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Apoyo económico no genera política pública de inclusión de las personas con discapacidad

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México es un país lleno de grandes retos, principalmente para lograr los acuerdos que permitan la inclusión y las acciones necesarias a favor de las personas con discapacidad, aun cuando hay muros que impidan nuestro paso, estos deben ser derribados no con fuerza, sino con el uso de la razón, comprensión y  respeto. Hoy más que nunca me queda claro que si la sociedad y sus gobiernos no trabajan juntos, no lograremos la calidad de vida que tanto deseamos.

Asimismo, podemos señalar a nivel Internacional, que la voluntad ha creado avances importantes en el tema. Ante tales circunstancias, la Organización de las Naciones Unidas aprobó en Asamblea General: “La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en la cual México forma “Estado Parte” desde el 30 de marzo de 2007, cuando se ratificó por el Senado de la Republica.

Su objetivo principal es el promover, proteger y asegurar el goce pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y que no solo busca una propuesta dirigida a la asistencia social, sino de implementar políticas públicas, en donde exista un fortalecimiento y se reconozca una serie de ámbitos fundamentales, como son la accesibilidad, salud, educación, empleo, participación en la vida política, así como la igualdad y la no discriminación.

Actualmente la presencia de las personas con discapacidad es transversal, nos encontramos en todos los ámbitos sociales de este país, en la administración pública, en la vida política, en el deporte, en las escuelas, en la ciencia, en la iniciativa privada, como emprendedores, en el campo, etc.

Por eso es momento de reclamarle al Gobierno Federal que su política de inclusión, tomando como base fundamental la asistencia social, muestra un total desinterés al creer que con un Apoyo Económico bimestral de $2.550.00 pesos, se tendrá una progresividad en el desarrollo de las personas con discapacidad, cabe señalar que la política pública para el acceso a los derechos humanos de las personas con discapacidad, acorde con el modelo social que plantea la Convención, no es una opción, es una responsabilidad del Gobierno.

Aunado a lo anterior, en el Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor de generar una cultura de respeto, equidad e inclusión hacia las personas con discapacidad en la Ciudad de México.