La Cámara de Diputados aprobó, por 441 votos a favor, cero en contra y una abstención, un dictamen que modifica los artículos 166, 168 y 170 de la Ley General de Víctimas.
La reforma establece que la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas deberá nombrarle a la víctima, a través de la Asesoría Jurídica Federal, un intérprete o traductor lingüístico cuando no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual.
Añade que tendrá el derecho de que su abogado comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida, y de contar con un intérprete o traductor de su lengua, cuando así se requiera. Asimismo, las entidades federativas también contarán con intérpretes o traductores lingüísticos que darán atención a las víctimas.
El dictamen se remitió al Senado de la República para sus efectos Constitucionales.
Comunidades indígenas enfrentan juicios discriminatorios
Al fundamentar el dictamen, la diputada Ana Ruth García Grande (PT) dijo que las comunidades indígenas enfrentan diariamente juicios y conductas discriminatorias que vulneran sus derechos humanos, debido a la ausencia de traductores intérpretes de lenguas indígenas, situación que genera una serie de omisiones en la búsqueda de justicia.
Es indispensable, agregó, otorgar la asistencia de un defensor, en forma paralela a la de un intérprete y un traductor, pues esto es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada y, por lo tanto, el pleno acceso a la justicia de nuestras comunidades indígenas.
“Con esta reforma se reafirma la intención de legislar a favor de los derechos fundamentales de todas las personas y particularmente de los más vulnerables, pues el derecho a la asistencia, de intérprete en las actuaciones judiciales, así como la posibilidad de tener un traductor, debe estar garantizado por el Estado”.
Con esto, agregó, se logrará que haya menos discriminación y garantizará el acceso a la justicia en un entorno de igualdad.
La iniciativa nace de la demanda de justicia
Al fijar su postura, la diputada Margarita García Garcia (PT) afirmó que la iniciativa nace de la demanda de justicia por parte de las comunidades indígenas “que al no hablar español muchas veces se ven incapacitados para realizar sus denuncias”.
Puntualizó que la Ley de Víctimas no toma en cuenta a quienes no hablan español, a pesar de que este ordenamiento defiende derechos humanos básicos, usos y costumbres de comunidades indígenas.
Agregó que las mujeres son las más vulnerable, ya que viven en comunidades con poco o nulo desarrollo y no cuentan con estudios, por lo que la mayoría son monolingües y las fiscalías no siguen de manera adecuada los protocolos para determinar y descartar situaciones como en el caso de quienes sufren discapacidad auditiva, visual o verbal.
“Debemos mejorar nuestras leyes para que las injusticias que han sufrido no sigan sucediendo y las víctimas puedan presentar denuncias correspondientes sin encontrar limitaciones”, apuntó.
