Profesionalización del OIC debe seguir la ruta normativa del Instituto
Sesión Extraordinaria del Consejo General.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las medidas encaminadas para asegurar la accesibilidad en los domicilios donde se instalen casillas para las personas con discapacidad en procesos electorales y de participación ciudadana.
El objetivo es establecer los mecanismos, procedimientos y acciones que deben seguirse antes, durante y después de los procesos electorales, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía en situación o condiciones de discapacidad.
“Con la aprobación de estas medidas se ofrecerá a la ciudadanía, en especial aquellas que sufren alguna discapacidad, condiciones y herramientas suficientes para ejercer sus derechos político-electorales en igualdad de condiciones y sin discriminación, fomentando medidas de inclusión, no sólo en lo electoral, al proporcionar un trato digno para todas las personas”, resaltó la Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización Electoral.
Al presentar el proyecto Humphrey afirmó que los esfuerzos realizados por el INE concretan una política integral, transversal y progresiva de igualdad de trato, de goce y ejercicio de los derechos humanos, asegurando la accesibilidad a la ciudadanía a los espacios donde se ubicarán e instalarán las casillas electorales el día de la Jornada Electoral.
De acuerdo al documento, las medidas para asegurar la accesibilidad tienen como alcance abarcar todos los lugares, ya sea al interior o exterior, que serán considerados para instalar casillas; con ello se busca asegurar razonablemente las condiciones de acceso e inclusión en beneficio de las personas con discapacidad, otros grupos en condición de vulnerabilidad y la ciudadanía en general.
La optimización de materiales electorales garantiza derecho al sufragio de personas con discapacidad
En este tema, la Consejera Dania Ravel comentó que los esfuerzos que el Instituto realiza para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio en igualdad de condiciones de la ciudadanía con discapacidad se han materializado a través de la ubicación de casillas en lugares accesibles, pero también en la optimización de materiales electorales inclusivos.
Como ejemplo destacó que tras la implementación del formato de registro de personas en 2017, el INE obtuvo la información de la ciudadanía con discapacidad que acudía a emitir su voto, por lo que para las elecciones de 2018 fueron a votar 105 mil 56 personas; para 2019, 31 mil 678; para 2020, 8 mil 555; en 2021, 308 mil 509 y, por último, para las elecciones locales 2021-2022 se tiene registro de 24 mil 112 personas con discapacidad.
INE siempre abierto a escuchar a la ciudadanía
La Consejera Adriana Favela dijo que estas medidas son una muestra palpable de que esta institución está abierta a escuchar cualquier tipo de sugerencia, ya que cada vez que hay un proceso electoral el INE realiza ajustes para perfeccionar sus actividades.
Y confió que los miembros del Consejo General que continuarán en funciones seguirán con el acompañamiento de las personas con discapacidad para efectuar acciones a favor de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad.
Profesionalización del OIC debe seguir la ruta normativa del Instituto
Al conocer el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se determina que los actos emitidos por el titular del Órgano Interno de Control (OIC) correspondientes a la creación de un Servicio Profesional del Órgano Interno de Control, serán regularizados por este órgano superior de dirección, la Consejera Claudia Zavala precisó que la propuesta busca establecer una ruta para la adecuada profesionalización del OIC.
La propuesta, agregó, debe encontrar un cauce institucional y ser analizado con las áreas técnicas y el titular del OIC, “para que podamos encontrar y se pueda encontrar el mejor camino administrativo”.
Resolución sobre profesionalización del OIC debe ser competencia del TEPJF
Al exponer las razones por las cuales no acompañó el punto, el Consejero José Roberto Ruiz advirtió que el proyecto de acuerdo que se trae a la mesa sobre la profesionalización del OIC tiene como motivo una diferencia jurídica entre las partes involucradas.
“Lo más conveniente jurídicamente sería someter este tema a una consulta competencial de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, consideró.
OIC tiene las facultades para proponer un Servicio Profesional de Carrera
Por su parte, la Consejera Norma De la Cruz al emitir su voto particular en contra de la propuesta, consideró que el OIC tiene todas las facultades conferidas en la Ley General de Procedimientos Electorales para presentar a la aprobación del Consejo General sus programas anuales de trabajo, en los cuales planteó en 2021 y 2022 el diseño del modelo de Servicio Profesional de Carrera. Asimismo, acompañó la propuesta del Consejero Ruiz de consultar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el tema.
Se debe tener comunicación entre las partes involucradas
Al respecto, la Consejera Adriana Favela indicó que ambas partes son corresponsables ante la falta de comunicación que llevó a no generar una actividad conjunta para el diseño el Servicio Profesional del OIC.
“Lo ideal hubiese sido que entonces el OIC junto con el área administrativa del Instituto estuvieran trabajando de manera conjunta para poder estar entonces diseñando lo que fuera la estructura, o sea, el Servicio Profesional del OIC, pero de manera conjunta”, afirmó.
Reglas actuales no impiden la creación de un servicio profesional
Durante su participación en este punto la Consejera Dania Ravel manifestó que no encuentra impedimento para que, con las reglas actuales se tenga un servicio profesional en el Órgano Interno de Control, “sobre todo porque no se está modificando la estructura, ni el personal, ni los recursos que se requieren para mantenerla, sino lo que se pretende es regular la manera en que se va a llevar a cabo la ocupación de los cargos”.
Desde su perspectiva, la implementación del Servicio Profesional en el OIC no implica que el INE deje de aprobar su estructura, sino que podría implementarse como un sistema mixto en donde el Consejo General ejerza sus atribuciones para determinar la estructura y presupuesto, y el OIC determine el mecanismo para la ocupación de las plazas.
INE a favor de la profesionalización del OIC
Al apoyar la propuesta la Consejera Carla Humphrey explicó que el proyecto de acuerdo propone realizar análisis, estudios y reuniones conjuntas para tener un servicio que sea acorde con la normativa del Instituto Nacional Electoral, más no indica que no se va a contar con un servicio profesional.
“En ninguna parte de este acuerdo se está diciendo que no va a haber este servicio, sino se está diciendo que se va a hacer de la forma que se tenga que hacer de acuerdo a nuestro marco normativo”, señaló.
En este sentido, enfatizó que es importante contar con personal profesional y capacitado en el OIC en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
Corresponde al CG reglamentar profesionalización del OIC
El Consejero Jaime Rivera estimó que el Órgano Interno de Control forma parte del INE y, como tal, las reglas generales del Instituto para su profesionalización “bien pueden ponerse en práctica con las particularidades que debe tener el OIC, pero justamente atendiendo todas estas características, le corresponde al Consejo General aprobar tales reglas”.
En tiempo y forma actividades de los PEL 2022-2023
En otro punto del orden del día, al presentar el Informe de Seguimiento al Plan Integral y Calendarios de Coordinación de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2022-2023, la Consejera Dania Ravel informó que con fecha de corte al 27 de marzo se reporta que en el caso de Coahuila se han iniciado 137 actividades que representa el 60.9% de total; y en el Estado de México se han iniciado un total de 123, lo que representan el 60% de las mismas, quedando en ambas entidades 88 actividades pendientes.
Aclaró que el calendario para la entidad de Coahuila se conforma de 225 actividades, mientras que para el Estado de México se integra por 205. La diferencia de 20 actividades corresponde a las que se suman en Coahuila para la renovación del Congreso del estado.
