La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó con modificaciones la minuta con proyecto de decreto para adicionar un artículo 54 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer en el capítulo de Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos, la especificación simulación de reintegro o devolución de recursos.
El artículo planteado establece que incurrirá en esa conducta el servidor público que ordene, autorice, permita o realice el reintegro o devolución de recursos públicos a las cuentas bancarias en donde se realizan los depósitos de recursos financieros de carácter federal, estatal o municipal que le sean asignados al ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas por la Auditoría Superior, de los órganos de fiscalización superior de las entidades federativas, internos de control o cualquier otra autoridad que lo hubiere ordenado, y posteriormente los asigne o destine nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley.
Para evitar confusión y que haya más claridad entre términos y precisar la conducta a que se refiere el nuevo artículo, la diputada de Morena, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez propuso agregar “o devolución”; cambiar el término “aperturadas para”, por “donde se realice” el depósito de recursos financieros, y sustituir la palabra “desvíe” por “destine”. Argumentó que de no modificar esos conceptos se prestaría a confusión.
Su compañero de bancada, el diputado Rubén Cayetano García indicó que, al aceptar esos cambios, es necesario incorporar el término “o devolución” para reencauzar la conducta que se define.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), propuso adicionar el término “permita”, pues un tema de esta naturaleza lo decidiría un funcionario de primer nivel y lo ejecutaría alguien de segundo o tercer nivel. “No dejará rastro y no va a haber registro de que lo ordenó ni de que lo autorizó, y no lo va a realizar, pero sí puede permitir que lo haga su subalterno”.
Asimismo, se aprobó el acuerdo de la Comisión para emitir la Opinión al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 en la que se aceptan solicitudes de ampliación presupuestal de los órganos internos de control del Instituto Nacional Electoral, por 2.2 millones de pesos para adquirir letreros, hardware y plataforma para manejo y hospedaje de información.
También se aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la República por 48 millones de pesos a fin de crear cuatro nuevas unidades administrativas, así como por 50 millones de pesos para crear el Sistema Integral de Gestión y Operación.
El documento señala que se aceptan las solicitudes de ampliación presupuestal de los titulares del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien pidió la redistribución de los recursos asignados en el proyecto del PEF sin modificar el techo de gasto, por 927.4 millones de pesos, así como de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción por 7.5 millones de pesos para mantener su estructura operativa vigente.
