Principal Política Aprueba la Comisión de Educación la legislación secundaria en materia educativa

Aprueba la Comisión de Educación la legislación secundaria en materia educativa

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La Comisión de Educación aprobó tres dictámenes relativos a la legislación secundaria en materia educativa. Se expiden las leyes General de Educación; General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; la Reglamentaria del Artículo 3 de la Constitución Política en materia de la Mejora Continua de la Educación, y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

El dictamen que expide la Ley General de Educación y abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se avaló con 21 votos a favor y siete en contra; el documento que crea la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, con 22 votos a favor y siete en contra, y la Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación, con 22 votos a favor y siete en contra.

 

Expedir Ley General de Educación y abrogar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa

 

El dictamen para expedir la Ley General de Educación y abrogar la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, señala que la nueva norma garantiza el derecho a la educación, reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas.

 

Su objetivo, indica, es regular la educación que imparta el Estado –Federación, estados, Ciudad de México y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; asimismo se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.

 

Se precisa que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

 

El Estado, señala, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

 

Menciona que todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

 

Subraya que la educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente ley.

 

Aclara que la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la fracción X del Artículo Tercero constitucional y las leyes en la materia.

 

La ley consta de 181 artículos y sus diferentes capítulos abarcan temas como el derecho a la educación, equidad y la excelencia educativa, la  función de la nueva escuela mexicana, los fines y criterios de la educación; orientación integral, los planes y programas de estudio; la naturaleza del Sistema Educativo Nacional, el tipo de educación básica, media superior y superior; el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación; de la educación indígena, humanista,  inclusiva y para personas adultas.

 

Asimismo, el educando como prioridad en el Sistema Educativo Nacional; las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital; el calendario escolar; la revalorización de las maestras y los maestros; el magisterio como agente fundamental en el proceso educativo; el fortalecimiento de la formación docente; los planteles educativos; la mejora continua de la educación; el federalismo educativo; el financiamiento a la educación; la participación de madres y padres de familia o tutores; la validez de estudios y certificación de conocimientos; la educación impartida por particulares, entre otros temas.

 

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

 

El dictamen que expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, establece los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión y revaloriza a estos como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos.

 

La iniciativa, presentada por coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PES y PVEM, señala que el Estado ejercerá la rectoría de la educación y se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de recibir una educación conforme con los principios, fines y criterios establecidos en el Artículo Tercero de la Constitución Política.

 

El documento detalla que el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros tendrá como propósito contribuir a la excelencia de la educación en un marco de inclusión y de equidad, bajo los principios, fines y criterios previstos en la Ley General de Educación.

 

Se plantea crear un Sistema Abierto y Transparente de Plazas manejado por la Federación, en el cual se registrarán las vacantes por parte de los directores de las escuelas, de los superiores jerárquicos en el plantel educativo y de las autoridades de las entidades federativas.

 

El texto dispone que la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas y de las representaciones sindicales se dará en un proceso público tripartita en el que se den a conocer los resultados de la ponderación del proceso de promoción.

 

Con objeto de fortalecer a las escuelas normales públicas, a la Universidad Pedagógica Nacional y a los Centros de Actualización del Magisterio, de acuerdo con las necesidades del servicio educativo, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente.

 

Para tal efecto, la SEP constituirá un modelo para los procesos de admisión a dichas instituciones públicas. Una vez definida la demanda futura por región.

 

La admisión al servicio de educación básica que imparta el Estado se realizará por medio procesos anuales de selección, a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales.

 

En este mecanismo se apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional.

 

La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas; es decir, el número de las vacantes se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice el Sistema Educativo Nacional.

 

Con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación, alejadas de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores en los niveles de la promoción.

 

Ley Reglamentaria sobre Mejora Continua de la Educación

 

También se aprobó el dictamen que expide la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la Constitución Política, en materia de Mejora Continua de la Educación, cuyo objetivo es regular el Sistema Nacional en esta materia, y el organismo que lo coordinará, al que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.

 

El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación será un conjunto de actores, instituciones y procesos estructurados y coordinados. Su objetivo es garantizar la excelencia y la equidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, para contribuir al desarrollo integral del educando.

 

Sus principios serán: aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes; mejora continua de la educación que implica el desarrollo y fortalecimiento permanente del sistema para el incremento del logro académico de los educandos; reconocimiento de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social; búsqueda de la excelencia en la educación; integralidad del Sistema Educativo Nacional; cobertura universal en todos los tipos y niveles educativos, y participación social y comunitaria.

 

El Sistema contará con un Comité consultivo y deliberativo de las acciones del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, el cual acordará los lineamientos que regirán su funcionamiento, así como las actividades de colaboración encaminadas a lograr los principios del Sistema.

