Senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Justica del Senado, desahogaron las comparecencias de las y los aspirantes a obtener cuatro cargos como consejeras o consejeros honoríficos del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Las entrevistas fueron realizadas a distancia, con el objetivo de garantizar la salud de aspirantes y legisladores ante la emergencia sanitaria. Quienes sean elegidos ostentarán el cargo durante un periodo de siete años.
Cabe recordar que el Consejo Consultivo tiene la facultad para emitir opiniones no vinculantes sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales; formular opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las funciones sustantivas de los organismos garantes.
Además, puede opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su accesibilidad.
Al iniciar las entrevistas, la aspirante Claudia Alonso Pesado aseguró que aún hay resistencias en el servicio público y un desgaste por la gran carga de trabajo, lo que impide, en ocasiones, cumplir con la obligación de transparentar la información pública, por lo que propuso hacer un diagnóstico en las instituciones para identificar las deficiencias administrativas que dificultan garantizar el derecho al acceso a la información.
Asimismo, señaló que la ciudadanía no entiende completamente en qué consiste el derecho al acceso a la información y cómo exigirlo, por lo que consideró necesario impulsar políticas públicas participativas que acerquen a la sociedad al pleno ejercicio de dicha garantía. Afirmó que combatir el desconocimiento de este derecho ayudará al fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia.
A su vez, Fermín Edgardo Prats Rivas informó que, de ser elegido, su plan de trabajo se basará en cuatro puntos: el rol de las instituciones, reforzando sus áreas de oportunidad y fortalezas; el cumplimiento de la Agenda 2030, para contar con organismos transparentes que rindan cuentas; el problema de la confianza y el riesgo, donde evaluará al INAI para dar mejores resultados; y la construcción de ciudadanía, lo cual se logrará haciendo más accesible al Instituto.
Dijo que para presentar una solicitud de información se necesita ser un experto en el funcionamiento de las plataformas digitales, lo cual se convierte en el primer obstáculo para ejercer este derecho; “se tiene la información, pero la bronca es ubicar dónde está”. Afirmó que un ciudadano no puede ejercer un derecho si no tiene acceso a la información, por lo que hace falta evaluar el desempeño de la Institución en este sentido.
En tanto, Gabriel Torres Espinoza señaló que, de ser elegido, propondría al pleno del INAI colabore para producir programas radiofónicos u otros formatos, para dar difusión de contenido de transparencia en lenguas originarias; así como abordar temas como emergencias de salud pública, protección civil, temas educativos, culturales, utilizando los tiempos del Estado.
Resaltó que el Instituto debe trabajar en formar para que la población tenga una cultura arraigada en torno a la transparencia y rendición de cuentas, a fin de que se generen usos y costumbres. Además, propuso establecer una estrategia para socializar que existe el derecho a la información y que éste no solo es para gente dedicada al periodismo o los políticos, sino que puede tener un impacto a toda la ciudadanía.
En su intervención, Ricardo Cantú Aguillén afirmó que promoverá la creación de un doctorado sobre transparencia y datos personales con apoyo de diversas universidades, para que el personal de la institución cuente con especialización para el desarrollo de sus funciones; además, buscará la implementación de una defensoría pública nacional gratuita para ayudar a la ciudadanía y crear una sola Ley General de Transparencia.
En el mismo sentido, considero necesario que existan salas especializadas, integradas por dos o tres comisionados para atender temas de transparencia, otra para atender asuntos sobre protección de datos personales, y una sala superior para abordar controversias entre las dos anteriores.
Rodrigo Alberto Navarro Vega se limitó a expresar que, como empleado actual de una empresa telefónica, aportaría su conocimiento y experiencia a fortalecer al INAI en el manejo y protección de datos personales.
Señaló que, de resultar electo, buscará que el organismo tenga más injerencia para establecer más medidas de seguridad sobre la información personal de ciudadanos y empresas; además, vincularlo con la ciudadanía para la consulta de información, así como observar que las empresas cumplan con la ley en la materia.
A su vez, Ranulfo Martínez Valdez, indicó que están establecidos algunos límites para el acceso a la información, pero que no se hacen de manera adecuada, como el caso de no proporcionar datos para no poner en riesgo la seguridad personal.
Destacó que impulsaría acuerdos para mejorar el acceso a la consulta generalizada de datos y, al mismo, evitar prácticas nocivas. Además, buscar establecer la homologación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública con aquellos entes alejados de la orografía nacional y puedan cumplir cabalmente con el ordenamiento.
Las Comisiones dictaminadoras analizarán los perfiles y presentarán un dictamen a la Junta de Coordinación Política con los nombres de las y los candidatos elegibles para ocupar el cargo de consejera o consejero honorífico del Consejo Consultivo del INAI. El Pleno del Senado aprobará con el voto de dos terceras partes
El proceso para dictaminar la elegibilidad de las y los candidatos será público, transparente y abierto a la participación ciudadana, ya que las Comisiones han abierto una consulta abierta hacia instituciones académicas, de investigación, colegios de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y de más organismos interesados en la materia, así como a la ciudadanía en general para que emitan su opinión sobre las y los aspirantes respecto a su trayectoria laboral y/o académica.
