Alberto Woolrich Ortíz
Es de sobra conocido que los ideales que como premisa toral defiende y propone nuestra Constitución Política, son simple y llanamente los postulados éticos de la ciencia del derecho. Por ello, no obstante su carácter universal y su permanencia en el tiempo y en el espacio, a falta de su crucial observancia en un país como el nuestro, que los idealistas de justicia consideramos que debe regirse por un definido y respetado estado de derecho y al no ser así, como por desgracia acontece día a día, en toda la nación, nos produce no sólo un mal sabor a boca, sino un efecto negativo de irremediables consecuencias.
Virgilio con un hermoso tono siempre decía DICITE JUSTITIAM (aprendan a hacer justicia) y es lo que deben aprender los fiscales y agentes del ministerio público, cuando en sus pedimentos ante órganos jurisdiccionales solicitan que se condene a los inocentes. Ahí es donde rompen la regla de oro del derecho, que magníficamente burilada por Ulpino, afirmaba: “La justicia es una voluntad firme y perpetua de dar a cada uno lo que le pertenece”, regla que, con cinismo, ignorancia, servilismo e incompetencia rompen cotidianamente los encargados de procurar justicia en ésta sagrada tierra de libertades.
Las carpetas de investigación que se integran cotidianamente en fiscalías y agencias del ministerio público en todos los rincones de México, tienden muchas veces a ello, con fabricación de demostrativas de responsabilidad, lo que implica de forma clarísima, el pisotear la Carta Magna.
Debo decir que por ser ello un asunto humillante para la dignidad de la justicia, se debe para prestigio de ella, efectuar, en esas corrompidas carpetas de investigación, un análisis jurídicamente sostenible, de todas aquellas hipótesis reales que puedan llevar al convencimiento pleno de las autorías intelectuales y materiales de quienes verdaderamente infringen la ley penal y no implicar estúpidamente a inocentes como comúnmente lo hacen a fin de pretender convencer a nadie que están combatiendo a la delincuencia.
La calidad moral de algunos que dicen y se ufanan de procurar justicia y los cuales actúan con injusticia, es nula, y las más de las veces se encuentra sometida a su propia incapacidad e ignorancia, a ellos no les importa cumplir con la ley, muchísimo menos les importa inventar culpables en donde éstos no existen.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., puede, sin rubor, afirmar que esas carpetas de investigación se elaboran sin apreciar en derecho la verdad de los hechos y las más de las veces optan por la salida más fácil e insulsa, involucrar a inocentes, para tapar a los verdaderos culpables a los cuáles, por ello, les brindan impunidad.
Todo en México puede ser posible, cuando no se actúa con la honorabilidad y cultura jurídica que amerita el correcto análisis de las constancias procesales que obran en pieza de autos.
A mayor abundamiento, cabe sostener y, así lo hacemos los abogados independientes de la República, que esos argumentos que sustentan infelices fiscales y ministerios públicos resultan absurdos e insostenibles, pero a ellos les sirve para escalar puestos con la complacencia de otras autoridades.
Esos infelices de marras se ubican, por que así lo afirmamos, por encima y por debajo de la ley, del derecho y lo que es más grave, de la justicia.
La verdad en esos casos y en esas carpetas de investigación, nos lleva a la firme convicción de que a toda costa pretenden tapar su ignorancia con indagatorias marcadamente deficientes.
La opinión pública, la vox populi, sin embargo, no sólo intuye sino también sabe que ello se debe a la corrupción que impera en el ámbito de procuración de justicia.
Pretender obtener condenas en contra de inocentes resulta ser un delito muy grave, toda vez que se comete en contra del derecho y la justicia.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de
Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
