Con el objetivo de transparentar el manejo de las finanzas públicas y mejorar los beneficios para las y los trabajadores de nóminas del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas, a cargo de Luz Elena González Escobar, anunció la creación del Comité de Inversión y Análisis de Riesgos.

La titular de esta dependencia capitalina, explicó que el Comité de Inversión y Análisis de Riesgos será público, de tal forma que los ciudadanos puedan asistir a las sesiones de trabajo y conocer la toma de decisiones relacionadas con las instituciones financieras; también se contará con la participación y supervisión de la Contraloría General capitalina.

“Que todo mundo esté enterado de cómo se maneja el presupuesto, dónde está el dinero de la ciudad, qué se contrata, qué no; y que eso sea a través de mecanismos de transparencia y que cualquier institución pueda tener acceso a esa información”, puntualizó.

González Escobar indicó que la próxima semana saldrán los lineamientos en la Gaceta Oficial para que las instituciones financieras puedan participar en las contrataciones, prestaciones de servicios, pagos e inversiones que el Gobierno de la Ciudad de México requiera.

Señaló que el gobierno tiene una plantilla con casi 350 mil trabajadores, cuyos pagos se manejan a través de dos sistemas: uninómina, que concentra la mayoría de los pagos del gobierno de la ciudad, con más de 230 mil empleados en su registro; y el resto se encuentra dentro de los organismos descentralizados que manejan su propio sistema.

Asimismo, comentó que las cuentas de nóminas de las dependencias capitalinas, alcaldías, entidades y órganos desconcentrados actuallmente son manejadas por las instituciones bancarias de Banco Mercantil del Norte (Banorte), Banco Santander, S.A., Grupo Financiero Banamex, Grupo Financiero BBVA Bancomer, HSBC Bank y Banca Afirme, S.A.; las dos primeras mencionadas con el 53 y 37 por ciento respectivamente, el resto era dividido entre las demás instituciones financieras.

Por ello, destacó que para erradicar la concentración de servicios por instituciones, se tomarán criterios adicionales para la selección de las instituciones para el pago a trabajadores, así como para las inversiones de la ciudad como:

– Revisar las condiciones para los trabajadores y el gobierno de la capital

– Garantizar la red de cajeros automáticos, en áreas de grandes volúmenes de empleados

– Pago de timbrado

– Mejores prestaciones hacia los trabajadores

– Facilidades para la apertura y traslado de cuentas

“Nosotros queremos acabar con ese manejo discrecional y tratar de institucionalizarlo, pero no entra en la ley de adquisiciones. Por eso queremos hacer un comité colegiado, con reglas claras de participación que hagan que en los hechos se compita por el manejo», dijo.

González Escobar añadió que en el caso de la Subtesorería de Administración Tributaria se retomará el concepto de “Oficinas de Prestación de Servicios y de Orientación” con el objetivo de modernizar la forma de cobro de los impuestos, facilitar el pago de los contribuyentes, la creación de líneas de captura y la remodelación de sus oficinas.

El programa consiste en alquilar un espacio para los bancos durante diez años para que instalen una sucursal bajo el esquema “ganar – ganar”, obteniendo beneficios para ambas instituciones, mientras que para la innovación tributaria se impulsará el uso de nuevas tecnologías con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Para el esquema de Inversión de Recursos Financieros, se plantea llegar a 40 instituciones con las que no se cuenta una relación contractual, pues al momento se tiene contrato con 26 que operan en el gobierno; este tipo de relación se maneja a partir de dos recursos, federales y de libre disposición.

Agregó que para el 2019, el Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un total de ingresos de 234 mil millones de pesos, donde 207 mil millones son recursos de libre disposición, 22 mil millones federal y 5.5 mil millones de deuda, por lo que todo el presupuesto será manejado bajo tres condiciones: transparencia en la asignación de recursos; competencia en las instituciones para la asignación de recursos; así como eficiencia y eficacia en el servicio.