El magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón presentó a la Comisión de Fortalecimiento una propuesta de reforma al Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para garantizar el acceso pleno a la justicia electoral a integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad y con desventaja histórica. Con este objetivo, se contempla transformar a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas (DPEPCI) en la Defensoría Pública Electoral (DPE) y beneficiar con los servicios que ofrece a más grupos en situación de desventaja estructural e histórica.
Particularmente, la DPE se concentrará en atender a personas de las comunidades y pueblos indígenas; mujeres en casos de paridad y de violencia política de género; personas residentes en el extranjero, personas afromexicanas; personas con discapacidad; personas de la diversidad sexual y de género; así como personas en prisión preventiva.
Sobre este tema, en el marco de una gira de trabajo que realizó por Campeche, el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dictó la conferencia magistral “Democracia incluyente: Retos para el acceso a la justicia electoral”, en donde expuso que la DPE propuesta prevé: mayor capacidad de atención a personas de distintos grupos discriminados; un catálogo más amplio de servicios, es decir, no sólo representación y asesoría, sino también orientación y mediación; y, sobre todo, permitirá que todas y todos los mexicanos, sin importar su origen, género o condición, tengan acceso a una justicia electoral auténtica, gratuita, pronta y expedita.
En ese sentido, subrayó que en el TEPJF se avanza en una dirección clara: quienes históricamente han sido excluidos en la toma de decisiones y representación política, deben ser ahora los protagonistas de una democracia plural e incluyente.
Una democracia incluyente, destacó el magistrado Reyes Rodríguez, sólo se construye al eliminar las condiciones de desventaja que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las personas por su identidad, origen étnico, residencia o condición social.
La propuesta promueve impulsar la participación de la nueva DPE en los supuestos de mediación previstos en la ley, contribuyendo a la resolución duradera de conflictos a través de la participación y el diálogo.
A fin de estar en posibilidad de ampliar los servicios que ofrece esta instancia, así como el número de ciudadanas y ciudadanos que beneficia con ellos, se contempla la colaboración con colegios, barras de abogados e instituciones educativas para que colaboren mediante la prestación de servicios pro bono. Este esquema de trabajo interinstitucional también prevé estrechar la colaboración con autoridades electorales locales en materia de capacitación y formación de las y los defensores públicos, fortaleciendo así la representación a nivel local de las personas que integran los grupos en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la propuesta plantea robustecer la autonomía técnica y operativa de la DPE. Para ello, seguiría siendo un órgano auxiliar de la Comisión de Administración y, además, se promovería un servicio profesional de carrera que privilegie el mérito, la igualdad de oportunidades, la perspectiva de género, la evaluación del desempeño y la formación permanente de las y los defensores. Específicamente, sobre la persona titular de la Defensoría, se contempla que la Comisión de Administración se encargue del proceso de selección, a partir de un concurso público, transparente y objetivo. Para ello, se convocarían personas con las competencias idóneas y con una amplia sensibilidad y trayectoria en temas de defensoría y protección de los derechos de las personas, en especial de quienes se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad.
Para el diseño de la propuesta de reforma al Reglamento Interno, se analizaron experiencias, buenas prácticas y principios en materia de defensoría, tanto en el ámbito nacional como internacional.
La propuesta de la nueva DPE acompaña la labor jurisdiccional que el TEPJF ha realizado y que se caracteriza por incorporar criterios enfocados en la impartición de una justicia cada vez más incluyente, poniendo énfasis en las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad o desventaja histórica.
Durante la gira de trabajo también se firmó un Convenio de Colaboración entre el TEPJF, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche y el Instituto Electoral del Estado de Campeche, en el que participaron el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C., César Lorenzo Wong Meraz; la magistrada presidenta de ese tribunal, Brenda Domínguez Aké y la consejera presidenta local, Lirio Guadalupe Suárez Améndola.
En la siguiente liga se puede consultar la Propuesta de Reforma al Reglamento Interno del TEPJF, para la creación de la Defensoría Pública Electoral:
https://www.te.gob.mx/comision_fortalecimiento/front/propuesta/pdf/1/8
