A tres años del terremoto del 19 de septiembre de 2017, el actual Estado de Emergencia Sanitaria y el confinamiento derivados de la pandemia del COVID-19 nos encuentra a la mayoría de las y los damnificados de aquel sismo aún sin poder regresar a nuestros hogares. Estamos siendo, por ello, doblemente damnificados: además de padecer el riesgo del contagio como la totalidad de la población, debemos estar confinados fuera de nuestras casas, a pesar de que una gran parte de los damnificados somos de la tercera edad. La crisis económica detonada por la pandemia que afecta a toda la población nos encuentra especialmente a las y los damnificados del terremoto en condiciones de mayor vulnerabilidad. Las complicaciones económicas que encara el país y la necesidad de destinar recursos para atender la actual emergencia no deberían significar en ningún momento desatender la emergencia que aún se mantiene derivada de los sismos, las necesidades de las y los damnificados y los compromisos hechos para la reconstrucción. No se puede tapar un hoyo dejando abierto otro…

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión para la Reconstrucción, ha venido atendiendo las demandas de los damnificados y sosteniendo mesas de trabajo con los colectivos en que decidimos organizarnos frente al caos, la torpeza, la desatención, los abusos y el burocratismo que reinaban después de los sismos. Aunque hemos conseguido avances importantes, a tres años del terremoto la gran mayoría de nosotros y nosotras, que nos contamos en miles, no hemos podido regresar a nuestras casas e incluso enfrentamos todavía un camino lleno de incertidumbres, que amenaza no concluir en dos años más, según las proyecciones. O sea, muchos regresaremos quizá a nuestras casas ¡cinco años después del sismo! La reconstrucción está avanzando muy lentamente y está llena de obstáculos e incumplimientos constantes. Incluso es la fecha en que aún no pueden concluir o actuar según los estudios de suelo en algunas zonas, o sea, lo más básico para determinar lo que procede, ni se han resuelto problemas elementales precedentes, como los de las redes de drenaje y agua, como es el caso de Villa Centroamericana; en las obras entregadas o por entregar aún se tienen faltantes y fallas, además de la problemática social, y, en innumerables predios, aún no hay certeza ni de ruta, empresas, proyectos, corridas financieras o, mucho menos, recursos aprobados seguros y suficientes en el Fideicomiso.

En el caso de los edificios que van para reconstrucción, lo serán a condición de su redensificación, aunque en un esquema distinto al propuesto por el gobierno anterior que endeudaba a los damnificados. Es decir, ahora el gobierno aporta recursos para financiar la obra, mismos que al final recupera en su totalidad o en gran parte. Sin embargo, un primer problema ha sido que no se preveyeron a tiempo todos los estudios y gastos necesarios para garantizar la seguridad de las nuevas construcciones, lo que ha retrasado las obras. Y el problema principal es que, como el fin es ahora recuperar la inversión, la redensificación implica construir más departamentos, multiplicando los problemas de servicios, estacionamiento, etc., y con el peligro de que se den algunos privilegios a los departamentos en venta, además de que pudieran resultar edificios demasiado altos para una ciudad sísmica como la nuestra y no estar acordes a un desarrollo urbano más adecuado. Además, aún están en la incertidumbre de que el Fideicomiso apruebe los recursos necesarios.

Ciertamente, hace falta mayor transparencia en el manejo de los recursos del Fideicomiso y, sobre todo, no hay claridad de que serán suficientes para culminar la reconstrucción a cabalidad. Queremos suponer que ahora que están desapareciendo fideicomisos, éste no sólo no desaparecerá sino que recibirá los recursos necesarios para culminar su cometido. Asimismo, es importante hacer pública la información tanto de aquellas empresas que han hecho bien su trabajo como de aquellas que han hecho trabajos deficientes o incompletos. De paso, hacemos notar que no hemos visto de qué sirve en todo esto el dichoso Consejo Consultivo, en el que los “representantes” de los damnificados no fueron nombrados por éstos… La propia Ley para la Reconstrucción y el mismo Plan de Reconstrucción deben ser revisados por el Congreso y el Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que llegará a buen término la reconstrucción, antes de que otra calamidad nos alcance. Y hay por ahí una iniciativa de ley que pretende dejar en la indefensión a futuros damnificados. Por todo lo anterior demandamos:

1. Que sea más eficiente el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción y de las diferentes instancias de gobierno involucradas, para dejar de acumular incumplimientos y retrasos en los estudios, demoliciones, obras civiles, obras de rehabilitación y de reconstrucción.

2. Que se concluyan a la brevedad los pendientes de las obras entregadas y las que están por entregarse.

3. Que la Procuradoría Social se apegue a la normatividad y a los procedimientos democráticos en la representación de los predios y en la interlocución con los mismos, ya que más bien se han estado alimentando conflictos porque no desempeña sus funciones con justicia. Es pertinente incluso revisar la actual Ley Condominal, pues la Prosoc ahora sólo juega un papel conciliador y no hay reglas más estrictas para una sana convivencia de los condóminos y para que se impongan sanciones a los condóminos incumplidos y a los administradores que no rindan cuentas o no representen la voluntad mayoritaria de los condóminos, entre otras cosas.

4. Que se agilice y se concluya de una vez el diagnóstico de suelos en Tláhuac e Iztapalapa para determinar la reubicación, la rehabilitación o reconstrucción que proceda, así como las obras civiles para la indispensable solución de los problemas de drenaje y suministro de agua.

5. Que se brinden rutas y garantías claras a los predios en reconstrucción, con pasos precisos y plazos definidos para cada etapa y con garantías sobre la idoneidad de las empresas propuestas, la correcta supervisión de los proyectos y obras y la ministración de los recursos necesarios para culminarlas integralmente (es decir, en condiciones de habitabilidad y con acabados), respetándose los metrajes originales.

6. Que se blinde el proceso de reconstrucción para que culmine de manera exitosa y se reafirmen para todos los damnificados las garantías necesarias para el cumplimiento integral de los compromisos de reconstrucción. El Fideicomiso no sólo debe ser blindado sino revisado a la luz de lo ejecutado y comprometido, para contemplar en el presupuesto los recursos necesarios a fin de que cumpla a cabalidad con su cometido.

7. Que se revise, de manera conjunta entre Gobierno, Congreso y damnificados, la Ley y el Plan de Reconstrucción a la luz de la experiencia y los resultados durante estos tres años, con el fin de asegurar la ejecución correcta y el éxito del proceso de reconstrucción. De entrada, se ve necesario ajustar los tabuladores establecidos, pues han sido ya rebasados simplemente por la inflación y los costos reales.

Los colectivos de damnificados y damnificadas somos resultado del doloroso proceso de emergencia y reconstrucción que siguió al terremoto,de la solidaridad de la sociedad para con nosotros y del esfuerzo conjunto nacido de la necesidad de organizarnos para garantizar nuestro derecho a regresar a nuestros hogares con dignidad y seguridad. No ha sido nada sencillo. A nuestros problemas como damnificados hemos debido sumar el complicado proceso de auto-organizarnos en nuestra diversidad. En el camino ha habido encuentros y desencuentros y hasta prácticas no sanas en el interior de nuestros espacios y movimiento. Pero hoy nos reencontramos con la solidaridad de la sociedad y con la voluntad de hacer cumplir nuestros objetivos comunes como damnificados. Manifestamos que, aun en medio de la nueva emergencia sanitaria y a pesar de ella, estaremos luchando juntos hasta asegurar que todos y todas regresemos a casa después de tanto tiempo.

COORDINACIÓN DE DAMNIFICADOS 19/S