La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), aprobó en lo general y particular, con 26 votos a favor, dos en contra y una abstención, el dictamen que reforma la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, cuyo propósito es la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación económica del país.

Destaca que la reforma no pretende en ningún sentido exceder los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas locales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.

El documento, que se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa, también modifica el decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y reforma diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial el 27 de abril de 2016.

Se establece que las entidades federativas podrán redirigir los recursos presupuestados en materia de desastres naturales para la atención de contingencias sanitarias, y otorga mayor claridad y certeza jurídica en el ejercicio de las transferencias federales etiquetadas.

Entidades y municipios podrán encarar emergencia sanitaria

Al referirse al dictamen, el secretario de la Comisión, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), señaló que el beneficio de la reforma es encarar de mejor manera las necesidades que se han evidenciado en las entidades y municipios para atender tensiones en las finanzas públicas que fueron generadas o agravadas por la emergencia sanitaria y económica, y se cubren situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza.

Relató que se ajusta el texto para atender una emergencia una vez que sea reconocida por la autoridad competente, la modificación quedará vigente a partir de este año y para los siguientes ejercicios; es una precisión necesaria, porque de otra manera, estará prohibido contratar personal de salud adicional, aunque se necesite.

Por ello, se incorpora la definición de emergencia o contingencia sanitaria para que los recursos previstos en los presupuestos estatales para desastres naturales también se destinen a acciones extraordinarias en materia de salubridad general.

Además, se incluyen disposiciones para apoyar a los gobiernos ante caídas del PIB superiores al 5 por ciento; en ese caso, se permitirá la reestructuración de deuda de corto plazo celebrada en el ejercicio anterior al que se observó la caída del PIB; así se podrá ampliar la fecha de liquidación establecida en periodo de pagos de capitales iguales o consecutivo de la deuda para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.

Las entidades federativas y municipios, expuso, podrán diferir los pagos de la deuda de corto y largo plazo por un período de hasta 12 meses; lo anterior, está en línea con la argumentación pública del Ejecutivo federal a favor de las reestructuraciones porque representan un alivio temporal para los estados y municipios.

Esta propuesta, dijo, es similar a la medida empleada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y sólo se podrá implementar durante el ejercicio fiscal 2020 atendiendo a la emergencia.

Además, las transferencias federales etiquetadas del 2019 podrán devengarse y pagarse en diciembre del 2020, mientras que las de 2020 podrán devengarse y pagarse en octubre del 2021, siempre que los recursos en ambos casos hayan estado comprometidos en diciembre.

“Esta medida es una de las más sensibles pues evita sancionar retrasos en el reintegro de las transferencias que se tenían que hacer en marzo de este año, justo cuando inició la etapa crítica de la pandemia que fue un hecho claramente emergente y que altera el ritmo de las actividades”, añadió.

Para reactivar la economía municipal se propone que los municipios con población menor a 200 mil habitantes que tienen escasa capacidad administrativa, no estarán obligados a presentar la opinión del ente fiscalizador de la entidad federativa como uno de los requisitos para inscribir el financiamiento.

Con este conjunto de modificaciones, afirmó, la norma se mejora y actualiza; se mantienen los principios constitucionales de la reforma de 2015 y se libera el flujo de recursos para que las entidades federativas y los municipios puedan atender la pandemia, las presiones financieras y el contexto económico que está generó. “No se autorizan erogaciones adicionales, ni un ejercicio discrecional; no tiene impacto presupuestario”.

Ayuda a que estados y municipios tengan liquidez

Al fijar su postura, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) señaló que la reforma es correcta, pues la ley no preveía la necesidad de darle, a estados y municipios con deuda, condiciones para aligerar sus obligaciones de intereses, atender la emergencia sanitaria, a que tengan liquidez, flexibilidad para negociar sus deudas y recursos para implementar la gestión y política pública.

Medida insuficiente y con poco alcance

Al hablar en contra, el diputado del PT, Óscar González Yáñez consideró que la medida es insuficiente y con poco alcance; el beneficiario es el sistema financiero y los bancos. Propuso revisar entidad por entidad, conocer las medidas para bajar su gasto corriente o el manejo de comunicación social. “Se rompe la autonomía de los estados y desaparecen facultades a los congresos locales; la medida no debe ser general para todas las entidades”.

Mejora el gasto de las entidades

El coordinador de MC, Tonatiuh Bravo Padilla, reconoció que la medida no es de largo alcance ni de profundidad, pero sí contribuye a mejorar el gasto de las entidades para el control de la pandemia y de la reactivación económica. Planteó adicionar un transitorio para que en un lapso de 12 meses la Cámara de Diputados revise la dependencia de los financiamientos de corto plazo en las entidades federativas, promoviendo una mejor gestión financiera pública.

Con esta modificación se abre la ruta a créditos corto plazo

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del PT, dijo estar en contra y señaló que esta reforma permite contratación y adjudicación directa de la deuda sin aprobación o consulta de los congresos locales. “Esta modificación abre la ruta a créditos de corto plazo, lo cual no es la salida correcta; necesitamos ser responsables y no aprobar esta reforma”.

Establece alternativa para que gobiernos enfrenten la crisis

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (Morena) comentó que todos los grupos parlamentarios, más allá de ideologías o colores, pudieron construir una alternativa que permita a los gobiernos subnacionales enfrentar las crisis sanitaria y económica.

Se busca que estados y municipios tengan algo más

De la bancada del PRI, el diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal indicó que esta reforma pretende de manera temporal generar un mecanismo que permita a los estados y municipios tener algo más. “Sin duda no es la solución o remedio, algo que se queda corto, pero es lo que se pudo consensar para darles un apoyo”.

Necesario, establecer una opción que ayude a las entidades atender la contingencia

El diputado Fernando Galindo Favela, también del PRI, habló a favor y señaló que la medida para restructurar pasivos de corto plazo ayuda sobre todo en este entorno que estamos viviendo. “Debemos buscar una alternativa que sí ayude al flujo de las entidades federativas sobre todo para atender esta contingencia sanitaria y reactivar la economía”.