 

El documento resalta que el personal que ejerza las funciones de docentes, directiva o de supervisión tendrá derecho a acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. El Estado garantizará lo necesario para que dicho personal en la Federación, entidades federativas y municipios, tenga opciones de formación, capacitación y actualización, cuyos contenidos serán elaborados con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así como las condiciones de vulnerabilidad social.

 

Menciona que la oferta de formación, capacitación y actualización deberá centrarse en la mejora continua de las maestras y los maestros; vigorizar el desempeño académico de los educandos, a partir de una oferta amplia de métodos pedagógicos; favorecer la equidad; propiciar la excelencia de la educación que imparta el Estado; ser gratuita, diversa y de excelencia; incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, así como aprovechar y promover el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital.

 

Los recursos materiales y financieros del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación pasarán a formar parte de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

 

La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, mencionó que hoy se tiene una responsabilidad histórica ante el pueblo de México y por ello se da la cara, a pesar de todas las dificultades.

 

Destacó que en este proceso de análisis se logró un gran acuerdo de educación, a favor de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

 

Agregó que se ha tratado de conjuntar tres grandes leyes porque representan el proyecto alternativo de educación. Éstas establecen la enseñanza como un derecho para colocar en el centro del aprendizaje a las niñas, niños y jóvenes, así como la rectoría del Estado y crear las bases para la nueva escuela mexicana con una enseñanza obligatoria, pública, universal, inclusiva y laica desde la inicial a la superior.

 

Además, respeto a la dignidad de las personas, enseñar a partir de valores y diversidad con pensamiento crítico con planes y programas de estudio contextualizados y regionalizados, tomando en cuenta las necesidades que existen en el país educación indígena y revalorar al magisterio para colocarlo en el lugar que se merece; y erradicar a la educación como una mercancía.

 

En los posicionamientos, la diputada del PAN, Isabel Margarita Guerra Villarreal, mencionó que la Ley General de Educación debe garantizar la responsabilidad de la seguridad en los planteles, la integridad física de las personas, la prevención en materia sísmica y ambiental, así como certificar espacios de aprendizaje. También, definir el rol de cada una de las autoridades; fortalecer la inclusión e interculturalidad de la enseñanza, e integrar la participación de niñas, niños y jóvenes en todos los aspectos de su educación, planes de estudio e infraestructura.

 

De la misma bancada, la diputada María Marcela Torres Peimbert expresó que se trata de un documento corporativo y anticonstitucional y, por ello, “los impugnaremos”. El artículo 35 de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros da pase directo de las normales públicas a las plazas, y el 39 fracción IV establece la formación de mesas tripartitas con el sindicato para que tenga opinión y palomeé qué jóvenes pueden entrar o no.

 

La diputada Idalia Reyes Miguel (Morena) señaló que durante mucho tiempo los docentes fueron ignorados y hoy se les hace justicia, ya que se les reivindica su función y se busca abatir los rezagos educativos. “Son los maestros los que conocen las deficiencias del Sistema Educativo Nacional y las soluciones que se requieren, pues más de un millón de profesores realizan su labor en condiciones precarias y con agravios laborales”.

 

El diputado también de Morena, Juan Pablo Sánchez Rodríguez dijo que estas leyes tienen como prioridad la contribución al logro del aprendizaje y desarrollo integral. “Los maestros nunca se han opuesto a la evaluación; por ello, se dispone de una evaluación diagnóstica con el objeto de fortalecer habilidades, aptitudes y conocimiento necesario de docentes, además como mecanismos de retroalimentación”.  También que el Estado va a garantizar los materiales didácticos, la infraestructura educativa y su mantenimiento.

 

En su intervención, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) señaló que dentro de los dictámenes viene cero impacto presupuestal, lo que significa que no se está pensando en un incremento para la educación. “Las normales que tanto se defienden aquí y que son las encargadas de emanar los mejores docentes, no van a tener una mejora, porque no hay impacto presupuestal”.

 

De MC, la legisladora Kehila Abigail Ku Escalante indicó que es necesaria la evaluación diagnóstica y se sepa en dónde estamos parados para seguir mejorando. “Yo sufrí la ausencia de docentes que por obligaciones sindicales o de grupos tenían que ausentarse de las clases, mismas que no recibíamos, y es esa educación contra la que precisamente estamos nosotros luchando el día de hoy para que no continué en las nuevas generaciones de mexicanos y mexicanas”.

 

La diputada Erika Mariana Rosas Uribe (Morena) resaltó que las leyes buscan fortalecer la profesionalización docente y garantizar la educación de excelencia entendida como la promoción del máximo logro del aprendizaje y la inclusión que es el principio y criterio de la educación. Sin embargo, dijo, es importante evitar que por cumplir con el objetivo de fortalecer las escuelas normales del país se caiga en el error de asignar plazas por el simple hecho de concluir sus estudios sin los niveles de exigencia requerida.

