La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), reiteró su preocupación sobre el indeseable clima de deterioro democrático que sufren varias naciones de la región, lo cual agrava la de por sí difícil situación que viven sus pueblos en el marco de la pandemia y de la subsiguiente crisis económica que nos afecta, situaciones que profundizan la injusticia social existente y complican la urgente recuperación sanitaria, económica y social.

En reunión de trabajo,  integrantes de la Comisión de Estudios para la Gobernabilidad Democrática de la COPPPAL, organización multilateral que agrupa a 69 partidos progresistas de 30 países de la región, analizaron que de la mano del populismo autoritario, así como de los gobiernos de franca derecha, se echan por tierra los avances de nuestras jóvenes democracias con el fin de concentrar en liderazgos personalistas, detentadores del Ejecutivo, todo el poder del Estado para impulsar excluyentes proyectos de nación que confrontan a la sociedad, en favor de intereses grupales.

Advirtieron que a partir de parlamentos sojuzgados, se emiten leyes contrarias a la imprescindible independencia del poder judicial, se atenta en contra de la división de poderes y, por tanto, contra el indispensable equilibrio constitucional. Además, se agrede a los Organismos Constitucionales Autónomos y a toda institución que constituya un contrapeso al Ejecutivo, comenzando por banalizar los sistemas de partido, al tiempo que se combate la libertad de expresión.

Señalaron que se trabaja para destronar a la República -única forma viable de gobernabilidad democrática-, en favor de fortalecer un poder unipersonal concentrado, propiciando una clara regresión autoritaria.

Mientras tanto, los pueblos reclaman la falta de soluciones integrales a sus problemas de salud, empleo, alimentación, vivienda digna, justicia, seguridad pública, protección y paridad de género, entre otros. “Ante esos reclamos la respuesta de esos gobiernos, ineficaces y despóticos, es desmontar las instituciones democráticas, conculcar derechos humanos o aplicar la represión”, coincidieron los integrantes de la Comisión de Estudios para la Gobernabilidad Democrática de la COPPPAL.

La Comisión analizó de manera particular la situación en Colombia, donde una insensible Presidencia de la República actúa bajo las directrices  de su partido y ante las protestas espontaneas del pueblo en contra de sus decisiones autoritarias, como lo fue la fallida Reforma Tributaria, contraria a los intereses mayoritarios, demora el inicio de los diálogos y ordena a las fuerzas militares salir a las calles y reprimir la protesta social, ante lo cual la exigencia internacional es que cese de manera inmediata la represión y se mantenga el diálogo con los diferentes sectores políticos y sociales que protestan contra las decisiones de su gobierno.

Para la comunidad internacional y en especial para la COPPPAL, causa especial motivo de preocupación que el Centro Democrático, partido de gobierno, ha pedido al presidente Duque que decrete el estado de Conmoción Interior, un estado de emergencia contemplado en el artículo 213 de la Constitución, que otorga facultades especiales al Presidente de la República para recuperar el orden cuando la situación social se sale de control. Bajo esta medida extraordinaria se podrían restringir las marchas sociales, limitar a los medios de comunicación para informar, interceptar comunicaciones y suspender a mandatarios locales, medidas que la COPPPAL rechaza porque profundizarían la confrontación y llevarían a una violación mayor de los Derechos Humanos del pueblo colombiano, en el marco de la consolidación del absolutismo.

También se abordó el escenario en El Salvador, donde la Presidencia de Nayib Bukele paulatinamente se convierte en una dictadura, en especial respecto del reciente episodio donde se derroca al Poder Judicial a través de una mayoría legislativa domesticada, para después quitar también al Fiscal General, con el fin de inhibir cualquier contrapeso al imperio de su mando.

De igual manera se observó el caso de México donde su gobierno ha ordenado a su mayoría parlamentaria violentar la Constitución legislando a modo de los intereses del Ejecutivo, para ampliar el mandato del titular de la Suprema Corte de Justicia. Se advirtió la creciente intromisión electoral del Presidente de la República, en medio de un clima de hostilidad hacia las autoridades electorales, mediante declaraciones que violentan las prohibiciones de la norma y también de acciones que vulneran la autonomía de la Fiscalía General de la República, al enviarla a abrir sendas carpetas de una investigación no sostenible, contra los candidatos  punteros en el Estado de Nuevo León, donde la candidatura del partido oficial ha sido enviada al tercer lugar. La COPPPAL, en este caso como en todos donde se practique la judicialización de la política, combatirá siempre el dañino Lawfare que tanto afecta a nuestra América, hasta neutralizarlo.

Respecto de Honduras, en la reunión se expresó gran preocupación por el creciente deterioro político, económico y social que sufre esa nación hermana y que, entre otros aspectos, se expresa en un flujo migratorio progresivo que ya conforma un drama humanitario, resultante de su mal gobierno que ha sido acusado, incluso, de solapar actividades ilegales.

Integrantes de la Comisión condenaron de manera enérgica la utilización del aparato del Estado para amedrentar, perseguir y destruir a los adversarios de los gobiernos en turno, violentando los derechos humanos, debilitando las instituciones de la República y sembrando un clima de terror propio de las dictaduras.

La COPPPAL expresa su plena solidaridad con los pueblos de Colombia, El Salvador, México y Honduras, así como con sus partidos hermanos, y hace un llamado a los gobiernos de la región para evitar incurrir en estas malas prácticas que cancelan la política y abren paso a la violencia.

Los casos específicos analizados, distan mucho de ser los únicos, porque manifestaciones de esos males comentados se observan desde el Río Bravo hasta la Patagonia y del Pacifico al Caribe y al Atlántico, lo cual reafirma la conveniencia y lo justo de la propuesta expresada en el Consenso COPPPAL 2020, relativo a la inaplazable necesidad de impulsar, desde todas las fuerzas progresistas, la conformación de un nuevo Pacto Demócrata Social para nuestra América.

Se trata de rescatar el valor concertador de la política, de la buena política creadora de soluciones institucionales ante el conflicto, para convocar y realizar un ejercicio social destinado a restituir la República en bien de la supremacía del interés general como base de la toma de decisiones que, en defensa de la democracia con igualdad y libertad, en todo momento y en todo lugar, le cierre el paso a toda manifestación autoritaria que ponga en riesgo nuestra convivencia y conculque las posibilidades de la recuperación post-pandémica, que estamos obligados a lograr.