Ante las denuncias de familias con pacientes afectados por el Covid-19 por los desembolsos superiores a los mil pesos que deben realizar diariamente en el llenado de sus cilindros de oxígeno médico, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, presentó un Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a cumplir con sus facultades y vigile los precios para la comercialización del insumo pues ese dinero ya no se los regresa el gobierno, como debiera ser.

A nombre del GPPRD, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que pese a los anuncios del gobierno de la Ciudad de México para incrementar a cinco, el número de puntos de recarga de oxígeno medicinal, queda claro que no ocurre lo mismo en todo el país y que la crisis de infectados ha rebasado la capacidad del Estado por lo que las familias están sufragando de sus bolsillos el costo de la enfermedad.

Indicó que resulta inaceptable permitir que se haga negocio a través de la tragedia mientras la PROFECO se mantiene al margen. Y esto sucede también –dijo-en el caso de los servicios de ambulancias y venta de medicamentos debido a su escasez.

Ortega Martínez enfatizó que los resultados de la estrategia del gobierno de Federal en contra de la  pandemia han sido materia de discusión a lo largo del año pasado y se profundizaron en el último tramo del 2020 y lo que va de este 2021, tras la primera llamada de atención de la Organización Mundial de la Salud cuando destacó que el escenario mexicano es preocupante debido a los elevados niveles de infectados y fallecidos.

“El discurso oficial desde Palacio Nacional –afirmó- revela que la estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupó más por no saturar los hospitales que en procurar que la población no se infectara”.

Es decir, explicó, la Secretaría de Salud solo se abocó en administrar su capacidad hospitalaria obligando a miles de pacientes a tratarse en sus hogares por lo que no entraron en los recuentos del equipo que encabeza el doctor Hugo López Gatell, y de ello dio fe el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que –con base en certificados de defunción emitidos por el Registro Civil, servicios forenses y agencias del MP- el número de muertes rebasó las cifras de la Secretaría de Salud, ya que  de enero a agosto de 2020, se esperaban 488 mil 343 decesos, pero ocurrieron 673 mil 260,  lo que representa 38 por ciento más de lo reportado en Palacio Nacional.

Antonio Ortega hizo hincapié en la importancia de que la PROFECO cumpla con sus funciones en defensa del patrimonio de las y los consumidores que están siendo afectados ya no solo en sus ingresos sino porque ahora tienen que empeñar sus bienes o endeudarse para sufragar los altos costos que está provocando el COVID-19 a sus seres queridos.

“No hay que olvidar que, además de la crisis sanitaria, también nos encontramos ante la crisis económica más severa de la que se tenga memoria. Esto ha impactado severamente la economía de millones de mexicanas y mexicanos al grado de ser sumamente importante el vigilar y garantizar que los precios del oxígeno sean los justos y evitar que terceros quieran aprovechar la alta demanda de este insumo y lucrar con la necesidad de las personas. Solo vigilando garantizamos el acceso a la salud de las y los mexicanos y mexicanas”, concluyó.