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Afirma CNDH que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas, y llama al gobierno federal a que las personas estén en el centro de la política migratoria

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas, por lo cual demanda al Gobierno federal que en su política migratoria ponga en el centro a las personas migrantes, sin restar importancia a los citados acuerdos, y destacó que invertir en Centroamérica y el Sureste mexicano es un proyecto de mediano plazo, y mientras ello ocurre hay que atender los problemas, porque se trata de vidas, integridades y la esperanza de una niñez ajena a lo que los países no han hecho para lograr una distribución más equitativa del potencial que como humanidad tenemos.
Así lo manifestó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, durante la Presentación del Estudio “Políticas de Inmigración de los Estados Unidos, Derechos Humanos y Familias Migrantes: La Tormenta Perfecta”, elaborado para la CNDH por la Universidad de Georgetown, acto en que lamentó que la gran aspiración de regular la migración en Estados Unidos se haya olvidado al privilegiar la politización ideológica del fenómeno en diferentes administraciones, lo cual se ha acentuado en el Gobierno del Presidente Trump, como la violación de la ley y los derechos humanos de la niñez migrante.
Condenó que la autoridad norteamericana niegue servicios básicos como higiene y salud; tenga hacinados a niñas y niños migrantes en las oficinas, lejos de sus familias y lamentó que no se haya logrado la reunificación total de familias, a pesar de las órdenes de las Cortes americanas y de la excitativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección de familias y las medidas cautelares solicitadas por la CNDH, y señaló que, a pesar de que han crecido los muros y se han reforzado las fronteras con un carácter más militarizado, ha aumentado la población de la niñez migrante.
Ante Katharine Donato, Directora del Institute for the Study International Migration de la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, autora del Estudio, y acompañado por el Quinto Visitador General, Édgar Corzo Sosa; el Coordinador General y Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, Rubén F. Pérez Sánchez, y la Directora General de Planeación y Análisis, Laura Gurza Jaidar, el Ombudsperson nacional dijo que los problemas deben reconocerse para resolverlos, y subrayó la importancia de esa investigación que aborda  los efectos de la política migratoria de los Estados Unidos sobre los derechos humanos de las personas migrantes con énfasis en la niñez, y apuntó que la CNDH convino con esa Universidad la realización del Estudio para tener una mirada objetiva de lo que pasa con esos sectores vulnerables, como las niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Katharine Donato explicó que el Estudio detalla cómo tras 20 años de una política ejecutiva orientada a la disuasión, en Estados Unidos los debates políticos se han polarizado y reflejan un panorama muy complejo, ya que sin reforma legislativa integral de la política de inmigración los presidentes de ese país han recurrido a los poderes ejecutivos para abordar ese problema; refirió que cada vez se destinan más fondos para la aplicación y militarización de la frontera, lo que genera una “tormenta perfecta” con la aplicación de tolerancia cero, restricción de derechos a las personas migrantes nacidas en México y sus familias y el aumento acelerado de deportaciones y separación de familias, por la administración Trump.
Tras recordar que 2,700 menores de edad fueron separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos, lo que constituyó un caso judicial que condujo a reunificaciones, expresó que persiste la violación a los derechos humanos al continuar nuevas separaciones, ya que entre julio de 2018 y febrero de este año al menos 200 menores de edad han sido separados de los padres, además de quienes han sido apartados de otros parientes, como los abuelos, y añadió que tal medida se aplica de manera discrecional en la Aduana y por la Patrulla Fronteriza (CBP), quienes consideran si las personas adultas son o no son padres «reales» en la línea de sangre de las personas menores de edad o si tienen antecedentes penales, incluido un delito de bajo nivel como manejar sin licencia.
Donato reveló que, en agosto pasado, la Corte Federal de Apelaciones dictaminó que el gobierno debe ofrecer a los niños detenidos suministros básicos de higiene, en tanto que los tribunales aún no se pronuncian sobre los cambios propuestos al Acuerdo de Flores, y Human Rights Watch y otros documentan que cada día se violan los derechos de la niñez, en tanto que CBP los detiene e investiga por asilo o tráfico. Describió las órdenes ejecutivas, proclamaciones y acuerdos de la Administración Trump, de 2017 a la fecha, y el aumento de los delitos de odio antihispanos/latinos después de las elecciones de 2016.
Reveló que, según la investigación, la opinión pública estadounidense es favorable a mexicanos y latinos, lo que contradice el maltrato que desde el gobierno norteamericano se les da; encuestas practicadas por la citada Universidad arrojan que el 68% de la población está de acuerdo con que la apertura de los Estados Unidos a los extranjeros es esencial (PEW), y comentó que el 80% de los encuestados tiene edad que va de los 18 a 30 años, además de confirmar que una cuarta parte de la población de ese país expresa un sentimiento antiinmigrante y el 66% de quienes viven a 200 millas o más de la frontera sur tienen opiniones favorables de los mexicanos (Encuesta de actitudes globales 2017); el 80% de la población de ese país apoya la regularización del estado de los beneficiarios de DACA, para todos los no autorizados.