A dos años de la tragedia

Metrópoli

La comunidad de Directores Responsables de Obra, conocidos como DRO, disminuyó un 30 por ciento después de los sismos de 2017, debido a que a ellos se les cargó la mayoría de la responsabilidad en las afectaciones de inmuebles, en algunos de los cuales hubo pérdida de vidas humanas.
De acuerdo con un estudio del Colegio de Arquitectos, los profesionales de estas áreas han disminuido su labor ya que después del terremoto que dejó 135 personas sin vida, ellos fueron los que más cargaron con las culpas, por las afectaciones que sufrieron miles de propiedades.
En cambio, los análisis de especialistas señalan que se le está dando mayor valor a la Alerta Sísmica que a la supervisión de las obras para que cumplan con los requerimientos de Protección Civil.
Además de sobrevalorada la Alerta Sísmica está “capturada”, pues de acuerdo con especialistas en materia de seguridad y protección civil, la empresa Mdreieck, de origen estadounidense, ha sido beneficiada por los distintos gobiernos en México, pues hasta hoy son los únicos aprobados por las normas oficiales mexicanas para instalar y operar los sistemas antisísmicos; particularmente, en la ciudad de México a pesar de las diversas fallas de la Alerta Sísmica ninguna otra empresa ha podido acceder a esta Norma, pues la titular de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, descalifica a otras empresas que cuentan con la tecnología para alertar a los capitalinos.
Como muestra de que hace falta reincorporar el trabajo de ingeniería los especialistas sostienen que un análisis realizado en el Congreso de la ciudad de México sobre el problema de clausuras en construcciones, se destacó la necesidad de incrementar y ajustar las sanciones en materia de quebrantamiento de sellos de clausura, y el excedente de pisos en obras de la capital.
De acuerdo a las iniciativas de este órgano, se pretende proponer una legislación que sancione penalmente al director responsable de obra y al propietario, pues son los garantes de que se conserve el estado de suspensión o clausura.
De acuerdo con cifras de la PGJCDMX en lo que va del año se han iniciado cerca de 300 carpetas de investigación por quebrantamiento de sellos, y en el periodo de 2011 a 2019 el Tribunal Superior de Justicia conoció 61 casos y sólo en 23 se ha impuesto este delito de violar un sello oficial de clausura.
Otra de las iniciativas también busca que se respete el uso de suelo y la regulación jurídica en materia de construcciones, de establecimientos mercantiles, de protección civil y ambiental, ya que los mayores instrumentos administrativos como son la suspensión de actividades, la clausura y las órdenes de demolición no están siendo lo suficientemente eficientes, por lo cual los directores responsables de obra (DRO) consideran urgente reincorporar las actividades de su gremio a las tareas de Protección Civil para evitar otras tragedias como las de 1985 y 2017.