A 5 años de la implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Derecho de Acceso a la Información se ha constituido como un mecanismo control de la función pública, afirmó el Comisionado Presidente de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas.

Al inaugurar el foro virtual Avances y retos a 5 años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, organizado por el Instituto, planteó que durante este periodo las instituciones no han logrado todavía ser receptivas a las solicitudes de información de la sociedad y responder satisfactoriamente, sin embargo, el INAI y los órganos garantes han hecho valer sus potestades para exigir que se haga “público lo público”.

“La sociedad ha perseverado de manera importante en estos 5 años en el ejercicio de exigir y reclamar a las instituciones la omisión de la respuesta a sus solicitudes y prácticas que se creían superadas como el abuso de la inexistencia de la información y el abuso a la reserva a tope”, subrayó Acuña Llamas.

Posterior a la inauguración, tuvo lugar el panel “Avances a 5 años de la instrumentación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, moderado por la Comisionada Josefina Román Vergara.

Román Vergara destacó que uno de los principales avances en la implementación de esta legislación es la creación del Sistema Nacional de Transparencia como instancia que reúne a los órganos garantes del país y se coordina con otros Sistemas Nacionales, como el de Archivos y el Anticorrupción, para dar paso al Sistema de Rendición de Cuentas del Estado mexicano, previsto en el artículo 6º de la Constitución.

Tania de la Paz Pérez Farca, Subsecretaria de Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública, reconoció que a lo largo de cinco años el INAI ha realizado un gran trabajo en la implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Destacó que esta Ley establece una alta responsabilidad de los sujetos obligados por lograr un robusto sistema de transparencia que contribuya a desarrollar una cultura de confianza y de compromisos recíprocos entre ciudadanía y gobierno.

“La Ley General posibilita que la transparencia sea entendida como un principio de interés público para fortalecer la credibilidad ciudadana en las instituciones y que al correr la cortina de la opacidad e instrumentar procedimientos internos abiertos para el seguimiento del actuar gubernamental, las instituciones y los actores visibilicen sus operaciones y sus decisiones. Lo anterior dota al gobierno de legitimidad y refuerza su gestión con el acompañamiento y supervisión externa”, subrayó.

Pedro Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que el derecho de acceso a la información ha evolucionado significativamente en los últimos cinco años con la adaptación y enriquecimiento de los marcos normativos, la ampliación del padrón de sujetos obligados, la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia y el incremento de las solicitudes de acceso a la información, lo cual muestra que la agenda de la transparencia ha ido permeando en distintos actores de la sociedad mexicana.

“Celebro que el INAI organice estos eventos, esté vigente en la agenda pública, esté valorando su legislación y los resultados que ha dado y esté, además, interactuando con otros actores como lo es el gobierno, la academia y la sociedad civil organizada”, apuntó.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Coordinadora de Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia, refirió cuatro aspectos fundamentales que reflejan cómo transitaron los órganos garantes del país a la nueva ley general: la configuración del Sistema Nacional de Transparencia; el cambio de paradigmas en cuanto a la implementación y uso de las tecnologías de la información; la conceptualización de la transparencia proactiva, y la figura de gobierno abierto.

“Contamos con una ley de avanzada y ampliamente garantista del derecho de acceso a la información. De esta manera, si bien desde hace cinco años se ha venido avanzando en la garantía del derecho de acceso a la información y a la transparencia, hoy más que nunca debemos demandar el involucramiento abierto de la sociedad y de todos los sujetos obligados a nivel federal, estatal y municipal en cuanto a la aplicación de la ley”, refirió.

Finalmente, Haydeé Pérez Garrido, Directora Ejecutiva de Fundar, Centro de Investigación y Análisis, destacó que la Ley General de Transparencia fue resultado de un ejercicio efectivo de parlamento abierto entre legisladores y representantes de la sociedad civil organizada, lo cual ha permitido que se mantenga como una de las mejores legislaciones del mundo.

Sin embargo, planteó que hay retos pendientes en su implementación; el primero es que las políticas de transparencia proactiva sean la regla y no la excepción para poner a disposición de la sociedad información; el segundo es la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos para digitalizar la información y los archivos de las administraciones públicas y, por último, hacer llegar la información a los grupos sociales históricamente discriminados y excluidos, conocidos como vulnerables, por los medios adecuados.