La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó ante el reconocimiento oficial de que fue un operativo fallido, mal planeado y ejecutado, el que se realizó en Culiacán, Sinaloa el pasado 17 de octubre, se requiere una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada, ya que en este caso es importante conocer que paso y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan.
Asimismo, señaló que respetar y hacer respetar la ley no puede confundirse con represión, ya que el uso legítimo, debido y conforme a estándares internacionales de la fuerza es potestad, responsabilidad y obligación de las autoridades cuando las circunstancias así lo ameritan. Enfatizó que no viola derechos humanos la autoridad que recurre a la fuerza y hace uso adecuado de la misma; los violenta quien aduciendo un mal entendido respeto de los derechos fundamentales renuncia a cumplir con las obligaciones que tiene la autoridad y tolera o permite que se cometan delitos y abusos contra quienes debe proteger y procurar.
Puntualizó que el Estado no puede renunciar, bajo ninguna circunstancia, a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir, ya que ésta no es objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación al grado de violencia que pueda tener o tenga la respuesta de aquél a quien se le intenta aplicar. Claudicar en el ejercicio de las funciones como consecuencia de las acciones de particulares, dijo, representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia. El imperio de la ley deja paso al dominio de la fuerza y, con ello, las posibilidades de que los derechos de las personas se respeten y preserven desaparece, de ahí que es encomiable que el Estado busque la conciliación y la pacificación del país, pero no implica que se claudique ante quien opte por ejercer la fuerza y se abandone a su suerte al personal del servicio público encargado de hacer valer la ley y defender las instituciones.
Expresó que los derechos humanos no son obstáculo para la aplicación de la ley, ni antagónicos con los responsables de procurar condiciones mínimas de seguridad para la convivencia y arriesgan día con día su integridad física y su vida. Quien se aleje de debido cumplimiento de su deber e incurra en abuso de poder debe responder de sus actos conforme a derecho.
Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó que el alza en índices delictivos, el número de homicidios registrados este año y lo ocurrido recientemente en Michoacán, Guerrero y Sinaloa evidencian la gravedad del problema, la condición de nuestras instituciones, su real alcance y sus limitaciones, y la crónica debilidad de nuestro Estado de derecho. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno no han garantizado condiciones de seguridad para la convivencia pacífica que permitan la vigencia de los derechos humanos en todo el país.
Al participar en la inauguración del Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías”, organizado por Causa en Común, destacó que la atención a los problemas de seguridad y justicia debe emprenderse bajo un enfoque integral que, partiendo de diagnósticos adecuados y bajo una lógica preventiva, más que reactiva, se ocupe de los factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas, con pleno respeto a los derechos humanos. El combate al crimen organizado no debe atender a razones ideológicas o políticas, sino a la necesidad que requiere la participación y articulación efectiva de las distintas instancias y órdenes de gobierno, sumando esfuerzos, capacidades y recursos.
Acompañado por María Elena Morera, Presidenta de Causa en Común, y Virginia Kent, Directora Interina de la Oficina de Iniciativa Mérida, refirió que la Guardia Nacional no es la solución en sí misma a los problemas de violencia e inseguridad, y no se puede postergar la discusión y revisión de lo que pasa con las policías y el tipo de instituciones que necesitamos. Las policías no pueden ser instrumentos de un gobierno, sino órganos de un Estado que protege y promueve la democracia, el cumplimiento y aplicación de la ley, así como el respeto y vigencia de los derechos humanos. Se requieren cuerpos profesionales debidamente seleccionados, capacitados, equipados y supervisados, ya que cualquier error respecto de esos aspectos traerá consecuencias muy graves para ese personal y la sociedad, que van desde la posibilidad de que el crimen infiltre a las policías o dotar de uniforme y arma a quien no está en aptitudes de portarla, con lo que innecesariamente se arriesga la vida e integridad de las personas.
“En Culiacán –aseguró—, más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objeto de evitar una pérdida mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mal planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la población civil, así como los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto”.
Agregó que los policías y personal de seguridad tienen derecho a que sus instancias de mando superior y las demás autoridades respeten sus derechos, que se ven vulnerados cuando se les envía a operativos sin el entrenamiento y la capacitación suficiente, colocándolos en situación de riesgo por no contar con el equipamiento y apoyo adecuados, y por hacerlos participar en acciones deficientemente planeadas y organizadas, además de que la improvisación y la falta de conocimientos y experiencia en todos los ámbitos de la función pública tienen altos costos, pero en particular, en el de la seguridad, cuesta vidas, y añadió que no hay espacios para la simulación, falsos triunfalismos o posturas que pretendan negar con palabras lo que los hechos evidencian, ya que está en juego la integridad, la vida y el patrimonio de las y los mexicanos, así como la estabilidad y futuro de nuestra vida democrática e institucional.
Por su parte, María Elena Morera señaló que en los primeros nueve meses del año se tiene el registro de más de 26 mil homicidios dolosos y un incremento en el índice de robos, extorsiones y secuestros, así como falta de diagnósticos o mecanismos específicos para atender esta situación, por lo que llamó a los tres niveles de gobierno para asumir su compromiso de abatir la inseguridad y violencia, tarea que no está reñida con el respeto a los derechos humanos y debe realizarse con respeto al marco legal.
Virginia Kent señaló que entre los retos que enfrentan México y Estados Unidos se encuentra el combate al crimen organizado y, en este sentido, subrayó la importancia de que los ciudadanos cuenten con una policía mejor preparada y capacitada, acorde a los más altos estándares de calidad, además de que los elementos de seguridad deben gozar de salarios dignos y mejores prestaciones.
El este acto, realizado en el Centro Cultural Estación Indianilla, también se contó con la presencia de Todd Christiansen, integrante del International Narcotics and Law Enforcement; Francesc Guillén, miembro del Departamento Interior de Cataluña; Angélica de la Peña, especialista en Derechos Humanos; Alejandro Hope, especialista en seguridad; Clara Jusidman, académica; Javier Oliva Posadas, investigador y experto en seguridad nacional; los periodistas Beatriz Pagés y Carlos Puig, además de Teresa Gómez de León del Río, Directora General de Enlace y Desarrollo con Organismos no Gubernamentales de la CNDH y Carlos Brockmann, investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos.

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