 

Mildred Concepción Ávila Vera, diputada de Morena, resaltó que hoy es un día histórico, toda vez que se vence la simulación en materia educativa, ha generado el abuso laboral disfrazado de una evaluación a cambio de la formación de excelencia para las y los docentes. “Nunca más se privilegiará la arrogancia de coaccionar mediante la ignorancia, porque ésta reproduce la incapacidad de empoderamiento económico y social de mujeres y hombres”.

 

El diputado panista, Ernesto Alfonso Robledo Leal, consideró que en estos dictámenes está muy mal, que se delegue a la SEP la facultad exclusiva de regular los procesos de admisión, promoción y reconocimiento de docentes y demás figuras educativas; se viole el régimen constitucional de admisión al contemplar plazas automáticas de escuelas normales públicas y se contraviene el principio de imparcialidad al dar participación a las representaciones sindicales y a las autoridades locales.

 

La diputada Zaira Ochoa Valdivia (Morena) dijo que, si bien hay aspectos que tendrán que ser revisados, evaluados y quizás corregidos, lo cierto es que los asuntos de fondo están cumplidos. “Se pone en el centro la excelencia educativa, y se prioriza el interés superior de la niñez y reconoce la figura del magisterio, por medio de procesos abiertos y transparentes que les asegure una vida digna”.

 

María Chávez Pérez, diputada de Morena, se manifestó a favor de “una educación sin mafia”, pues la Secretaría de Educación Pública es la que siempre ha mantenido la rectoría y no los maestros. “El derecho de las niñas y niños es lo que hemos estado protegiendo. Tenemos casi un año discutiendo estas reformas y aún no hemos podido procesarla ni identificarla”.

 

De esa misma fracción, el diputado Iran Santiago Manuel argumentó que la Cuarta Transformación le cumple al pueblo de México, a las y a los maestros, pero sobre todo a las y a los alumnos, de un intento de privatización de la enseñanza y de la eliminación del normalismo, pero “hoy se hace justicia”.

 

El diputado del PES, Eudoxio Morales Flores, dijo estar a favor de las leyes secundarias, pues incluyen el término de educación humanista; ponen énfasis en la formación incluyente, en particular, en la población rural e indígena y grupos con discapacidad; destaca en temas de desarrollo sostenible, deporte e inclusión de diversidad cultural. Además, las autoridades asumirán las facultades para establecer los criterios de infraestructura educativa; se busca recuperar la rectoría del Estado en este tema y se sientan las bases para una nueva escuela.

 

La diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) señaló que algunos beneficios de las leyes es que se reconoce a la educación como un medio para alcanzar el bienestar de las personas y de la nación, incorporando a la educación inicial y superior como obligaciones del Estado; también se identifica la función de los maestros como actores fundamentales para el cambio. La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros “viene a saldar una deuda histórica con el magisterio, no más evaluaciones punitivas”.

 

Por el PT, el diputado José Luis Montalvo Luna comentó que su grupo parlamentario presentará reservas relacionadas con el tema de los asesores técnicos pedagógicos y el personal psicopedagógico de las escuelas de educación básica y media superior, porque en la Ley General de Educación en el artículo 80, se reconocen los servicios de orientación educativa que debe ofrecer el Estado a los educandos; y en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros no aparecen mencionados.

 

La diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) negó que se hayan incluido las participaciones del parlamento abierto, “porque nos cambiaron el dictamen”. Mencionó que todos los coordinadores de todas las bancadas firmaron un acuerdo con los Asesores Técnicos Pedagógicos, “donde se comprometieron a integrar sus necesidades y esto no está en el dictamen”.

 

La diputada María Teresa López Pérez (Morena) manifestó que esta reforma es muy ambiciosa, pues se generará una educación que responde a las necesidades del país.

 

Su compañera de bancada, María de Jesús García Guardado expresó que con esta reforma se dignifica la figura de los docentes y se dispone a la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona, de su dignidad, derechos y deberes y coloca a los estudiantes en el centro de la enseñanza.

 

Su correligionaria, diputada Estela Núñez Álvarez sostuvo que con estas modificaciones normativas se contribuirá a que los niños posean las mejores atenciones y las mejores oportunidades para que salgan adelante.

 

El diputado Roberto Rubio Montejo (PVEM) mencionó que es importante que se fortalezca la profesionalización de las maestras y los maestros para que cuando estén frente a un grupo, haya calidad educativa.

 

La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz (PAN) dijo que la educación privada es el 33 por ciento de la matrícula en el país y no utiliza ningún recurso público para subsistir, es un giro que tiene una gran imposición recaudatoria, incluso más que los casinos y centros nocturnos. “Hay que mejorar la educación pública a favor de nuestras niñas y nuestros niños”, aludió.

 

El diputado Azael Santiago Chepi (Morena) señaló que durante más de cuatro décadas el país vivió una política de saqueo; nuestros maestros perseguidos, encarcelados, junto con los normalistas son hoy los defensores de la Constitución y de nuestras comunidades. “Esta reforma educativa reconoce y empodera a nuestras niñas y niños”, aseguró.