La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Miroslava Carrillo Martínez (Morena), aprobó con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, modificar el dictamen a la minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política para incorporar al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa: el mal uso de programas sociales con fines electorales; la corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, así como el robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.
La minuta aprobada por el Senado de la República y remitida a la Cámara de Diputados, planteaba establecer nueve delitos que ameritaban prisión preventiva; sin embargo, la comisión consideró incorporar únicamente tres.
El documento señala que esta comisión dictaminadora está consciente e informada de que diferentes organismos de la sociedad mexicana e internacional consideran que el incremento del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa afectan la esfera jurídica de las personas.
Desde esa perspectiva, aseguran que esa tendencia es violatoria de la presunción de inocencia, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial, igualdad, integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos, principalmente. Por ello, la comisión validó exclusivamente las tres conductas antijurídicas y punibles antes mencionadas.
Destaca que debido a la coyuntura de violencia, impunidad e inseguridad que afecta a las personas en todo el territorio nacional desde hace más una década, y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal, el Estado mexicano debe tener mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre.
Además, disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para víctimas o instituciones.
Establece que se busca atender de manera eficaz la problemática de impunidad e inseguridad en las que está inmerso nuestro país, situación que ha generado millones de víctimas ante los delitos de corrupción, uso indebido de los programas sociales y robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin que haya algún castigo o sanción a los responsables.
Al fijar su posicionamiento sobre el dictamen, el diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) subrayó que el uso electoral de recursos públicos, lesiona la democracia y es un delito que no lo comete cualquier persona, sino “los poderosos y que son elementos integrantes de la estructura del Estado corrupto”; por ello pidió apoyar la lucha contra este ilícito.
Su compañero, el legislador Erasmo González Robledo expresó que la corrupción invade todo y es medular atacarla, por ello, el empezar mandando una señal en estos tres delitos inventariándolos en el catálogo, es trascendente. “Estamos discutiendo un punto relevante e importante, debido a que todos hemos vivido las condiciones de inseguridad, condiciones de impunidad y robo de votos electorales”.
De la misma bancada, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna resaltó que hay una situación grave en el robo de hidrocarburos y la prisión preventiva en este tema es una medida necesaria, idónea y proporcional para castigar o combatir este delito que “tanto daño le causa al Estado”.
En su intervención el diputado del PAN, Raúl Gracia Guzmán sostuvo que la reforma no soluciona el problema. “Esto es una falacia, lo único que hace es que el más amolado -porque no tiene la capacidad de una defensa o de corromper el sistema- lleve su proceso en prisión”. Convocó a mejorar las instituciones de impartición y procuración de justicia y de seguridad, y no modificar la Constitución Política para mermar los derechos y libertades de los mexicanos.
El legislador panista Jorge Luis Preciado Rodríguez subrayó que “no porque estés a favor de la presunción de inocencia quiere decir que estés a favor de que no se encarcele a los huachicoleros; ésa es delincuencia organizada y ya está en el Código Penal Federal”. Resaltó que se plantea establecer delitos como si el sistema funcionara; por ello, pidió que se dé el tiempo suficiente para discutir y escuchar a especialistas.
La diputada María Alemán Muñoz Castillo (PRI) coincidió en la necesidad de establecer en la Constitución conductas que por su impacto social y económico ameriten prisión preventiva. Sin embargo, consideró que debe haber mayor análisis en las repercusiones que esta adición traerá al sistema de impartición de justicia del país. Por ello, dijo, su grupo parlamentario se abstendría de votar; solicitó la apertura al análisis y discusión del tema de la mano de la sociedad y especialistas.
Del PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz indicó que la modificación busca dar respuesta a un reclamo histórico de la ciudadanía que no denuncia porque sabe que ni siquiera va a ver un segundo al delincuente en el marco de una medida cautelar. Aclaró que no está a favor de vulnerar los derechos humanos y de que haya restricción de garantías.
La legisladora Ana Ruth García Grande (PT) indicó que el tema de fondo que se discute alude a los tipos legales que se están tratando en el dictamen. “Hay cosas que le duelen a México, contextos urgentes e importantes, y se debe tratar de esclarecer cada uno en términos de las tareas de la Cámara”.
De MC, la diputada Martha Tagle Martínez señaló que con la reforma se llevarían a personas inocentes a la prisión preventiva oficiosa porque no tienen con qué defenderse. “Es mentira que van a llevar a los delincuentes que tienen recursos. Acompaño la determinación de combatir el robo a los combustibles, pero hagámoslo de manera correcta”.
La legisladora Adriana Gabriela Medina Ortiz, también de MC, estimó que avalar “con prisas esta minuta sigue representando obstaculizar la consolidación del Sistema Penal Acusatorio con todos sus alcances”. Enfatizó que no se puede convalidar una prisión preventiva si se reconoce que la procuración de justicia, seguridad pública y la impartición de justicia no funcionan eficazmente.
Al fijar su posicionamiento, el diputado Javier Salinas Narváez (PRD) señaló que la prisión preventiva es una medida cautelar para evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, “no es una medida punitiva o sentencia; se debe dictar por el juzgador con base en los elementos que establece el Código Penal, y no con base a un listado de delitos en la Constitución”.
El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) afirmó que simplemente se está reformando un artículo y lo que se busca es incorporar conductas nuevas y aclaró que los que reconocen derechos humanos y garantías en los procesos quedan como están, no se modifican; por ende, “no veo de dónde se justifique una violación a derechos humanos y al debido proceso”.
jueves, abril 18, 2024
