En la “Mesa de análisis en materia de desplazamiento forzado interno”, diputados, especialistas y representantes de instituciones gubernamentales destacaron la importancia de tipificarlo y resaltaron la trascendencia de contar con una ley general en esta materia.

La presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), explicó que este encuentro tiene por objetivo analizar reformas al Código Penal Federal, respecto del desplazamiento interno.

Subrayó que es fundamental dialogar con la sociedad civil, instituciones gubernamentales y de derechos humanos para hacer frente a este problema, lograr su tipificación y tener mejores normas.

Con estas reformas, expuso, se pretende atender un problema que se ha incubado en el marco de la violencia, inseguridad y la impunidad en el país, el cual se  ha recrudecido en el combate a la delincuencia organizada y que “todavía no se cuenta con los mecanismos suficientes para brindar atención a las víctimas”.

Mencionó que es un tema que amerita la participación del Estado y en donde los diputados “emprendamos un paso más allá de lo que hasta ahora se ha hecho y que implica la confección de un tipo penal en la materia”.

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) mencionó que es complicado definir el tipo penal, por ello, es importante contar con la participación de expertos en la materia para que no se legisle al vapor y avanzar en un artículo que tipifique el delito y determine su descripción.

“Queremos avanzar en la literalidad del artículo que contemple este delito y que las víctimas no sigan padeciendo este ilícito pero para eso necesitamos un órgano investigador que tenga los elementos para poder  configurar el ilícito y un órgano jurisdiccional que condene y sentencie”.

Tenemos que definir el tipo penal “pido a todos que nos ayuden para que lo que hagamos no sea una reforma al vapor sin que tenga los resultados de todos, porque coincidimos en que se debe de sancionar”.

También de Morena, el diputado Sebastián Aguilera Brenes dijo que Guerrero  es un estado dañado por el crimen organizado que afecta al núcleo social más importante que es la familia. “Los dejan sin sus pertenencias y sin cultura” y el Estado está para proteger al ciudadano.

Reconoció que no es fácil encuadrar la tipificación en un delito que diga exactamente cómo se va a aprobar, pero  “para eso estamos, para escucharlos, dialogar y llegar a un acuerdo”. Preguntó si el engaño puede entrar en este tipo de violencia.

La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, diputada Irma Juan Carlos (Morena), señaló que es un tema que está perjudicando a las comunidades y denunció que hay desplazamiento por razones políticas en Chiapas. Además, pugnó por recursos para atender a las víctimas.

María del Rosario Guzmán Avilés, diputada del PAN, resaltó que este tema es difícil, sensible y complejo. Sin embargo, dijo, estos foros ayudan a enriquecer las reformas que se plantean en el Congreso, con la finalidad de darle un beneficio a la población y solucionar los problemas de los ciudadanos.

Jaime Rochín del Rincón, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, precisó que el desplazamiento forzado interno es una realidad innegable y creciente en México. Afirmó que como Estado se debe reconocer que el fenómeno es grande y urge resolverlo de manera profunda.

Precisó que en la Ley General de Víctimas hay un reconocimiento del desplazamiento interno, por lo que es la única norma de carácter federal que lo menciona. Pidió darle una definición en el Código Penal Federal como delito, “pero es insuficiente, habría que precisar si sólo puede ser un ilícito o es una violación a los derechos humanos”.

Independientemente de la urgente tipificación, afirmó, es fundamental que se analice y apruebe una ley general en esta materia, lo que daría una auténtica protección. “Consideramos que el gobierno actual debe reconocer y crear un marco jurídico para las personas en desplazamiento forzado interno”.

El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa, señaló que es un tema que el organismo ha seguido de manera puntual y, derivado de ello, redactó un informe en esta materia, elaboró un protocolo para la atención y protección a las víctimas de desplazamiento forzado interno en México y presentó una propuesta de ley general, el pasado 3 de octubre, en el Senado de la República.

Añadió que una persona es víctima desde que se desplaza de su lugar, pero el problema está en la asistencia humanitaria que debe darse de manera inmediata. “Hace falta el marco normativo para una respuesta integral y suficiente; el país necesita una ley general sobre desplazamiento forzado interno”.

Se congratuló con esta reforma al Código Penal Federal, ya que es un primer pasado hacia visibilizar el tema, a pesar de que se ha abordado en el contexto de derecho humano. “Lo importante es tener un marco de protección que sea congruente con lo que se está viviendo en el país”.

La directora de área de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Secretaría de Gobernación (Segob), María de los Ángeles López, calificó como delicado el tema y afirmó que la ley general que debe implementarse es de gran valía, “porque no se ha visibilizado la problemática con la magnitud que el fenómeno ha traído en el país”.

Resaltó que el primer referente sobre el problema es Colombia y pidió no dejar de prever que este desplazamiento forzado interno es por el índice de criminalidad en el país y sugirió contemplar la desaparición forzada. “Aunque se tipifique el desplazamiento hay que identificar que se comenten otros hechos delictuosos que pueden provocarlo; debe quedar especificado”.

Llamó a ser claros en el uso de la fuerza física y psicológica y pugnó por un sistema que permita identificar cada uno de los actores que participan y su función, así como prever el auxilio a víctimas sea integral. “Me parece que en el país no tenemos la idea clara de qué es desplazamiento forzado interno, si bien se comete un delito se violan los derechos de las personas, debemos prever dónde y cómo serán atendidas”.

Angélica de la Peña Gómez, exsenadora de la República y defensora y activista en derechos humanos, argumentó que el desplazamiento forzado interno es un problema del Estado y “por desgracia deriva de la violencia, la cual ha tenido consecuencias atroces en los últimos años. Veo con simpatía crear una ley en esta materia; las víctimas deben ser tomadas en cuenta de manera integral”.

Subrayó que este fenómeno tiene como consecuencia la desintegración social y cambios de expectativa de vida. En México, este tema tiene diversas causas: intolerancia religiosa, conflictos comunales, instalación de megaproyectos, fenómenos naturales, condiciones de pobreza extrema, violencia y conflictos armados internos. “Por desgracia este desplazamiento deriva por violencia y ha tenido consecuencias atroces en los últimos años”.

El Estado, dijo, tiene la gran responsabilidad de reconocer que este fenómeno no sólo es derivado de la guerra civil, sino de la presencia de grupos armados y violencia originada por las disputas entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico y que no ha sido frenada por las autoridades, lo que ha provocado desprotección a las víctimas. Tan sólo en Chiapas, Sinaloa y Chihuahua (Ciudad Juárez), el desplazamiento forzado interno por violencia es de gran relevancia.

El secretario técnico en la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, Héctor Manuel Guzmán Ruiz, argumentó que los delitos que tendrían relación con el desplazamiento forzado interno son la trata y el tráfico de personas. “Hablamos de personas en situación de vulnerabilidad y con una marcada dificultad de acceso a la oferta institucional de justicia”.

Resaltó que detrás existen organizaciones criminales con notable poder de facto, por lo que se necesita desplegar este tipo de acción de investigación de mayor aliento. “El mero hecho de desplazamiento coloca a las personas en situación de precariedad en la vida”.

Se plantean, dijo, retos que van más allá del derecho penal y necesitan ser arropados por políticas públicas de facilitación que reflejen la realidad social. Detalló que en materia de trata y tráfico de personas las cifras revelan que existen 45 mil 186 causas, de estas 30 están vinculadas al primero y 269 al segundo. Además, existen 58 mil 742 imputados, de los cuales  54 son por trata y 453 por tráfico de indocumentados.

El director general a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR),  Javier Pérez Durón, subrayó que el desplazamiento forzado es un tema de doble victimización.

Mencionó que, en la práctica, los agentes del Ministerio Público se enfrentan a situaciones complicadas porque las víctimas de traficantes de migrantes no declaran por miedo, tampoco cooperan, lo que hace difícil tener elementos para judicializar el caso, formular imputación o llevarlos ante el juez de control.

“Nos preocupa cómo viene el tipo penal, cómo se va a acreditar. Reconocemos el trabajo que realizan los legisladores y tienen todo el apoyo de la Fiscalía General de la República para llegar a un tipo penal que se está buscando”, afirmó.

De la misma área, el agente Shayra Erandy Pérez Colín, puntualizó que dentro del desglose de un tipo penal hay varias circunstancias que se deben considerar: verificar cuáles son los delitos de acción, por omisión, continuados, continuos, si son graves o no.

“Hablando de políticas públicas hay que definir con exactitud el tipo penal que se está especificando, si se refiere a violencia física o psicológica, porque los agentes del Ministerio Público podrían allegarse de cierto tipo de periciales cuando no cuenten con la facilidad de las víctimas”, afirmó.

Sobre el desplazamiento interno o internacional aseguró que estos delitos pueden ser cometidos por personas de nacionalidad extranjera, es muy común que quienes piden derecho de piso sean extranjeros y esto no está definido en la legislación.

Jorge Lara Rivera, abogado y exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la extinta Procuraduría General de República, afirmó que el tema es complejo, multifactorial y multicausal que amerita la máxima expresión de su regulación, es decir, el castigo y con ello enfrentar el reto legislativo más complejo: como es la configuración de un tipo penal.

Agregó que parte de la discusión está en pensar qué bienes jurídicos se quieren tutelar, “porque hay delitos conexos, correlacionados; se habla del despojo, de la extorsión, del secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico de migrantes; vemos que hay una gama que pueden considerarse y al final del día van a significar la posibilidad de la comisión de ilícitos complejos”.

Existe, añadió, la posibilidad de desplazamiento forzado interno por razones políticas, de conflicto armado, religiosas, étnicas, de cambio climático, económicas y el derivado por la violencia del crimen organizado, “una de las modalidades que más nos pesa. Ojalá podamos concurrir a una configuración pertinente del tipo y debe construirse advirtiendo esta multimodalidad”.

El presidente de la Alianza de Derechos Humanos Guerrero Unido, A.C., Leopoldo Soberanes Hernández,  puntualizó que en la sierra del estado hay 8 mil desplazados y 60 por ciento de los poblados son “pueblos fantasma” debido al crimen organizado. “Hoy las familias viven en regiones distantes, inclusive en otros estados”.

Denunció que Guerrero se debate en un grave problema de violencia y el gobierno hace caso omiso, no atiende sus responsabilidades. “Tenemos grandes amenazas de pistoleros que se mueven en todo el estado y no existen autoridades que tomen la problemática en sus manos e instrumenten programas de atención a las víctimas”.

El también presidente de la Comisión de Desplazados de Guerrero, pidió que se elaboren políticas públicas que atiendan cada una de las etapas del proceso de victimización a fin de darles la atención que demandan como son servicios médicos, registro civil y escuelas. En este sentido, solicitó que el mecanismo de la Secretaría de Gobernación para la atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas se extienda para instrumentar una política pública que atienda el fenómeno.