Los países de América Latina atraviesan por crisis medioambientales, sanitarias y económicas ligadas a la dinámica de acumulación capitalista, en la que “el capital avanza –con la promesa del progreso tecnológico– hacia nuestra destrucción”, afirmó el doctor Stallin Herrera Ravelo.

En la actualidad se ha presentado una ruptura entre el ser humano y la naturaleza, al prevalecer el interés económico antes que las necesidades y perspectivas de las sociedades latinoamericanas, en especial de las comunidades indígenas, abundó en el Tercer Coloquio internacional de sociedades sustentables Crisis múltiple, megaproyectos y sustentabilidad, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Como ejemplo “podemos vislumbrar que la explotación de yacimientos de litio en Bolivia y México –en la que intervendrán grandes empresas transnacionales– a la postre traerá problemas socioambientales”.

El patrón de consumo en Europa y Estados Unidos representa un inconveniente porque muchos en América Latina tienden a imitar ese tipo de conductas, enfatizó durante el encuentro organizado por la Maestría en Sociedades Sustentables de la Unidad Xochimilco de la UAM.

“Las propuestas económicas, sociales y políticas alternativas al modelo capitalista tienen como referentes el Kirchnerismo de Argentina, el Correísmo de Ecuador, el Evismo de Bolivia y la denominada Cuarta Transformación de México”, aunque en realidad no representan un proyecto consolidado sino manifestaciones heterogéneas, señaló en su ponencia Crisis múltiple, conflictos socioambientales y sustentabilidad en América Latina.

En la última década del siglo XX hizo su aparición un movimiento emergente indígena en la zona que fue un parteaguas, al abrir el debate sobre cómo mirar la sociedad, los derechos plurinacionales, el agua, la semilla y la vida en armonía con la naturaleza, de acuerdo con planteamientos plasmados en las constituciones políticas de Bolivia y Ecuador. A pesar de ello y de los avances en el programa de la izquierda latinoamericana, aún no tiene la fuerza para convertirse en una estrategia política regional.

Jorge Montenegro Gómez, investigador de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, aseveró que el campo en su país vive una crisis sistémica que se expresa en los agronegocios y la aplicación de directrices que afectan a campesinos e indígenas, entre ellas la expansión violenta, que ha desatado amenazas y asesinatos contra estos segmentos poblacionales.

Esto se profundizó a partir del golpe de Estado contra la ex presidenta Dilma Rousseff y que alienta el gobierno de Jair Bolsonaro, a tal grado que se han incrementado de manera sustancial las hectáreas de tierra destinadas a la ganadería y la agroindustria, además de que para utilizar los territorios de los pueblos no se requiere ya de una licencia medioambiental –como sucedía en administraciones anteriores– y se han legalizado las ocupaciones de suelos por parte de los empresarios.

En esa nación sudamericana se formó un grupo de diputados, llamado ruralista, que impulsa el uso de sustancias tóxicas en la agricultura y está financiado por agroindutriales que destinan hasta 135 mil dólares al mes a operaciones de cabildeo en favor de esos intereses.

Y en los últimos 39 años se han deforestado 87 millones de hectáreas, equivalentes a 44 por ciento del territorio de México, mientras que en 2019 se liberó el empleo de 503 agrotóxicos y en 2020 fueron aprobadas 315 sustancias nocivas.

Para enfrentar esa política oficial se han formado colectivos que luchan por el respeto de los derechos de las comunidades y la aplicación de consultas, en los términos del Protocolo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El doctor Mauricio Folchi Donoso, académico de la Universidad de Chile, estableció que el conflicto medioambiental tiene causas estructurales que responden a diferencias de carácter ideológico u ontológico, y que los protagonistas no parecen representar vías alternas al capitalismo, pues puede tratarse de conflictos entre pescadores o de habitantes urbanos con iniciativas sustentables.

Folchi Donoso puntualizó que en esa nación han tratado de cambiar la ley que regula el consumo del agua, pero se dificulta porque los poderes, sobre todo el Legislativo, tiene aún una estructura con resabios decimonónicos, por lo que es necesaria una recomposición. Con el avance de las demandas sociales por una nueva Constitución “veo un gran potencial de transformación a nivel del mundial”, finalizó.