- Señala Secretaría Ejecutiva del Sipinna nacional que de acuerdo con datos del IJPP, en el país hay entre 22 mil y 25 mil adolescentes involucrados en delitos que han sido registrados en detención
El nuevo paradigma de la justicia para adolescentes en el país implica revisar la situación de cada persona entre 12 y 17 años de edad que entra en conflicto con la ley, a fin de ayudar a recuperar su dignidad con base en el reconocimiento de sus derechos en un proceso de reinserción social anclado en una propuesta positiva socioeducativa.
Así se lo señaló el director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Francisco Castellanos García, quien subrayó que el nuevo paradigma de la protección de derechos en la justicia adolescente tiene como base un marco jurídico internacional y nacional.
En el internacional –explicó– está la agenda de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, incluidos quienes cometen delitos, parte de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, así como de las Observaciones Generales 10 y 24 de su Comité de los Derechos del Niño.
En el nacional se parte de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), de 2014; y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, de 2016.
Durante la reunión con quienes integran la Comisión de Secretarías Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas de Sipinna, el servidor público aclaró que la activación y reinstalación de sus propias comisiones de Justicia Adolescente les permitirá impulsar el enfoque de derechos, y dejar atrás la visión tutelar de penas de privación de la libertad y criminalización de la población de 12 a 17 años de edad.
Castellanos García mencionó que, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los 13 millones de personas de 12 a 17 años de edad que existen, de acuerdo con el Observatorio Libertad en Comunidad del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), hay entre 22 mil y 25 mil adolescentes involucrados en delitos que han sido registrados en detención.
Castellanos García agregó que para atender a esta población específica en conflicto con la ley, las comisiones y subcomisiones de justicia estatales son espacios de transformación del sistema judicial y de sus instituciones mediante autoridades especializadas, y de esa manera se garantiza un sistema de responsabilidad y sanciones de tipo socioeducativo, cuya justicia tomará en cuenta factores como trabajo infantil, migración, prevención, discapacidad, tipo de detenciones, tortura, desapariciones, reclutamiento forzado, violencia institucional, entre otras.
Apuntó que esto implica que la justicia adolescente se acerque a una actuación centrada en los derechos humanos de esta población, y se aleje de la visión tradicional, donde si se comete un crimen ‘adulto’, a la persona se le debe juzgar como ‘adulta’, así como que se le castigue con penas de acuerdo con una mayoría de edad que en la adolescencia no se tiene en su desarrollo físico o emocional, ni legal.
Reiteró que la SE del Sipinna nacional acompaña a las comisiones y subcomisiones estatales a través de los sistemas locales en estos procesos de actualización y reinstalación mediante distintas acciones que se pueden tomar con las juezas y jueces, los centros de internamiento y las unidades de medidas cautelares para agilizar las medidas no privativas de la libertad, porque la prisión tiene muchos efectos negativos de acuerdo con recientes investigaciones internacionales.
En las actividades programáticas de la justicia para adolescentes se contempla la especialización de las autoridades que trabajan en el sistema de justicia, con énfasis en los enfoques de la protección de los derechos y de no criminalización, sino buscar su reinserción social mediante programas académicos acordes con el marco jurídico actual, dirigidos a las y los operadores del sistema judicial.
Castellanos García mencionó que otra tarea de acompañamiento de la SE del Sipinna con las comisiones y subcomisiones estatales de justicia adolescente es apoyar a los modelos de reinserción social, ya que con eso se ayuda a que los sistemas judiciales tengan mecanismos para que las y los adolescentes que ingresan a un centro de readaptación social regresen a la sociedad de forma más responsable.
Pero, como se observa en la realidad, existen grandes problemas de deserción escolar, drogadicción, familiares, económicos, y son precisamente estos desafíos los que se convierten en las materias de la reinserción social, cuyo modelo debe ajustarse a las circunstancias locales, concluyó.
