La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada María Wendy Briceño Zuloaga (Morena), llevó a cabo las mesas de trabajo en materia de tortura sexual con el objetivo de analizar la iniciativa que busca tipificar este delito.
La diputada explicó que la iniciativa que hoy se analiza es una propuesta enviada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), que plantea añadir en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la definición del tipo penal de tortura sexual.
Añadió que esta reforma jurídica es importante, porque contempla a las mujeres que son víctimas de diversas violencias, las cuales muchas veces culminan en feminicidio; sin embargo, previo a esto, se presenta la tortura o una serie de elementos que van ligados al tema de género.
“La propuesta va en el sentido de que se agrave como tal la pena de este delito y con ello atender las más terribles de violencias de género y erradicar un patriarcado que asesina a las mujeres”.
La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) mencionó que la violencia contra las mujeres es la peor, puesto que impide el goce y ejercicio de los demás derechos.
Ante este panorama, consideró importante el análisis de esta iniciativa en materia de tortura sexual, pues permitirá ampliar el reconocimiento de este ilícito como una forma adicional de tratos crueles, inhumanos o degradantes, a fin de que los que la ejercen reciban las sanciones correspondientes y las víctimas sean beneficiadas con la reparación del daño.
Resaltó que no todas las modalidades de la tortura sexual están previstas, por lo que la propuesta de reformar consiste en adicionar el artículo 25 Bis, reformar el 27 e incluir un párrafo al 93, a fin de realizar mejores investigaciones y otorgar la reparación integral del daño a la víctima.
Consideró que de aprobarse esta modificación se lograría beneficiar a las mujeres en situación de vulnerabilidad, en comunidades indígenas, migrantes, adultas mayores, las privadas de la libertad, entre otras.
La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (PAN) agregó que esta iniciativa es importante, porque lo que no se menciona en la ley no existe.
“Hoy queremos que sus propuestas fortalezcan esta iniciativa para que se avance en esta materia, ya que, si bien otras violencias ya están legisladas, en este caso específico es necesario hacerlo”.
La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) precisó que estas mesas de trabajo buscan robustecer la propuesta para atender un problema tan lamentable que ocurre día con día en nuestro país.
En su participación, Octavio Amezcua Noriega, experto del tema sobre la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reiteró el apoyo de este organismo internacional por fortalecer los derechos de las mujeres y el combate a la violencia de género.
Resaltó que es primordial combatir el fenómeno de la tortura sexual, que afecta un número considerable de personas; no obstante, pidió tener cuidado con la formulación de los tipos penales, ya que ésta puede llevar a la impunidad por la manipulación y la mala fe de las autoridades.
Enfatizó que la tipificación siempre guarda ciertos riesgos, por lo que hay que tener en consideración el principio de la legalidad penal y reconoció que el tipo penal que establece la Ley General de Tortura cumple con todos los tratados internacionales.
Dijo que la propuesta que se analiza establece las afectaciones específicas; es decir, aquella violencia contra el cuerpo, lo cual permitirá que este fenómeno que afecta a muchas mujeres sea visibilizado.
Subrayó que a pesar de que organismos han señalado algunos mecanismos, no sugieren un tipo específico de tortura sexual, sino la aplicación efectiva de la ley actual para sancionar.
“La penalidad para la tortura sexual, estimamos que es una sanción adecuada, pues pueden tener un castigo de hasta 30 años de prisión, además se deja satisfecho a todas las partes; no obstante, será necesario adoptar un tipo penal único en el país de acuerdo a los tratados internacionales”.
La directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Nadia Sierra Campos, enfatizó que la tortura sexual es una grave violación a los derechos humanos y un crimen que contraviene a la legislación nacional e internacional; si bien es cierto la Carta Magna en el artículo 20 apartado B, señala que está prohibida y será sancionada por la ley penal, la realidad es que sigue siendo una práctica cotidiana.
