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.  “Por la utilidad que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación para las tareas de los gobiernos y los sectores en este caso privado y social; por ello, un nuevo modelo del sistema involucra la necesidad de identificar con anticipación los riesgos, pasar a una cultura reactiva y a una prevención”.

El cibercrimen, dijo, es una actividad que se desarrolla a la par del desarrollo tecnológico, el hackeo de la información ha ido evolucionando en el grado, de que hoy, diversas agencias internacionales reportan importantes pérdidas para las empresas como consecuencia de la vulneración en los sistemas de información; los modelos de la sanción legal son insuficientes para sancionar una conducta de esa naturaleza.

El reto legislativo para los próximos años, añadió, es enorme; adecuar las leyes a la realidad, a fin de armonizar el marco legal en materia de seguridad, con el uso de las nuevas tecnologías a un ritmo que es vertiginoso; que las leyes vayan al ritmo de la innovación y que sean tan eficaces en el combate de los nuevos tipos delictivos. “Es un paso firme en fortalecimiento de la seguridad pública y cibernética en el país; por lo tanto, es indispensable”.

Ciberseguridad, relevante en el contexto de la pandemia mundial

La diputada de MC, Carmen Julia Prudencio González destacó que la criminalidad no tiene fronteras físicas y hoy tampoco barreras digitales; la ONU refiere que a nivel internacional cada 39 segundos se realiza algún tipo de ataque informático; en México, el cibercrimen le cuesta a la industria y a los consumidores, entre 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales.

Resaltó que el tema de ciberseguridad, es relevante en este momento donde la pandemia mundial ha creado nuevos retos y realidades, pues en el corto tiempo será necesario dotar al país de un marco jurídico que asegure la protección digital en todos los sentidos.

La ciberseguridad, afirmó, es uno de los múltiples elementos que componen el complejo entramado de la seguridad pública y hasta 2017 se insertó en la legislación nacional. “La información digital se crea y transmite, pero también puede ser robada para fines ilícitos, vulnerando con ello la seguridad personal de empresas e incluso la nacional”.