Ante diputados Función Pública presenta su estrategia y avances para combatir la corrupción

Nacional

Desde el primero de diciembre de 2018, la Secretaría de la Función Pública trabaja en construir una nueva ética pública que siente las bases del desarrollo nacional, expuso su Titular, Dra. Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en reunión de trabajo con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, la Secretaria Sandoval Ballesteros informó sobre los principales esfuerzos que ha desarrollado la Dependencia a su cargo para combatir la corrupción y la impunidad.

Explicó que mientras la administración anterior sólo realizó 26 investigaciones durante 2018, del 1º de diciembre al 4 de marzo ya se abrieron 23 investigaciones sobre presuntas faltas administrativas, con daños patrimoniales que alcanzan los 73 millones de pesos. Entre ellas se abrieron investigaciones de tres altos funcionarios de Pemex por su probable participación en hechos de defraudación.

En ese sentido, la Función Pública inició 15 auditorías a Pemex Exploración y Producción relativas a convenios suscritos con instituciones públicas de educación superior por la participación de servidores públicos en la llamada “Estafa Maestra”.

Se aprobó el Programa Anual de Control y Fiscalización 2019, que incluye la revisión y acompañamiento, de los 25 programas prioritarios del Gobierno de México, entre ellos: Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas y Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. En total, el programa considera 2,813 revisiones, de la siguiente manera: 950 auditorías y 50 visitas de control por la Subsecretaría del Combate a la Corrupción; y 1,813 auditorías por los Órganos Internos de Control.

A la par, hizo énfasis en que “estamos auditando a nuestros contralores internos. Tienen altos estándares hoy y son más exigentes. Todos están a prueba, y habrá un sistema de rotación entre ellos”.

Asimismo, indicó que, por primera vez en la historia del país, el porcentaje del gabinete legal y ampliado que hizo pública su declaración patrimonial es del cien por ciento, lo cual incluye secretarios, subsecretarios y los 32 delegados federales. Recordó que se mejoró el sistema DeclaraNet, con el propósito de eliminar las exclusiones en la publicidad de la información de datos patrimoniales.

También en materia de transparencia, la Titular de la Función Pública anunció que esta Secretaría va abrir un sitio web para ofrecer acceso total y pleno a la información sobre la nómina de la administración pública federal.

Acerca del nuevo Código de Ética de los servidores públicos federales, la Doctora Sandoval Ballesteros declaró que “no basta el perfeccionamiento de las leyes cuando los servidores públicos que deben aplicarlas, no se someten a ellas por convicción”.

Asimismo, la Secretaria de la Función Pública dijo que se está elaborando una Cartilla de Integridad y un nuevo marco que le dé a las empresas una certificación, para que las empresas probas sean las que puedan participar en las licitaciones. “Estamos trabajando en el distintivo de integridad para las empresas mexicanas, que se reflejará en el padrón mexicano de empresas con probidad”, refirió.

En cuanto al marco legislativo, expuso que Ley de Austeridad Republicana busca avanzar en una austeridad que no merme lo recursos que tienen los programas sociales, sino que tenga una relación más directa con los beneficiarios finales.

También se impulsan las leyes de Profesionalización de la Administración Pública Federal, de Conflicto de Intereses y de Protección y Estímulos a Alertadores internos.

Informó también que, desde el 1 de diciembre a la fecha, se han atendido 10,581 peticiones ciudadanas, 4,906 asesorías telefónicas, 5,745 asesorías vía chat, 706 asesorías presenciales, 650 asesorías a Órganos Internos de Control y 929 asesorías y aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales.

Reiteró que la nueva Secretaría de la Función Pública avanza con celeridad en la integración de las denuncias de probables delitos sujetos a responsabilidades administrativas y penales por los actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito.