1. El Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 11 de mayo complementa el artículo 5 transitorio de la Reforma Constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso de la Unión como por las 32 legislaturas locales. Este artículo faculta a las Fuerzas Armadas a realizar funciones de seguridad pública hasta por un periodo de cinco años. Consecuentemente, el Acuerdo no es un acto nuevo ni exclusivo del Ejecutivo Federal, sino el seguimiento a una disposición constitucional, aprobada por consenso por todos los Partidos Políticos desde 2019.

2. El día 16 de mayo del 2019 se publicó en el DOF el decreto por el que la Cámara de Senadores aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República. Documento que fue previamente discutido de manera abierta y transparente con el Legislativo y la sociedad civil desde hace más de un año.

En el diagnóstico de la estrategia se contempla la necesidad de la “reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública con base en los alcances y parámetros constitucionales contenidos en las reformas publicadas el 26 de marzo de 2019 con el objetivo de “fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México, con la participación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional” para lo cual fue necesario “repensar la Seguridad Nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas”, es decir, retomar las fortalezas de las instituciones militares como su disciplina, formación, servicio de carrera, espíritu de cuerpo, recursos humanos, materiales e infraestructura para fortalecer la Guardia Nacional.

Asimismo, este nuevo rol de las Fuerzas Armadas incluye que trabajen de manera coordinada en las mesas estatales y regionales de construcción de paz, con el objeto de atender en cada una de las entidades federativas, los diversos problemas de seguridad pública que se presentan y que son de diferente naturaleza en las diversas regiones del país.

3. El Acuerdo es necesario en la medida en que el Ejército operaba sin un marco jurídico que le diera certeza a sus acciones. Este documento atiende diversas resoluciones jurisdiccionales (nacionales e internacionales) encaminadas a precisar el alcance de su intervención en tareas de seguridad pública bajo principios democráticos, temporales y de apego irrestricto a los derechos humanos.

4. El Acuerdo no implica darle más atribuciones al Ejército en materia de Seguridad Pública; limita las facultades exactamente a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que autoriza su participación en materia de seguridad pública en términos generales.

5. Esta administración siempre ha sido transparente respecto al apoyo que están brindando las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional. Diariamente el Gabinete de Seguridad, dirigido por el C. Presidente analiza las problemáticas y acciones convenientes a realizar, de manera coordinada entre los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana de la Defensa y de Marina.

Asimismo, mes a mes se está informando a la ciudadanía no solo de las acciones de la Guardia, sino también del apoyo que tanto la Secretaría de la Defensa como la Marina han brindado; los secretarios respectivos han estado presentes en los informes mensuales de seguridad pública que se presentan en la “Mañanera” donde se ha dado a conocer el despliegue de la Guardia Nacional y de los efectivos del Ejército y la Marina que la acompañan y apoyan en sus tareas de Seguridad Pública.

Estas circunstancias llevan a proponer que, sin abandonar sus misiones constitucionales de velar por la seguridad nacional y la integridad territorial del país –incluidos su espacio aéreo y el mar patrimonial–, la preservación de la soberanía nacional y la asistencia a la población en casos de desastre, nuestras Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz por medio de un papel protagónico en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional, con base en el artículo quinto transitorio, por el que se crea la Guardia Nacional, arropado jurídicamente y por este Acuerdo.

6. Las Fuerzas Armadas son las instituciones de mayor prestigio en el país. Por ello, cuando entran en tareas de protección civil o de apoyo social a la población, nadie habla de militarización de la vida del país. Esto es particularmente importante ahora que la pandemia global derivada del Covid-19 supera en este momento los alcances de la Guardia Nacional y exige que todas las instituciones mexicanas trabajen de manera coordinada para proteger la vida, el patrimonio, y la integridad de todos los ciudadanos, las Fuerzas Armadas están presentes, como siempre, en apoyo de la ciudadanía.

7. En apenas doce meses, se ha hecho un esfuerzo histórico de reingeniería administrativa, legal y operativa para la creación constitucional, reglamentaria y organizacional de la Guardia Nacional. Aun así, a pesar de su corta vida, la Guardia Nacional ya cuenta con un despliegue en todo el territorio nacional, y su intenso trabajo paulatinamente empieza a dar frutos.

8. El Acuerdo le otorga mayor fortaleza a las actuaciones de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes ante hechos de carácter delictivo. Para ello, se han capacitado a miles de elementos en uso legítimo y proporcional de la fuerza, así como en cadena de custodia y protección de los derechos humanos. Además, el Acuerdo permite también que las detenciones que eventualmente realicen las Fuerzas Armadas se inscriban en el nuevo Registro Nacional de Detenciones (RND) impulsado por el Gobierno de México, protegiendo, como nunca antes, los derechos humanos, tanto de las personas detenidas, como de los servidores públicos que trabajan en el sector seguridad.

9. Como ya se ha sugerido anteriormente, el Acuerdo y la Guardia Nacional no significan un abandono a la construcción de instituciones civiles. Es todo lo contrario, de hecho, el Gobierno de México ha reconocido la importancia elemental de las policías estatales y municipales en materia de prevención, inteligencia, e investigación del delito. No es gratuito que por ello haya impulsado, desde 2019, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, mismo que representa, por mucho, la reforma policial local más importante en la historia de México.

10. Las fuerzas políticas y los servidores públicos con cargos de responsabilidad en el país y en las 32 entidades, debemos mantener el tema de seguridad pública como un espacio de neutralidad política, ajeno a banderas coyunturales o al interés de generar polémicas en temas que ya fueron aprobados y discutidos en su momento por el Poder Legislativo. Las circunstancias que vive el país demandan que el Estado mexicano haga uso de todos los recursos con que cuenta, para brindar seguridad a la nación, a los ciudadanos, a su patrimonio, a fin de alcanzar la Paz y Seguridad que todos anhelamos. Este objetivo no sería posible si no contáramos con el extraordinario apoyo de las Fuerzas Armadas.