La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresa que el combate a la desigualdad y la pobreza que afecta a la sociedad y las familias es fundamental para eliminar la explotación laboral infantil, misma que, en todas sus formas, constituye una práctica violatoria de los derechos de niñas, niños y adolescentes que afecta su desarrollo físico, psicológico y su dignidad, y les genera graves consecuencias en su futuro.
En México, de acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil del INEGI 2017, la población de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil es de 3.2 millones, siendo Nayarit el Estado con la mayor tasa (19.7%), seguido por Zacatecas que registró el 18.9%. Los motivos más frecuentes para trabajar son, pagar sus gastos, incluyendo los de la escuela (22.1%) y, ayudar a su familia o por gusto (21.9%).
Esa encuesta también señala que la principal consecuencia de que las personas menores de edad dejaran su trabajo sería que los ingresos destinados al hogar se verían disminuidos afectando a todos sus integrantes; asimismo, destaca que el 19.3% de niñas y niños que desarrolla ocupaciones no permitidas y en edad de cursar la educación secundaria no asiste a la escuela, situación similar al 12.7% de adolescentes en edad de acudir al bachillerato.
En ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil –12 de junio—, la CNDH llama a todas las autoridades del Estado mexicano a diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos y de género que protejan a niñas, niños y adolescentes contra la explotación y trabajo infantil, a generar las condiciones propicias para su desarrollo integral, e implementar programas dirigidos a mejorar la situación económica de las familias, para evitar que la pobreza propicie el trabajo de personas menores de edad.
Esta Comisión Nacional recuerda que el artículo 123 constitucional prohíbe el trabajo de personas menores de 15 años, así como el trabajo de las y los adolescentes de entre 15 y 17 años en actividades peligrosas. Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el trabajo infantil y las diversas formas de explotación.
En 2017, el Comité de los Derechos del Niño recomendó a México, entre otras medidas, revisar su legislación para garantizar el cumplimiento de las normas, incluyendo el Convenio 182 de la OIT, y asegurar que el trabajo doméstico y el trabajo en la agricultura y las fábricas de ladrillos, entre otros, se incluyan explícitamente como formas peligrosas de empleo, y se prohíban para niñas y niños menores de 18 años de edad, debiendo tomar medidas para eliminarlos; fortalecer su sistema de inspección y aplicar las sanciones para quienes explotan y abusan de la niñez.
También, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 se exhorta a los Estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas a eliminar el trabajo infantil y el trabajo forzoso para 2025, en tanto que en la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida sobre el Trabajo Infantil, celebrada en Argentina en octubre de 2017, se informó que, en el mundo, cerca de 152 millones de niños y niñas son víctimas de trabajo infantil, de los cuales 73 millones realizan actividades peligrosas.
En 2002, la OIT declaró el 12 junio el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha en la que se recuerda que autoridades, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad deben trabajar en conjunto para erradicar esa grave situación.
martes, abril 23, 2024