Apuntó que la propuesta busca que en la reparación daño se llegue a elementos más profundos, pues incluye el tratamiento de traumas y otras formas de rehabilitación, desde la atención física y psicológica, a fin de que desaparezcan las marcas que deja en las mujeres, la comunidad y la sociedad en general.
Opinó que una tipificación autónoma no se debe separar en ningún momento de la ley general. “No me parece que dejar como una agravante de la tortura la violencia sexual, pues ello podría intervenir para que las investigaciones no se profundicen”.
Stephanie Brewer, coordinadora del área Internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que en el tipo penal de tortura hay un problema, porque las víctimas están incluidas; sin embargo, en donde existe una preocupación es en el agravante, el cual en la actualidad la ley establece que la tortura sexual esté contemplada como agravante y que las penas aumentarán cuando la víctima sea sometida a cualquier forma de violencia sexual.
“Aquí existe un riesgo, pensando en el criterio que puedan aplicar los jueces y las juezas, que posiblemente no van a considerar que un insulto o amenaza de naturaleza sexual configure un acto de violencia sexual, por lo que es necesario incluir una lista de ejemplo de agresiones y utilizar un lenguaje claro para evitar alguna laguna en la interpretación, señalando que los insultos y amenazas también cuentan como ataque”, agregó.
Verónica Berber Calle, abogada en Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC dijo que la violencia sexual tiene causas y consecuencias específicas de género, ya que hay datos muy claros donde se establece que ocho de cada 10 mujeres privadas de la libertad sufrieron algún tipo de tortura; el 80 por ciento de la tortura sexual es en contra de mujeres.
Indicó que este tipo de tortura es especialmente grave, porque va encaminada a humillar, castigar e incluso permea en la propia familia o en la colectividad de las mujeres que sufren esta violencia sexual. “Yo apelaría a enfocar los esfuerzos a adecuadas implementaciones de protocolos de investigación para este tipo de delitos”, agregó.
“No hay indicadores de la adecuada implantación de la Ley de Tortura; es decir, cuántas fiscalías especializadas existen, cuál ha sido la capacitación de los servidores públicos especializados no sólo ministerios públicos, sino también peritos o policías, cuáles son los recursos materiales, si los peritos efectivamente se encuentran capacitados para realizar dictámenes médicos, psicológicos basados en protocolo de Estambul; hay muchas prioridades que me parecen que esta propuesta es con una intención, yo apelaría, al enfoque de cómo estamos buscando combatir la tortura sexual”.
Daniela Aguirre Luna, directora de la Asesoría Jurídica de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, manifestó que tiene sentido el que se enumeren las conductas que se traducen en tortura sexual como insultos, humillaciones, manoseos, pero si de alguna manera la comisión se inclina por esta reforma por agregar el tipo penal definitivamente tendría que adoptar una redacción que agregue cualquier otro tipo de conducta.
Señaló que el problema al que nos enfrentamos no es la falta de disposiciones legales en las cuales encuadrar el tipo penal de tortura sexual, sino cómo lograr que las y los operadores del Sistema de Justicia Penal entiendan el dolor y sufrimiento que le causa a una mujer la tortura sexual.
“Si no tienes una buena perita que tenga realmente conocimiento en materia de perspectiva de género y en materia de los efectos de la violencia de género en las mujeres, los peritajes no van a resultar positivos”.
Ángel Salvador Ferrer, coordinador del programa Prevención de la Tortura de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, coincidió con la preocupación que existe por visibilizar y empezar a dar pasos sustanciales y firmes en materia de identificación, judicialización de conductas encuadrables como tortura sexual. “Hay grandes retos en la materia, no tengo claro que la propuesta de hacer una reforma como la que nos hicieron llegar sea la solución óptima”.
“El reto va a estar más en cómo conseguimos que en las distintas etapas, la perspectiva de género esté operando y más que cambiar los tipos penales, se consiga que desde las defensorías se haga un buen trabajo.
Carolina Hernández, en representación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró que mirándolo con tinte de que todas estas estrategias buscan que se establezca una política nacional o pública, el tema de la tortura en México es una práctica generalizada y evidentemente un problema público.
