En el marco del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño, México tiene pendientes en la materia como lo es la firma del Protocolo Facultativo relativo a un Procedimiento de Comunicaciones, que entró en vigor en 2014 y que, de firmarse, permitiría que el Comité sobre los Derechos de la Niña y el Niño recibiera denuncias individuales y colectivas en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos a este grupo de atención prioritaria. Esto permitiría contar con otro mecanismo de exigibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes que, a su vez, contribuiría a fortalecer los existentes.
De 2001 a la fecha, el Comité ha emitido 21 observaciones generales sobre cuestiones específicas de interpretación de los derechos establecidos en la Convención aplicados a diversos temas: educación, promoción y protección de derechos, VIH, salud, medidas de aplicación, niñas y niños no acompañados fuera de su país de origen, primera infancia, protección contra castigos corporales, discapacidad, justicia para adolescentes, niñez indígena, derecho a ser escuchadas, vida libre de violencia, derecho a que su interés superior sea de consideración primordial, impacto de la actividad empresarial en los derechos de la niñez, derecho al descanso y al juego, adecuado presupuesto para la garantía de los derechos, así como los derechos de niñas y niños en situación de calle, entre otros.
A las observaciones generales referidas, se suman tres observaciones conjuntas tanto con el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares como con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer sobre migración y prácticas nocivas, respectivamente.
En ese sentido, en el marco del festejo del Día de la Niña y el Niño, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hace un llamado a las autoridades a ampliar y profundizar su conocimiento respecto del contenido de las observaciones generales señaladas, así como a implementarlas, de forma que el avance en la garantía de los derechos de la infancia de nuestro país sea progresivo, acelerado y motivado a partir del reconocimiento de las intersecciones de los factores de discriminación que se acumulan en las personas, entre las que están el ser mujer, la situación socioeconómica, la autoidentificación indígena o afromexicana, la diversidad lingüística, la identidad de género distinta a la asignada al nacer, la discapacidad, entre otras.
En particular, este Organismo señala la importancia de sostener las discusiones y concreciones en el seno de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, respecto de la aplicación, consideración y ponderación de los principios que guían la Convención, así como sobre la implementación de los estándares de participación que los tres poderes adopten para escuchar a niñas, niños y adolescentes en los procedimientos y temas que les afectan e interesan.
En ese sentido, es necesaria la interpretación armónica y no independiente de los principios, en especial la autonomía progresiva y el interés superior en casos concretos en el que está en juego el consentimiento libre e informado, la libre manifestación de la voluntad en el marco del ejercicio de derechos como la salud -la sexualidad con mayor énfasis- y los derechos de las niñas -en particular la prevención del embarazo y matrimonio infantiles- situaciones que guardan un estado grave y atentan el desarrollo de la niñez.
Cabe mencionar que este año la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño celebra su 30 aniversario. En noviembre de 1989 fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Al año siguiente, México firmó y ratificó la Convención y diez años después, fueron adoptados dos instrumentos de los cuales nuestro país es parte: el Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados y el Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía.
