La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), trabaja en el análisis de seis iniciativas en materia de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, para combatir la trata de personas y la desaparición forzada.

De las 6 iniciativas, dos son de MC, dos del PRD, una del PT y una del PVEM; que fueron turnadas a este órgano legislativo durante el primer año de sesiones ordinarias de la LXIV Legislatura.

La propuesta presentada por la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) plantea reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fin de garantizar la libertad de expresión, el acceso a la información y la labor de defensores de derechos humanos y comunicadores.

La legisladora busca ampliar las definiciones de agresiones, tales como daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran defensores de derechos humanos y periodistas o sus familiares.

La iniciativa del diputado Roberto Rubio Montejo (PVEM) pide incorporar a los familiares directos de los defensores de derechos humanos o de los periodistas, al mecanismo de protección; disminuir los plazos para implementar las Medidas Urgentes de Protección e incluir el apoyo económico.

El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (MC) propone modificar la misma legislación, con el propósito de incrementar la pena punitiva a toda persona que viole los derechos humanos de los periodistas.

La diputada Verónica Juárez Piña (PRD) busca expedir la Ley que crea la Comisión de la Verdad en materia de Delitos de Desaparición Forzada y Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias en el periodo 2006-2018.

Dicho ordenamiento jurídico contribuiría a esclarecer los casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias y los casos de desaparición forzada que hayan ocurrido en México en el periodo 2006-2018, así como determinar si constituyen ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil.

La diputada Fabiola Raquel Loya Hernández (MC) impulsa modificaciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a fin de ampliar las acciones que ameriten sanciones en esta materia.

La legisladora Lizeth Sánchez García (PT) promueve reformar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el propósito de establecer como obligatoriedad el título profesional para quien aspire a ser titular de este organismo.