La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) aseguró que continuará impulsando iniciativas a favor del derecho a decidir de las mujeres mexicanas, ante manifestaciones de grupos Pro-vida; dijo que no se debe legislar con base en prejuicios o dogmas religiosos.
En rueda de prensa, la legisladora expuso que en días recientes grupos de la sociedad civil denominados Pro-vida, han acudido a la Cámara de Diputados a manifestarse y a tratar de convertir en ley “lo que su dogma o credo les dicta que son delitos”.
Sin embargo, destacó, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional una norma, que en 2007 logró despenalizar el aborto en la Ciudad de México.“No se puede defender la negación de un derecho, que ya fue ganado bajo argumentos legales, no en sentencias doctrinales”.
Asimismo, rechazó las expresiones que criminalicen el ejercicio de un derecho. “Este grupo de personas tienen el derecho a manifestarse, pero no a lastimar o a señalar como homicidas a quienes hemos asumido un cargo para legislar. El único compromiso como político es con la ley”.
En México se realizan entre 700 mil y un millón de abortos clandestinos anualmente. Y según datos de la Secretaría de Salud se atienden a más de 100 mil mujeres por una complicación en el procedimiento.
Afirmó que la Legislatura de la Paridad “no puede dejar de cumplir un compromiso histórico de hacer universal el derecho a las mujeres de decidir sobre su vida y sobre su cuerpo”-
Recordó que ya presentó dos iniciativas en esta materia, una que reforma al artículo 73 de la Constitución para dar al Congreso de la Unión la facultad de elaborar un código penal único, sin incluir el aborto.
Así como una que modifica la Ley General de Salud para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en la interrupción de embarazo.
“No hay lugar para grilletes ideológicos cuando se trata de las libertades de una persona, todos debemos estar convocados a la racionalidad y a la responsabilidad social”, expuso Villavicencio Ayala.
La discusión es en torno a que las mexicanas no deben estar divididas en dos clases, las que tienen este derecho garantizado por vivir en la Ciudad de México y las que no lo tienen por vivir en cualquier otra entidad”.