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Adivierte CNDH sobre afectaciones a pueblos y comunidades originarias por proyectos de explotación y desarrollo, y sobre la existencia misma de poblaciones indígenas y afromexicanas

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advierte no solo de la afectación que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como consecuencia de los proyectos de explotación de recursos naturales, del desarrollo inmobiliario, turístico e industrial que invade sus terrenos y desplaza a sus habitantes, sino también sobre la existencia misma de los pueblos originarios, que está en peligro de no garantizarse el pleno disfrute de todos sus derechos humanos, en especial a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe.

Para la CNDH, la falta de consulta es un hecho de discriminación racial, por motivos étnicos, de género, edad, lengua, religión o cualquier otra condición, por lo cual, si los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos no son tomados en cuenta para la planeación y ejecución de políticas, planes, proyectos o modificaciones legislativas que les afecten, sus demás derechos están en riesgo de ser vulnerados.

Así lo expresó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que el Estado mexicano no debe promover explotación de recursos naturales, ni implementar políticas públicas en favor del empresariado y en detrimento de la consulta de pueblos indígenas y afromexicanos; ni se les puede privar de bienes comunales y colectivos como minerales, plantas medicinales, agua y bosques.

Al participar en la inauguración del Seminario Internacional Alta Formación sobre el Derecho a la Consulta y al Consentimiento Previo, Libre e Informado de las Comunidades, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, demandó propiciar el derecho a la consulta frente a proyectos o construcción de parques eólicos, presas, carreteras, gasoductos, fraccionamientos, y por la explotación minera, para contribuir a que los tres órdenes de gobierno garanticen la celebración de consultas previas con los pueblos indígenas sobre las políticas, proyectos económicos o de desarrollo que les afecten, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las autoridades están obligadas por la Constitución a cumplir con los “Principios de Participación y Consulta” de los pueblos y comunidades, y tras señalar que San Luis Potosí fue pionero en la defensa del derecho a la consulta previa, y el estado de Durango ya cuenta también con una ley en la materia, anunció que la CNDH participa como observadora en procesos de consulta, desde su autonomía, sin menoscabo de su independencia y sin cancelación de las observaciones que puedan desprenderse cuando se identifiquen violaciones a derechos humanos.

González Pérez destacó que para la CNDH el derecho a la consulta previa protege la diversidad étnica y cultural, es colectivo de los pueblos y está relacionado con su libre determinación, al desarrollo sustentable, a la propiedad, a la biodiversidad cultural e identidad, y en esa materia se capacitará a líderes y lideresas indígenas, autoridades gubernamentales, organismos públicos de derechos humanos, empresas y población para impulsar la confianza, credibilidad y transparencia entre las comunidades indígenas y afromexicanas, empresarios y Estado mexicano.

En un mensaje videograbado, la Relatora de Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, enfatizó que los modelos de participación ciudadana diseñados para la población en general no son los mecanismos para la consulta indígena a la que se refieren los instrumentos internacionales que México ha ratificado o apoyado con su voto.

Destacó que el Estado mexicano debe garantizar que se realizan procesos efectivos y diferenciados de consulta con los pueblos indígenas para obtener su consentimiento previo, libre e informado en relación con los proyectos de desarrollo planificados, con base en estándares internacionales que incluyen salvaguardas de los derechos de los pueblos como son sus tierras, territorios, recursos naturales, culturas y otros derechos.

Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), lamentó que nuestro país no tenga un marco legal sobre la consulta indígena, y dijo que es compromiso del Ejecutivo Federal realizar una Reforma Constitucional para que se reconozcan de manera plena e integral los derechos de esos pueblos, sobre todo a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado. Anunció que la Secretaría de Gobernación y el INPI realizarán una consulta a los 68 pueblos indígenas y afromexicanos sobre qué derechos les deben ser reconocidos en la Carta Magna, incluida la posibilidad de una Ley de Consulta Indígena.

Invitó al Ombudsperson Nacional y a la CNDH a colaborar en este proceso, y le entregó un documento elaborado por el INPI, que atiende los vacíos legales en la materia, así como tres ejemplos de Protocolos de Consulta elaborados con ese documento, y destacó el compromiso del Gobierno Federal de tener una nueva relación con las personas indígenas del país.

La Diputada Irma Juan Carlos, Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, señaló que el Gobierno debe dejar de ver a los indígenas como los hijos menores y saldar la deuda histórica que tiene con los pueblos y comunidades, con lo que se fortalecerá su cultura y tradiciones. Mencionó el papel de las comunidades para decidir sobre su desarrollo y llamó a realizar cambios estructurales para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Finalmente, la Ombudsperson de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, indicó que este Seminario permitirá compartir y aprender experiencias de las entidades federativas y a nivel Latinoamérica sobre el derecho de la consulta previa, libre e informada. Destacó que, de 2012 a la fecha, la CDHDF ha registrado 38 quejas por presuntas violaciones al derecho de consulta eficaz de pueblos y comunidades.